Desde su creación, la Unidad de Política Limpia ha fiscalizado tres procesos electorales: las generales de 2017 y las primarias y generales de 2021. Sin embargo, sus informes no han logrado marcar un cambio significativo en la lucha contra la corrupción político-electoral. A pesar de la existencia de una ley, el financiamiento de las campañas políticas sigue sin control. Los informes de la Unidad no coinciden con las investigaciones de la MACCIH sobre financiamiento ilícito en casos como Pandora, Narco Política y Corrupción sobre Ruedas, ni con las pesquisas de la fiscalía de Nueva York, que también ha catalogado como fraudulentas las elecciones de 2009, 2013 y 2017, segura el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD )
Una de las mayores fallas de la Ley es que al restringir las investigaciones independientes, la Unidad queda sujeta al Sistema de Inteligencia Financiera, que ni siquiera se ha constituido. Este sistema debería estar liderado por la justicia, pero ha estado cooptado por redes corruptas, sin independencia judicial ni voluntad política. La impunidad ha permitido que actores públicos y privados capturen el Estado. Hasta ahora, no hay dirigentes políticos procesados por financiamiento ilícito, y la MACCIH no logró avanzar debido a bloqueos judiciales.
Otras debilidades incluyen la falta de autonomía, un presupuesto limitado y capacidades técnicas insuficientes. Además, el acuerdo # 001-2018 de la Unidad de Transparencia y Fiscalización solicitó información clave, pero el IAIP resolvió parcialmente, bloqueando el acceso a datos esenciales y restringiendo el propósito central de la ley.
La falta de independencia y recursos adecuados ha resultado en una institucionalidad ineficiente y sin voluntad política. Para mejorar, se requiere una reforma profunda de la Ley de Política Limpia, incluyendo la nulidad de resoluciones que bloquean el acceso a la información, la extensión de la fiscalización, y el fortalecimiento de la Unidad con un presupuesto adecuado y herramientas informáticas avanzadas.
#CuestiónDeEnfoque | De acuerdo con @GustavoIrias, director ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), el financiamiento ilícito en los procesos electorales plantea un desafío crucial que debería ser abordado mediante una reforma del Código Penal.
— ICN.Digital (@ICNDigital) September 11, 2024
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