Tegucigalpa.– Entre 2019 y 2024, una de cada cinco personas desplazadas por la violencia en Honduras eran niñas, niños y adolescentes, según un informe divulgado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

La investigación, elaborada por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Conadeh, detalla que durante ese período la institución atendió 7.095 quejas relacionadas con desplazamientos internos, afectando a 18.066 personas, de las cuales 3.736 eran menores de 17 años, representando un 21% del total.

Incremento de menores

Las cifras muestran un incremento sostenido de menores desplazados: 207 en 2019, 152 en 2020, 568 en 2021, 871 en 2022, alcanzando un pico de 1.243 víctimas en 2023 —equivalente a tres niños por día— y 695 en 2024. En cuanto a la distribución por género, el 51 % de los menores desplazados eran niños y el 49 % niñas.

La franja más afectada corresponde a la niñez en edad escolar, con un 37 % de los menores entre 6 y 12 años, seguida por menores de 5 años (26 %) y adolescentes de 13 a 17 años (25 %).

Por otra parte, la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, destacó que estos desplazamientos obligan a muchos niños a interrumpir o abandonar sus estudios, además de exponerlos a daños emocionales, físicos y sociales.

“La afectación no solo es emocional, sino también en su seguridad, en su protección, porque tienen que salir huyendo de su lugar de residencia junto a sus padres, situación que vulnera su derecho a la educación”, subrayó Reyes.

Las causas de emigrar

Aunque el fenómeno afecta a todo el país, cinco departamentos concentran el 84 % de los casos: Francisco Morazán (40 %), Cortés (28 %), Choluteca (6 %), Atlántida (6 %) y El Paraíso (4 %).

La UDFI, creada en 2016 con apoyo técnico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), monitorea de manera permanente este problema, mientras que la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, aprobada en diciembre de 2022, establece un marco legal para proteger a los afectados en el país.

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