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Tegucigalpa. La descomposición de la democracia en Venezuela es el resultado de un proceso sistemático de concentración de poder iniciado con Hugo Chávez hace 25 años y consolidado por Nicolás Maduro, quien este 10 de enero asume su tercer mandato tras unas elecciones de 2024 señaladas como fraudulentas.

Maduro se mantendrá en el poder sin haber mostrado las actas que acreditan una victoria en esos comicios y luego de reprimir las manifestaciones que reclamaban la victoria del opositor Edmundo González.

Fue una nueva demostración del alineamiento de las instituciones estatales hacia la figura presidencial, que ha acumulado, en un cuarto de siglo, cinco leyes habilitantes, utilizadas, entre otras cosas, para perseguir a líderes opositores.

La reelección de Maduro fue “uno de los fraudes electorales más atroces de la historia moderna de América Latina”, señaló Steve Levitsky, experto en democracia de la Universidad de Harvard, en una publicación del New York Times.

Todo inició con el “Caracazo”

La erosión de los contrapesos institucionales en este país sudamericano, marcado por una industria petrolera colapsada, tuvo un origen claro: el “Caracazo”.

Este estallido social de 1989, causado por una profunda crisis económica, no solo desnudó las debilidades del sistema político de entonces, sino que ofreció al teniente coronel Hugo Chávez Frías, desde su puesto de comandante del Batallón de Paracaidistas en Maracay, estado de Aragua, una oportunidad histórica.

Chávez interpretó el descontento popular como el síntoma de un sistema agotado y supo articular un discurso antisistema que lo catapultaría al poder años después. Sin embargo, su llegada al poder no significó una reconstrucción democrática, sino el desmantelamiento de los pilares institucionales.

Ahí, en la instancia militar, comenzó a estructurar el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) y su visión de un cambio radical en el sistema político, con el que ofreció reemplazar el pacto del Punto Fijo, un acuerdo firmado en 1958 entre los partidos políticos que marcó el inicio de la democracia representativa en Venezuela tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

Primero intentó llegar al poder mediante una de las formas más antidemocráticas: lideró un fallido golpe de Estado que ejecutaron unos 2 mil militares del MBR-200 el 4 de febrero de 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez.

Tras permanecer dos años preso por la intentona golpista, salió en libertad el 26 de marzo de 1994, durante la presidencia de Rafael Caldera, en el marco de una política de reconciliación nacional.

Ya en libertad, usó el descontento de “los de abajo” contra la élite política y económica para elaborar una propuesta que conquistó a la clase pobre, hasta convertirse en un outsider de la política que asumió el poder el 2 de febrero de 1999, tras ganar las elecciones realizadas un año antes con el Movimiento V República, para un período de cinco años.

Chávez, el inicio del rey autoritario

Entronizado en el Palacio de Miraflores, Chávez empezó a mover las piezas del ajedrez político en donde él sería el centro absoluto del tablero.

Su primer movimiento fue a través de una Asamblea Constituyente dominada por el Movimiento V República. Chávez impulsó una Constitución que amplió significativamente los poderes del Ejecutivo, permitió la reelección inmediata y sentó las bases para el control de las instituciones estatales.

Así, la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  permitió al presidente ser reelegido de manera consecutiva por un período adicional, lo que rompió con el límite establecido en 1961.

También se otorgaron facultades al presidente para legislar mediante decretos en áreas clave, eliminando la necesidad de debatir y aprobar leyes en la Asamblea Nacional.

Además, se concedió derecho al voto a los militares activos y se cambió el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela.

El Congreso Nacional, que funcionaba bajo un sistema bicameral, fue sustituido por la Asamblea Nacional, de modelo unicameral, lo que limitó el debate de leyes.

El CNE se convirtió en un poder del Estado con la reforma de 1999, cuando pasó a ser un poder autónomo e independiente en la Constitución. Sin embargo, con el tiempo, la independencia de este órgano ha sido cuestionada debido a su alineación con el gobierno. Sus miembros son electos por la Asamblea.

