La acusación es por los delitos de asociación para delinquir, asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada, incendio cualificado, porte ilegal de arma de fuego prohibido y porte de arma de fuego permitida.

Esto luego de las declaraciones de la viceministra Julissa Villanueva, quien aseguró que con armas policiales se perpetró la masacre donde murieron 46 reclusas en Támara.

Muñóz dijo que ve con normalidad este tipo de sucesos porque se trata de grupos que reaccionan ante los procedimientos de las autoridades penitenciarias.