Cuyultitán, El Salvador.- Miles de salvadoreños permanecen en prisión sin cargos ni sentencia bajo el régimen de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele en 2022, una medida que redujo los homicidios pero que, según organismos de derechos humanos, mantiene a miles de inocentes tras las rejas.

Es el caso de Ricardo Ernesto Martínez, un albañil de 31 años detenido el 10 de mayo de 2022 pese a que la fiscalía desestimó los cargos en su contra. Su madre, Ana Mercedes García, de 63 años, vive en la angustia de no poder verlo ni recibir información oficial sobre su paradero, salvo cuando en mayo pasado le pidieron comprarle ropa para trabajos de baja peligrosidad dentro de la cárcel La Esperanza.

El Congreso, controlado por el oficialismo, amplió el 15 de agosto el período de detención provisional de tres a cinco años, con el argumento de dar tiempo a la fiscalía para organizar alrededor de 600 juicios masivos contra presuntos pandilleros. Esta medida fue calificada por la ONG Cristosal como “irracional e injustificable”, al convertir la detención preventiva en una “condena anticipada”.

De los más de 88.000 detenidos en el marco de la “guerra contra las pandillas”, el gobierno reconoce que unos 8.000 fueron liberados por ser inocentes. Sin embargo, miles como Ricardo siguen presos pese a órdenes fiscales de liberación.

El temor ahora crece por los llamados juicios masivos, que agruparían a entre 800 y 1.200 reos por proceso. Abogados y familiares denuncian que este mecanismo rompe con el principio de individualizar la responsabilidad penal y aumentará el riesgo de condenas injustas.

“Quisiera que investigaran bien cada caso y el que la debe, que la pague. A los inocentes deberían sacarlos”, reclama Juana Fuentes, madre de un joven detenido cuando iba camino a su trabajo. Como otras familias, vive pendiente de videos y mensajes filtrados para confirmar que su hijo sigue con vida.