TSJ, el aliado de Chávez

Algunas acciones con tinte de antidemocracia tuvieron cierto ropaje de legalidad para respaldar a Chávez.

En 2003, la Asamblea Nacional no logró el consenso necesario para nombrar a los rectores del CNE, tal como lo establece la Constitución de 1999. Ante esta situación, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante una sentencia, asumió la responsabilidad y designó a los rectores.

Aunque el procedimiento del TSJ era legal debido al vacío dejado por la falta de consenso, los nombramientos fueron cuestionados por sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil, quienes denunciaron que varios de los rectores designados tenían vínculos cercanos con el oficialismo.

En las elecciones legislativas de 2005, la oposición decidió retirarse alegando falta de confianza en el CNE y en las condiciones electorales. Esto dejó al oficialismo con el control absoluto de la Asamblea Nacional, lo que le permitió renovar la composición del CNE sin la participación de la oposición.

Con la mayoría parlamentaria obtenida en 2005, el chavismo designó a rectores más alineados con sus intereses, reforzando las denuncias de parcialidad del CNE.

«Lista Tascón»
Durante los primeros años de su gobierno, Chávez enfrentó un creciente descontento de sectores opositores debido a su estilo confrontativo, las reformas económicas y políticas, y las acusaciones de concentración de poder. Esto se intensificó tras el fallido golpe de Estado de abril de 2002 y el paro petrolero de 2002-2003.

La oposición, agrupada en la Coordinadora Democrática, utilizó la herramienta del referéndum revocatorio como una vía democrática para intentar destituir a Chávez.
El 15 de agosto de 2004, Chávez superó el referéndum revocatorio con el 59% de los votos, en medio de denuncias de irregularidades.

Posteriormente, se publicó la «Lista Tascón», que contenía los nombres de los ciudadanos que firmaron para solicitar el referéndum. Esta lista fue utilizada para discriminar políticamente a opositores en el acceso a empleos públicos y beneficios sociales.

Más poder en el TSJ, más reelección
Bajo el argumento de que, como la nueva Carta Magna amplió de 5 a 6 años el período presidencial, en 2000 se realizó una nueva elección presidencial para “reelegitimar los poderes”. Chávez se presentó a los comicios y ganó con el 59.76% de los votos, lo que le permitió iniciar un mandato hasta 2007.

Para consolidar su poder, Chávez buscó mayor dominio sobre el Poder Judicial.
Controlada por el chavismo, la Asamblea Nacional aprobó en 2004 una reforma que aumentó de 20 a 32 el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia. Esto permitió al gobierno de Chávez nombrar a 12 nuevos magistrados leales al oficialismo, garantizando un control total del poder judicial.

Cuando se aplicó esa reforma, José Miguel Vivanco, el entonces director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, calificó el hecho como una “degradación de la democracia”, pues el TSJ quedaba “copado” de adeptos al chavismo.

Esto quedó demostrado en 2005, cuando el TSJ emitió una sentencia que permitió la reelección inmediata en cargos de elección popular, al aclarar que este derecho consignado en la Constitución abarcaba a quienes ostentan el Poder Ejecutivo. Esto posibilitó que Chávez presentara una nueva candidatura para los comicios de 2006, los cuales ganó.

Se hizo del poder con el 62.84% de los votos, para un segundo período (2007-2012).
Fue al inicio de ese segundo mandato, en mayo de 2007, que el gobierno de Chávez negó la renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), un canal crítico del gobierno, restringiendo la libertad de prensa y el acceso a información plural.

Uno de los mayores ataques contra la oposición ocurrió el 18 de julio de 2008, cuando la Contraloría General de la República inhabilitó a 200 adversarios políticos de Chávez para participar en elecciones regionales, aplicando una legislación que permitía imponer estas sanciones por presuntas irregularidades administrativas y sin un proceso judicial ni una sentencia firme.

