La secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, evitó referirse a estar muertes, ya que aseguró desconocer el tema, pese a encontrarse en el evento donde se presentó el informe.

El Comité por la Libre Expresión C-Libre presentó hoy un informe sobre la situación de la libertad de expresión en Honduras, donde reveló que cinco comunicadores han sido asesinados «durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro».

Según el documento los cinco periodistas asesinados son: Pablo Isabel Hernández, Edwin Josué Andino Canaca, Carlos Peralta, Omar Antonio Hurtado, y Ricardo Ávila.

A todos ellos se les arrebató la vida con armas de fuego por hacer denuncias, críticas y señalar actos de corrupción, «especialmente nexos que existen entre la empresa privada y el estado».

Sus muertes continúan en impunidad; aunque dos personas fueron capturadas por el asesinato de Pablo Hernández, pero estas continúan en juicio, por lo tanto “no significa que haya justicia”, de acuerdo con Leda Ponce, directora de C-Libre.

Ponce, destacó que las cifras de violación al derecho a la libre expresión son preocupantes ya que subrayan la persistente impunidad y violencia que enfrentan los periodistas en el país.

Periodistas asesinados desde el 2001

Desde el año 2001, 99 periodistas han sido asesinados en Honduras, pero solo en siete de estos casos se han presentado acusaciones contra los hechores, menos del 5%, según la directora de C Libre.

Ponce también reveló que, durante el año 2022, se emitieron 98 alertas por violaciones al derecho a la libertad de expresión, pero esta cifra podría no reflejar la realidad completa, ya que “la mayoría de los periodistas no denuncian las amenazas que enfrentan”.

Por otra parte, resaltó la urgencia de revisar desde el Congreso Nacional las propuestas para despenalizar los delitos contra el honor, «que actualmente criminalizan a más de 40 periodistas por denunciar temas de corrupción, concesionamientos ilegales y narcotráfico».

Ministra de Derechos Humanos evade referirse al tema

Natalie Roque, secretaria de Derechos Humanos, evitó referirse a la muerte de periodistas en el marco del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, argumentando que no tenía conocimiento sobre esa situación, pese a encontrarse en el evento donde se presentó el informe.

Pero Roque subrayó que el gobierno está comprometido en diferenciar la libertad de expresión de la desinformación y las campañas de odio, sin recurrir a la censura.

Por su parte, Mario Díaz, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), enfatizó en la necesidad de crear condiciones propicias para que las personas, especialmente los periodistas, puedan expresarse libremente.

El informe del C-Libre pone en manifiesto la importancia de abordar la impunidad en los casos de violencia contra periodistas y la necesidad de proteger la libertad de expresión en Honduras, un elemento crucial para el funcionamiento democrático del país.

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