En una oficina anodina del ICE, a orillas de una autopista en Luisiana, un expolicía hondureño esperaba su turno. Había llegado en 2022, cruzando la frontera con la promesa de un proceso migratorio justo. Para mantenerse en libertad, accedió a tomarse una selfie cada semana a través de una aplicación instalada en su celular. Un rostro, una señal de GPS, una promesa de obediencia. Pero ese día de febrero, en 2025, no lo esperaba una actualización tecnológica: lo esperaba una emboscada. Fue esposado, detenido, y trasladado a un centro de detención. El cazador no era el Estado en abstracto. Era una empresa privada con fines de lucro: Geo Group.

La escena parece sacada de una novela de Philip K. Dick, pero es real. La investigación publicada por The New York Times el 15 de abril de 2025 revela cómo Geo Group, la mayor operadora de prisiones privadas en Estados Unidos, ha perfeccionado un sistema de control digital que transforma a los migrantes en datos rastreables y a la frontera en una red de vigilancia ubicua. La empresa, cuyo negocio se expandió con contratos durante el gobierno de Trump, provee desde tobilleras y relojes inteligentes hasta aplicaciones móviles que monitorean cada paso de sus usuarios.

No se trata solo de evitar centros de detención. Es una nueva forma de detención sin muros, de control sin barrotes. Los márgenes de ganancia de estas herramientas digitales rondan el 50%. Cada selfie enviada, cada ubicación registrada, genera ingresos para Geo Group. Pero lo más inquietante no son las cifras. Es el modelo.

Porque los migrantes son solo el comienzo.

Lo que se ensaya hoy con ellos es una arquitectura de control que mañana podrá aplicarse a cualquiera que el Estado considere una amenaza. Ambientalistas que protestan contra megaproyectos. Estudiantes que marchan por Palestina. Feministas que incomodan el orden patriarcal. Sindicalistas, disidentes digitales, comunidades racializadas. Todos, eventualmente, podrán ser parte del experimento.

La expansión de este modelo no se detiene en Estados Unidos. Su proyección latinoamericana ya se vislumbra: Nayib Bukele ha elogiado públicamente sistemas de vigilancia digital. En Nicaragua, el régimen de Ortega lleva años registrando a opositores y restringiendo sus movimientos. En Honduras, el caos institucional ha creado el terreno fértil para importar tecnologías que prometen “orden”. Las democracias frágiles del sur global podrían ser las próximas zonas de prueba.

Como en 1984 de Orwell o Minority Report, el delito ya no es algo que se castiga, sino algo que se predice. En el presente distópico que se configura, basta con moverse fuera de un radio determinado para levantar sospechas. La tecnología no solo observa, también anticipa, clasifica y condena. La “alternativa a la detención” es, en realidad, un mecanismo de preencarcelamiento. Geo Group ya ha desarrollado algoritmos que deciden a quién se debe vigilar más de cerca. Los empleados del ICE ni siquiera necesitan justificar sus decisiones. Basta con una alerta. Basta con un fallo en la conexión.

The New York Times documenta cómo la empresa ha presionado políticamente para mantener su monopolio. Funcionarios del gobierno de Biden que intentaron abrir el contrato a la competencia fueron neutralizados. Algunos de ellos terminaron contratados por la misma empresa. El círculo se cierra con una precisión casi cibernética.

En este ecosistema, el capitalismo de la vigilancia ha dejado de ser una metáfora. Es una estructura operativa. Empresas como Palantir, Cellebrite y Anduril acompañan a Geo Group en este festín de datos y represión. Wall Street celebra. Los accionistas sonríen. Las libertades se encogen.

Y sin embargo, el aparato sigue operando bajo un discurso de eficiencia. Se dice que todo es por seguridad, por ahorro, por justicia. Pero bajo esa retórica late la misma lógica que animaba los regímenes totalitarios del siglo XX: convertir a los ciudadanos en sospechosos. Y a los disidentes en amenazas. Y a las amenazas en mercancía.

En enero, Trump firmó la Ley Laken Riley, que obliga a detener a migrantes con antecedentes penales y que habilita una expansión masiva de la vigilancia electrónica. George Zoley, fundador de Geo Group, no oculta su entusiasmo: la empresa está lista para pasar de monitorear a cientos de miles a varios millones de personas. Su tono recuerda más a un ingeniero de Skynet que a un empresario tradicional.

Mientras tanto, los migrantes viven dentro de un perímetro invisible. Si salen del radio, su dispositivo alerta. Si pierden señal, ICE se presenta. Si fallan tres veces, la deportación se acelera. Algunos han sido capturados a la salida de una iglesia. Otros, en su trabajo. El espacio público se convierte en trampa. El hogar, en celda.

No es solo una política migratoria. Es una filosofía política. Una que redefine la relación entre ciudadanía, tecnología y castigo. Una que convierte la movilidad en pecado. Y que promete exportarse, como software, a cualquier rincón del mundo donde el miedo al otro justifique el control absoluto.

La pregunta ya no es si nos vigilan. Es cuánto falta para que todos seamos parte del experimento.