Entre ellos se encontraba Leopoldo López, uno de los líderes emergentes de la oposición. Esta medida le impidió competir en las elecciones para la alcaldía de Chacao, estado de Miranda.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la inhabilitación de Leopoldo López violó sus derechos políticos porque no hubo una sentencia judicial firme que justificara la medida.

Cuando Chávez perdía poder por la vía democrática, recurría al Poder Legislativo.
El 17 de diciembre de 2010, Chávez recibió poderes habilitantes de la Asamblea Nacional, lo que le permitió legislar por decreto durante 18 meses.

Esta medida fue aprobada antes de que asumiera la nueva Asamblea Nacional, que contaría con una representación opositora significativa tras las elecciones legislativas de septiembre de 2010.

Poder perpetuo
A finales de 2008, impulsado por Chávez, Venezuela realizó un referéndum para suprimir las restricciones a la reelección de cargos públicos establecidas en la Constitución de 1999, es decir, para permitir la reelección indefinida.
La consulta tuvo lugar en febrero de 2009, donde el «Sí» obtuvo cerca del 55% de los votos.

Con el resultado favorable, Chávez hizo lo esperado: volvió a participar en la elección de 2012 para mantenerse en la silla presidencial.
Con el 55% de los votos, triunfó en los comicios que le garantizaron permanecer en el poder de 2013 a 2019. Sin embargo, un cáncer en la región pélvica le quitó la vida el 5 de marzo de 2013.

Durante el mandato de Hugo Chávez, el auge de los precios del petróleo permitió financiar programas sociales en salud, educación y vivienda, beneficiando a los sectores más pobres. Entre 2004 y 2008, los precios del crudo superaron los 100 dólares por barril, lo que permitió que la estatal PDVSA generara más del 50% del PIB y que el gobierno destinara más de 12,000 millones de dólares a proyectos sociales.

Sin embargo, a partir de 2014, la caída del precio del petróleo, de más de 100 a menos de 30 dólares por barril, redujo drásticamente los ingresos del país. Esto, sumado a una mala gestión económica y actos de corrupción, desató una crisis que provocó alta inflación, escasez de productos y una recesión prolongada, empujando a más de 7 millones de venezolanos a emigrar.

En su lecho de muerte, en diciembre de 2012, Chávez grabó un mensaje en el que pedía que apoyaran a Nicolás Maduro, en ese momento vicepresidente del país, como su sustituto.

Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela el 19 de abril de 2013, luego de vencer a Henrique Capriles en una ajustada elección presidencial, celebrada cinco días antes y marcada por denuncias de fraude.

La diferencia de apenas 1.5% de los votos llevó a Capriles a exigir una auditoría completa del proceso electoral, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó su solicitud. El Tribunal Supremo de Justicia desestimó los recursos legales presentados.

Las primeras manifestaciones masivas contra el gobierno de Maduro, generadas por la crisis económica, ocurrieron en 2014 y se conocieron como «La Salida». Este movimiento fue liderado por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, quienes exigían la renuncia de Maduro.

La respuesta del gobierno incluyó una represión que dejó más de 40 muertos, cientos de detenidos y el encarcelamiento de López bajo cargos de incitación a la violencia. Machado fue destituida de su cargo como diputada tras denunciar al gobierno ante la OEA, siendo acusada de traición a la patria.

En 2015, la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), logró una histórica victoria en las elecciones legislativas, obteniendo una mayoría calificada en la Asamblea Nacional: 116 escaños de 167, para el período 2016-2021. Juan Guaidó fue nombrado presidente del Legislativo.

Sin embargo, el chavismo respondió rápidamente a este revés. El TSJ invalidó la elección de varios diputados del estado Amazonas, argumentando irregularidades, lo que llevó a declarar a la Asamblea en desacato y a bloquear sus funciones legislativas.

Un año después, el CNE suspendió el referéndum revocatorio contra Maduro, alegando irregularidades en la recolección de firmas, y pospuso ilegalmente las elecciones regionales previstas para 2016.

