En el debate sobre los organismos multilaterales, pocas veces se escucha a quienes han estado al frente de estas instituciones explicar desde adentro cómo funcionan. En nuestro programa +conscientes conversamos con Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y lo que planteó ilumina la contradicción central: los bancos de desarrollo no fueron diseñados para defender la democracia o los derechos humanos, sino para mantener la estabilidad financiera de los países, aun cuando esa estabilidad signifique oxígeno para regímenes autoritarios o corruptos.

Mossi comenzó recordando el origen histórico de estas instituciones, concebidas tras la Segunda Guerra Mundial con el mandato de reconstruir economías devastadas y evitar nuevos conflictos. Su naturaleza es técnica, pero con un trasfondo político innegable: los dueños de los bancos son los Estados, y son sus directorios los que deciden qué proyectos se financian. El presidente del banco, insistió, no es más que un administrador que procesa solicitudes.

El ejemplo de Nicaragua es ilustrativo. Según Mossi, durante su gestión nunca hubo un préstamo que no fuese aprobado por el directorio, incluso en proyectos que generaban resistencia internacional. “El error”, dijo, es creer que la presión debe ir contra la presidencia de los bancos. En realidad, son los países miembros quienes deciden, con sus votos, sostener o no a los gobiernos cuestionados.

Los préstamos se justifican como herramientas de reducción de pobreza, de infraestructura o de atención social. Sin embargo, lo que está en juego va más allá: esos fondos permiten a los gobiernos pagar salarios, sostener subsidios, ganar legitimidad internacional y, en la práctica, comprar lealtades. Mossi lo explica con naturalidad, casi como una regla del sistema. Los proyectos se presentan como técnicos, pero su aprobación responde a equilibrios políticos y alianzas diplomáticas.

Un caso emblemático es el Trans 450 en Tegucigalpa, financiado con 50 millones de dólares del BCIE. Mossi lo calificó como “un préstamo desastroso”, un monumento a la corrupción y a la incapacidad de medir riesgos. La deuda permanece, pero el proyecto nunca funcionó. Ese fracaso resume la lógica: la banca internacional mide el éxito en términos de repago de la deuda, no en beneficios reales para la población.

El exfuncionario también explicó cómo ha cambiado el mapa de las finanzas internacionales. Hoy, los bancos más grandes ya no son el Fondo Monetario o el Banco Mundial, sino los bancos asiáticos y los consorcios de los BRICS. Allí no hay un país con “autoridad moral” sobre otro, y las decisiones se toman en función de intereses más diversos. En ese escenario, el BCIE se convirtió en un espacio donde los países centroamericanos pueden decidir sin depender totalmente de Washington, aunque la influencia estadounidense sigue pesando en instituciones globales.

El ingreso de Honduras a la CAF se enmarca en esa lógica: diversificar fuentes de financiamiento, reducir la hegemonía de Estados Unidos y abrir nuevas puertas, incluso si eso significa aceptar condiciones menos transparentes.

Mossi reconoció que durante su gestión impulsó reformas para publicar los términos de cada préstamo, siguiendo el estándar del Banco Mundial. Esa práctica se abandonó y, según él, hoy no existe información pública suficiente sobre qué proyectos aprueba el BCIE en Honduras ni bajo qué condiciones. Es un retroceso grave, porque limita el escrutinio ciudadano y deja en la opacidad el uso de recursos que comprometen al país durante décadas.

También señaló que en materia de consultas previas —especialmente en proyectos hidroeléctricos o que afectan territorios indígenas— el marco legal existe, pero se aplica tarde o mal. El caso de la represa El Tablón, en el Valle de Sula, es un ejemplo: la ingeniería puede ser impecable, pero si la consulta comunitaria no se hace con rigor, el conflicto social está asegurado.

La entrevista con Dante Mossi nos deja claro que la banca multilateral es un engranaje esencial para la supervivencia de muchos gobiernos, democráticos o autoritarios. La presión ciudadana, dice, debería dirigirse a los gobiernos que votan en los directorios, no a los presidentes de los bancos. Pero también confirma que sin cambios en las reglas de transparencia, la región seguirá atrapada en un círculo vicioso: préstamos que aseguran la estabilidad de los gobiernos, no la dignidad de los pueblos.

El reto, entonces, no es menor. ¿Queremos organismos financieros que midan su éxito por la solvencia de las deudas o por la transformación de las sociedades? La respuesta, como advirtió Mossi, depende menos de los tecnócratas y más de la voluntad política de los países que deciden a quién se financia y a quién se deja caer.