La reciente nominación del senador Marco Rubio como Secretario de Estado, Tom Homan y Steven Miller para liderar la política migratoria debe servirnos como un indicador de por donde irá la política exterior de Estados Unidos, en relación a América Latina.

Con estas designaciones, el presidente electo Donald Trump parece enviar un mensaje claro: su administración intensificará la presión sobre los gobiernos de izquierda en la región y endurecerá las políticas migratorias. 

Marco Rubio es bien conocido por sus posiciones firmes contra los gobiernos de izquierda en América Latina. Como Secretario de Estado, es probable que busque implementar una política de “presión máxima” hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Esto podría traducirse en un reforzamiento de las sanciones económicas, la congelación de activos y un mayor respaldo a las figuras de oposición. A lo largo de su carrera, Rubio ha dejado claro que considera a estos gobiernos como amenazas a la estabilidad y la democracia en la región, y que la presión debe ser constante y exhaustiva. 

En términos de política migratoria, Rubio probablemente apoyará las medidas de Homan y Miller para restringir la entrada de ciudadanos provenientes de estos países, bajo el argumento de que algunos migrantes podrían estar huyendo para escapar de sanciones o restricciones internas.

La política migratoria de la nueva administración estará encabezada por Tom Homan y Steven Miller, dos figuras conocidas por su enfoque implacable hacia la migración irregular. Homan, exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha defendido políticas de detención prolongada y deportación acelerada.

Miller, por su parte, fue el arquitecto de la política de “tolerancia cero” en la administración anterior de Trump, lo que incluyó medidas como la separación de familias en la frontera y un endurecimiento generalizado en el procesamiento de solicitudes de asilo.

Es probable que Estados Unidos vuelva a implementar políticas migratorias que busquen desalentar la migración desde sus países de origen a través de un sistema de deportación rápida y procedimientos más estrictos para solicitantes de asilo.

Esta postura pondrá una enorme presión sobre México, que se verá obligado a reforzar su frontera sur y a colaborar activamente en la contención de los flujos migratorios.

Esto no solo crea tensiones diplomáticas, sino que también puede causar problemas internos en el propio gobierno mexicano, que debe equilibrar su compromiso de derechos humanos con las exigencias de su vecino del norte.

La estrategia de Trump para el Triángulo Norte probablemente estará centrada en una política de “carrot and stick” (zanahoria y palo), es decir, condicionando la asistencia financiera al compromiso de los gobiernos de la región para frenar la migración.

Esto implica que los fondos para estos países se destinarán mayoritariamente a áreas de seguridad y control migratorio. Los gobiernos que no logren reducir significativamente el flujo de migrantes o que no colaboren en los esfuerzos de Estados Unidos contra el crimen organizado enfrentarán recortes en la ayuda.

En Honduras, esto representa un dilema, ya que el gobierno de Xiomara Castro ha mostrado inclinaciones hacia una política menos dependiente de Washington. Sin embargo, un alineamiento estricto con las políticas de Trump podría significar un sacrificio en la autonomía de Honduras en cuanto a su manejo de la seguridad y el combate a la corrupción.

La relación entre Estados Unidos y México se ve comprometida aún más por las acusaciones de Trump hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Al afirmar que México no está haciendo lo suficiente para frenar el tráfico de drogas, Trump plantea una narrativa que podría llevar a un recrudecimiento de las exigencias sobre Sheinbaum, quien podría verse obligada a intensificar las acciones de seguridad en detrimento de otras áreas de su administración.

Sheinbaum, quien ha defendido una postura de diplomacia y cooperación, podría enfrentar presiones internas y externas.

Estas acusaciones no solo desafían la política de seguridad de México, sino que también ponen en riesgo las relaciones comerciales y diplomáticas con EE.UU. Al exigir un mayor control del narcotráfico, Trump podría obligar a Sheinbaum a priorizar la seguridad sobre otros aspectos de su agenda, como el desarrollo social y económico.

Uno de los cambios más significativos en Honduras ha sido el anuncio de la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos, una decisión que podría transformar la relación entre ambos países. La extradición ha sido una herramienta fundamental para EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico. Al denunciar este tratado, el gobierno de Castro envía un mensaje que podría tener graves consecuencias diplomáticas y económicas.

La administración Trump, con Rubio en la Secretaría de Estado, podría responder con sanciones o recortes en la asistencia, debilitando aún más la ya frágil economía hondureña y dejando a Castro con opciones limitadas. La denuncia del tratado podría, en teoría, proteger a ciertas figuras nacionales de enfrentar cargos en EE.UU., pero también podría transformar a Honduras en un foco de sospecha para Washington, especialmente en su lucha contra el crimen organizado.

Esta medida corre el riesgo de aislar a Honduras en el contexto diplomático y financiero, poniendo al país en una situación de vulnerabilidad.

La nominación de Rubio como Secretario de Estado y el enfoque de Homan y Miller en la política migratoria marcan el inicio de una era en la que Estados Unidos utilizará cada herramienta de presión para doblegar a los gobiernos que no se alineen con sus intereses. Para México y los países del Triángulo Norte, las consecuencias serán profundas.

La estrategia de Trump no solo obstaculizará la cooperación hemisférica, sino que también podría fortalecer movimientos nacionalistas y conservadores en América Latina, abriendo un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas entre el norte y el sur del continente.