Honduras no ha logrado resolver el problema del financiamiento ilícito de campañas, a pesar de la aprobación de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y a Candidatos en 2017. Esta ley ordenó la creación de la Unidad de Política Limpia, encargada de revisar el origen, monto y destino de los recursos utilizados en campañas políticas. Sin embargo, ni el Estado completo ha alcanzado este mandato, que busca romper la relación entre políticos y narcotraficantes.
En los últimos diez años, la extradición de más de 72 hondureños y los procesos penales en Estados Unidos han demostrado una sólida relación de venta de poder entre políticos y narcotraficantes, aseguró el abogado Saúl Bueso. La reciente revelación de un vídeo en el que Carlos Zelaya negocia fondos para la campaña electoral de LIBRE en 2013 es una prueba más de este problema estructural.
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A pesar de participar en dos procesos electorales desde su creación, la Unidad de Política Limpia no ha logrado realizar un trabajo efectivo de fiscalización, ya que se basa en la “buena fe” de los candidatos para reportar los fondos recibidos. La comisionada Ivonne Ardón denunció que no pueden sancionar a los candidatos que realizan actividades previas a la convocatoria oficial, programada para el 8 de septiembre.
Luis León, analista y exdirector del Instituto Holandés, coincide en que las instituciones están subordinadas a intereses políticos, lo que sabotea el proceso desde su inicio. “Claro que hay financiación ilícita en esta campaña, siempre ha habido y seguirá habiendo mientras no haya un sistema de judicialización serio”, afirmó León.
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La Unidad de Política Limpia implementará un nuevo sistema de fiscalización en redes sociales, buscando identificar los gastos en propaganda, pero no deja claro como hará valor su mandato frente a los partidos políticos sin contar con la estructura suficiente.