Luego, en 2017, Maduro convocó unilateralmente a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para sustituir a la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Este proceso se llevó a cabo sin un referéndum consultivo, como exige la Constitución, y las elecciones para la ANC fueron ampliamente cuestionadas por su falta de transparencia. La ANC asumió todos los poderes legislativos, anulando a la Asamblea Nacional electa en 2015.

Así, se creó la coexistencia de dos asambleas: la impulsada por Maduro y la dirigida por la oposición, que no contó con el reconocimiento del Ejecutivo, pero sí de la comunidad internacional.

Reelección y más crisis
La reelección de Maduro, obtenida en los comicios del 20 de mayo de 2018, profundizó la crisis política. Los principales líderes opositores estaban inhabilitados o en el exilio, y parte de la comunidad internacional rechazó los resultados por considerarlos fraudulentos.

En 2019, la Asamblea Nacional (dirigida por la oposición) declaró la usurpación de funciones por parte de Maduro debido a la falta de transparencia en las elecciones, lo que llevó a su presidente, Juan Guaidó, a proclamarse presidente interino de Venezuela, basándose en el artículo 233 de la Constitución.

Guaidó fue reconocido por más de 50 países, pero el gobierno de Maduro, electo para el período 2019-2025, mantuvo el control del aparato estatal, respaldado por las Fuerzas Armadas y el TSJ, que declaró ilegal la autoproclamación de Guaidó.

Nueva elección fraudulenta
La oposición venezolana vio en María Corina Machado, del partido Vente Venezuela, una esperanza para sacar democráticamente del poder a Nicolás Maduro. Obtuvo un arrollador triunfo con el 90% de los votos en las elecciones primarias del 22 de octubre de 2023.

La creciente popularidad de Machado preocupó al madurismo, que actuó por medio de los poderes que controla. La Contraloría General de la República ratificó en enero de 2024 una inhabilitación en su contra por irregularidades en su declaración de bienes cuando fue asambleísta.

La oposición no cruzó los brazos y escogió a Corina Yoris, una académica de 80 años, como sustituta de Machado.

Sin embargo, el oficialismo, ante la imposibilidad de inhabilitar a Yoris, recurrió a bloquear su inscripción. El CNE alegó que, por “problemas en el sistema”, fue imposible que la opositora registrara su candidatura en la página web de la institución antes de que venciera el plazo para ese proceso el 26 de marzo de 2024.

«Estas acciones restringen la oferta electoral (…) desincentivan la participación política y perpetúan un gobierno represivo», denunció la CIDH en un comunicado.

Mientras se gestaba el segundo bloqueo, la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, por medio del partido Mesa de la Unidad Democrática, inscribió en esa fecha límite a Edmundo González, un exdiplomático de bajo perfil, como su candidato.

Sin embargo, fue hasta el 21 de abril que Corina Machado, tras varias semanas de negociaciones y consenso, expresó su apoyo a González.

Aunque inicialmente generó escepticismo, González encabezó las encuestas con una intención de voto superior al 50% frente al 12% de Maduro, según algunos sondeos previos a las elecciones del 28 de julio.

Sin embargo, el CNE declaró a Maduro ganador de las elecciones con más del 51.95 % de los votos frente al 43.18 % de González, sin mostrar actas de votación en tiempo real ni permitir auditorías independientes.

La situación se agravó cuando Maduro, el 31 de julio, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para certificar su victoria. El TSJ emitió un fallo a su favor el 22 de agosto, lo que fue considerado por juristas como un exceso de poder del Tribunal, pues la acción de reclamo debía dilucidarse primero ante el CNE.

La oposición aseguró haber recopilado y escaneado alrededor del 81% de las actas del total de mesas electorales (aproximadamente 24,384 actas), que le daban a González un 67% de los votos (aproximadamente 7 millones de votos) frente al 30% de Maduro (aproximadamente 3.1 millones de votos).

Tras las elecciones presidenciales, Venezuela vivió una ola de protestas que dejó al menos 24 muertos, más de 2,200 detenidos y cientos de opositores en el exilio, según cifras de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales.

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