Tegucigalpa. El Instituto de la Propiedad (IP) quedó acéfalo al concluir el pasado 31 de mayo el periodo de la Comisión Interventora que lo dirigía, sin que hasta el momento el Poder Ejecutivo haya publicado el nombramiento de un nuevo director o de un equipo interino para asumir sus funciones.

El ahora excomisionado presidente Esdras Rafael Gutiérrez Ochoa dirigió el oficio CI-IP-236-05-2025, del 30 de mayo, a la secretaria de la Presidencia, Sarai Cerna, para notificar el fin del periodo de funciones y agradecer la confianza depositada en el equipo, la cual, dijo que fue un “pilar fundamental para el cumplimiento de nuestras responsabilidades”

En el documento también fue rubricado por l los comisionados adjuntos Jennifer Carolina Flores Tercero y Lenin Francisco Funes Luna.

La Comisión Interventora fue designada hace un año, el 30 de mayo de 2024, mediante el decreto ejecutivo PCM-14-2024, ante la presunción de que el IP había suscrito contratos y convenios posteriores a la derogación de su fideicomiso denominado SITEC-IP, sin respaldo legal ni documentación de proyectos que justificara el uso de fondos públicos destinados a la modernización digital de la institución.

Durante los doce meses de gestión, el único avance público se encuentra consignado en el comunicado . 2, fechado el 22 de mayo de 2025.

En ese escrito la Comisión Interventora expuso la ejecución de cuatro líneas de investigación: la falsificación masiva de boletas de revisión vehicular, licitaciones amañadas para favorecer empresas de fachada, trámites vehiculares con documentación adulterada y eliminación irregular de saldos, y la complicidad de notarios y cobro de viáticos sin justificación.

Según el comunicado, este expediente con evidencias fue entregado al Ministerio Público, pero no se ha dado a conocer ningún informe posterior ni se ha publicado un balance definitivo sobre la situación interna del IP.

Asumió facultades amplias para auditar, investigar y reestructurar el funcionamiento de la institución. Durante su primer mes en funciones, la junta interventora debió presentar un informe preliminar que describiera los proyectos fallidos o ilegales relacionados con el fideicomiso SITEC-IP y demás recursos asignados a la modernización digital.

En los primeros 30 días, se recabaron registros contables, contratos y actas de adjudicación de proyectos con el propósito de ubicar posibles desvíos de fondos.

Tres meses después de iniciado el proceso—es decir, al cumplirse 90 días de gestión—la comisión quedó obligada a entregar un segundo informe preliminar que incluyera un análisis detallado de la administración general del IP.

Ese documento debió señalar, de manera concreta, las fallas detectadas tanto en el registro predial como en el vehicular, así como las inconsistencias documentales que ameritaran la deducción de responsabilidades. Se entiende que esa revisión implicó contratar servicios especializados para auditar los procesos internos y evaluar al personal clave de cada área.

Al concluir el periodo de intervención, la Comisión Interventora debía presentar un informe final que contemple las recomendaciones para mejorar la situación administrativa, técnica y financiera de esa dependencia, establezca las responsabilidades detectadas y detalle las acciones implementadas durante todo el encargo interventor.