Además, hay una brecha que se profundiza entre el Ejecutivo y sus organizaciones, que sienten que no son una prioridad para el Gobierno ni sus luchas.

Un movimiento popular que aglutina a 34 organizaciones de varias regiones de Honduras le dijo este viernes a la presidenta del país, Xiomara Castro, que a dos años de su mandato, que se cumplirán el sábado, está en «deuda» con ellos.

«Pensamos que el gobierno está en deuda en muchos sentidos, y lo decimos pensando en nuestros compañeros y compañeras que han sido asesinados o siguen en peligro por reclamar el derecho colectivo a la tierra», indicó el movimiento en una carta a Castro a la que EFE tuvo acceso.

Señaló además que viven en peligro por defender el derecho al agua, al bosque, por protestar porque se violentan los derechos de los pueblos indígenas y el incumplimiento de las recomendaciones de instancias internacionales al Estado, «o por seguir denunciando que la justicia huele a componenda, a negociación, a favor político y finalmente a impunidad».

«Al cumplirse la mitad de su gobierno ¿qué sigue para nuestro pueblo, cumplirá su compromiso con el movimiento popular?», le preguntaron a Castro las organizaciones populares, entre las que figuran la Plataforma Agraria, Central Nacional de Trabajadores del Campo, Milpah y el Movimiento Tacamiche.

Las organizaciones consideran necesario un «reencuentro» del Gobierno con aquellos independientes «de pensamiento» que son «fieles» a sus «luchas al seguir denunciando la depredación territorial de las industrias extractivas, el no acceso a la tierra, la inmovilidad de la impunidad y demandando una transformación democrática que vaya desde las comunidades al Estado».

Se profundiza brecha entre el Gobierno y las organizaciones

El movimiento también denunció que en varias regiones sus líderes campesinos y comunitarios «permanecen amenazados por su labor, sin ningún mecanismo oficial de protección que los apoye y sin que sus demandas de justicia sean atendidas; pero lo que es peor, es que se evidencia que al gobierno actual simplemente no le importa».

Además, hay una brecha que se profundiza entre el Ejecutivo y sus organizaciones, que sienten que no son una prioridad para el Gobierno, ni sus luchas, y existe un comportamiento errático y difuso de instituciones en materia de medio ambiente, energía, salud, educación y derechos humanos, entre otras, añade la carta.

También señalan estar insatisfechos con la actuación sesgada y represiva del Instituto Nacional Agrario, del que dudan si los desalojos de campesinos que ordena, llamándoles invasores, son producto del contubernio personal de su director con las élites de poder o si representa la verdadera respuesta oficial del Gobierno a los reclamos del sector campesino».

Resaltaron además que al movimiento popular autónomo se le acusa de intolerante y de atentar contra el desarrollo, cuando ellos más bien están «a favor de una dinámica económica que priorice la vida, los derechos humanos y los límites que la propia naturaleza impone».

Sostienen en este sentido que «el verdadero desarrollo pasa por entender que la tierra, los bosques, los minerales y el agua son bienes fundamentalmente públicos que deben propiciar una mayor igualdad de oportunidades sociales, productivas y culturales para toda la sociedad, no sólo de unos cuantos».

También le dijeron a Castro que la violencia les acecha, que su situación económica y social es muy precaria, y que si ella y sus ministros visitaran sus comunidades constatarían «los niveles de insalubridad, el abandono de la educación y corroborarían cómo la inseguridad alimentaria afecta a miles de familias y motiva que cada día miles de compatriotas se marchen rumbo al norte» (EE.UU.).

De igual forma le expresan que es imposible en dos años de su mandato, de cuatro, superar la «profunda crisis» que sufre el país, que «es la nefasta herencia de todos los políticos tradicionales, pero también de la incapacidad actual para convertir sus promesas electorales en derechos de la ciudadanía».