Tegucigalpa. La declaratoria de las elecciones generales en Honduras, emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), podría abrir una nueva fase de conflicto institucional, luego de que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) advirtiera que no podrá resolver a tiempo las apelaciones electorales, debido a que el órgano administrativo electoral rechazó las impugnaciones que estaba obligado a conocer y resolver en primera instancia,

El señalamiento se produjo luego de que el CNE emitiera la declaratoria presidencial el 24 de diciembre de 2025, y posteriormente, el 30 de diciembre, proclamara de forma oficial los resultados para diputados al Congreso Nacional y corporaciones municipales, con lo que dio por concluido el proceso electoral, pese a que el escrutinio especial no fue agotado en su totalidad.

De acuerdo con el TJE, el diseño legal del sistema electoral establece que el CNE debe conocer y resolver en primera instancia las impugnaciones, depurar los casos y remitir al tribunal únicamente, como segundas instancias, aquellos que presenten apelaciones al persistir la inconformidad con lo resuelto.

 Sin embargo, el órgano jurisdiccional advirtió que el CNE no cumplió con esa obligación y optó por declarar “sin lugar” la totalidad de los recursos presentados, trasladando de facto toda la carga al tribunal.

“Estamos enfrentando una situación que es única. Somos un tribunal de segunda instancia, una especie de corte de apelaciones, pero el Consejo Nacional Electoral nos está colocando en una situación en la que pasamos a ser primera y última instancia”, expuso el TJE al referirse al volumen de impugnaciones, que ronda las 280, y que, según lo advertido, serían rechazadas de forma generalizada por el órgano administrativo electoral.

La controversia se origina en el manejo del escrutinio especial. En el nivel presidencial, el CNE abrió revisión para 2,794 actas observadas, equivalentes al 14.58 % del total de 19,167 actas.

Sin embargo, la revisión no concluyó: 2,399 actas fueron cotejadas y alrededor de 395 quedaron pendientes, pese a contener inconsistencias como errores de transcripción, diferencias entre votos consignados y sumatorias finales.

Pese a ello, el CNE avanzó con la declaratoria presidencial, en la que fue proclamado ganador el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, con 1,323,405 votos (40.39 %), frente a los 1,291,513 votos (39.41 %) obtenidos por el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, una diferencia inferior a un punto porcentual.

El impacto del escrutinio inconcluso también se reflejó en el nivel municipal, particularmente en el Distrito Central. En esa circunscripción, 431 actas no fueron revisadas durante el escrutinio especial, pese a que la elección fue definida por una diferencia de 888 votos entre el candidato ganador del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, y el aspirante de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana. Según los datos oficiales, Zelaya obtuvo 164,465 votos, frente a 163,577 de Aldana, con el 99.80 % de las actas escrutadas.

Para los sectores inconformes, el peso de las actas no revisadas fue determinante. De acuerdo con los señalamientos, alrededor de 100,000 electores capitalinos quedaron consignados en actas sin cotejo, lo que representa cerca del 20 % del electorado del Distrito Central.

Ante este escenario, el TJE advirtió que el CNE estaría eludiendo su responsabilidad de resolver en primera instancia, lo que obliga al tribunal a conocer todos los reclamos sin una depuración previa.

“Como institución, el Consejo Nacional Electoral ha incumplido la obligación de resolver en primera instancia, entonces todo nos corresponderá conocer a nosotros en primera y en única instancia”, alertó el órgano jurisdiccional.

El conflicto institucional se suma a la crisis política postelectoral y a los anuncios del Ministerio Público sobre eventuales acciones judiciales, abriendo un escenario inédito en el que la legalidad del cierre del proceso, la cadena de responsabilidades y el rol de cada órgano electoral quedan bajo cuestionamiento.