Tegucigalpa. La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, solicitó al Ministerio Público que investigue por lavado de activos al equipo Policía Nacional FC, que pertenece a esa dependencia y cuyo presidente, el ministro del ramo Gustavo Sánchez, ha impedido que se conozca cómo es administrado.

El llamado de Villanueva surge luego de que ICN Digital revelara, con documentos, que Seguridad es la propietaria del equipo que compite en la Liga Nacional de Ascenso. Sin embargo, el ministro Sánchez insiste en que la administración está a cargo de una ONG, cuyo nombre y manejo financiero se mantienen en secreto.

“Creo que es conveniente que en Honduras el MP ya investigue de manera eficiente, a corto plazo y sin temores, el tema de lavado de activos y corrupción en el fútbol. ¡Estoy segura de que se encontrarían sorpresas!”, expresó Villanueva en su cuenta de X.

En su publicación, la funcionaria puso en duda que el equipo cumpla con el supuesto objetivo con el que fue creado por Seguridad: la prevención del crimen. “A veces, la prevención se disfraza de grandes inversiones inútiles sin una verdadera coherencia”, acotó.

Un ascenso sin transparencia

La aparición del Policía Nacional FC en la segunda división ha generado múltiples interrogantes. Aunque el ministro Sánchez sostiene que la iniciativa comenzó en 2023 con la inscripción del club en la Liga Mayor (tercera división), a mediados de 2024 el equipo ingresó a la Liga de Ascenso sin que el proceso se hiciera público.

Sánchez afirmó que el Sabá FC les donó la categoría, pero el entonces propietario, Pedro Reyes, desmintió esta versión y aseguró que se trató de una venta por 700 mil lempiras.

Más tarde, el ministro declaró que, aunque el Policía Nacional FC es un proyecto de la Secretaría de Seguridad, su administración fue transferida a una fundación sin fines de lucro.

Sin embargo, ni la adquisición ni la supuesta cesión han sido corroboradas. Sánchez ha justificado la falta de información alegando que existe un acuerdo de confidencialidad dentro de la Secretaría de Seguridad que impide revelar detalles sobre estas operaciones.

Esta opacidad plantea varias preguntas:

  • ¿Pagó la Secretaría de Seguridad los 700 mil lempiras para obtener la categoría en la Liga de Ascenso?
  • Si el pago fue realizado por un privado, ¿por qué el Policía Nacional FC sigue siendo un proyecto gubernamental que utiliza recursos del Estado?

Seguridad es la dueña

ICN Digital confirmó que el Policía Nacional FC sí es propiedad de la Secretaría de Seguridad, según dos documentos firmados por el ministro Gustavo Sánchez, obtenidos mediante solicitudes de información.

Las peticiones fueron realizadas a la Alcaldía de La Paz, ya que esta municipalidad cedió el Estadio Roberto Suazo Córdova al club mediante un convenio firmado el 16 de agosto de 2024 entre el alcalde José Aníbal Flores y el ministro Sánchez.

El acuerdo, titulado Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Alcaldía Municipal de La Paz y la Secretaría de Seguridad/Policía Nacional, establece que durante 10 años el equipo podrá utilizar el estadio. Además, Seguridad —a través del ministro Sánchez— tiene autorización para gestionar publicidad y colocar anuncios de patrocinadores en el inmueble.

Otro documento, fechado el 8 de julio de 2024, es una solicitud de Sánchez a la Alcaldía de La Paz para que la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) lleve a cabo remodelaciones en el estadio, ya que el equipo policial preveía utilizarlo como sede.

En ambos documentos, el ministro Sánchez afirma que el Policía Nacional FC es propiedad de la Secretaría de Seguridad. No obstante, la administración del club y el manejo de sus fondos siguen sin esclarecerse.

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