La Fiscalía de Venezuela anunció el viernes una investigación por corrupción contra 351 dirigentes y activistas y 15 partidos políticos de oposición por el caso de CITGO, filial de la estatal petrolera PDVSA en Estados Unidos, donde enfrenta un proceso de remate judicial. Washington le quitó el control de CITGO a la administración del presidente Nicolás Maduro para otorgárselo al fallido «gobierno interino» del exiliado líder opositor Juan Guaidó, quien era reconocido por la Casa Blanca en una ofensiva diplomática para desplazar del poder al mandatario izquierdista.

La compañía enfrenta un proceso de «venta forzosa» en la justicia estadounidense por demandas de acreedores por expropiaciones y deudas que superan los 20.000 millones de dólares. «Hemos designado fiscales nacionales con competencia plena» para «adelantar esta investigación», dijo el fiscal general, Tarek William Saab, tras recibir un informe del Parlamento, controlado por el gobernante chavismo, que solicitó la actuación del Ministerio Público.

El reporte, aprobado el pasado martes por el Parlamento, apunta contra decenas de dirigentes y organizaciones políticas, incluida la Mesa de la Unidad Democrática, que postuló al diplomático Edmundo González Urrutia contra Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, que la oposición denunció como un fraude tras la proclamación del gobernante para un tercer mandato (2025-2031).

El objetivo principal

El documento pide investigar a dirigentes como María Corina Machado o el excandidato presidencial Manuel Rosales, así como a los principales partidos de la oposición: Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia. Se les vincula con delitos como asociación para delinquir, usurpación de funciones, apropiación indebida de bienes de la República y traición a la patria.

«Es un valioso documento, una investigación bastante seria», expresó Saab, que calificó el caso como «una de las peores tramas de corrupción que ha conocido Venezuela». En la sesión legislativa del martes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pidió que «se establezcan de inmediato las responsabilidades políticas, administrativas, pero sobre todo penales.»

El pasado 3 de julio, un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló un fallo judicial que favorecía a tenedores de bonos de PDVSA para cobrar sus deudas con la liquidación de CITGO, decisión que por el momento protege a esa compañía de una subasta de acciones.