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Tegucigalpa. “Estoy en una montaña”, declaró Romeo Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto, quien se encuentra prófugo de la justicia luego de que un tribunal de Tegucigalpa revocó las medidas sustitutivas que lo beneficiaban y ordenó su captura por su presunta responsabilidad en la muerte de Isy Obed Murillo durante las protestas de 2009 contra el golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya.

En una entrevista telefónica ofrecida desde la clandestinidad a la periodista hondureña Neida Sandoval, y transmitida por la emisora 1140 AM de Miami, Vásquez aseguró que no ha salido del país, pero teme por su vida: “Sé que si me atrapan, me matarán en prisión”.

El general en retiro denunció que enfrenta una persecución política y afirmó que su único “delito” ha sido “decir la verdad”. También expresó preocupación por la seguridad de su familia y denunció amenazas en contra de su hija, María Fernanda Vásquez. Ante esto, confirmó haber interpuesto una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La orden de captura contra Vásquez incluye también a los exgenerales Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez, quienes sí se presentaron voluntariamente ante las autoridades y fueron enviados a la cárcel de Támara, en el departamento de Francisco Morazán.

El proceso judicial contra los tres oficiales retirados inició a comienzos de este año, tras un requerimiento presentado por el Ministerio Público por los delitos de asesinato y asesinato en grado de ejecución de tentativa, relacionados con la muerte de Murillo y las heridas graves sufridas por Alex Roberto Zavala el 5 de julio de 2009, durante manifestaciones en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín.

Inicialmente, el juzgado les impuso arresto domiciliario como medida cautelar, pero el pasado 3 de marzo se ordenó su detención inmediata tras la revocatoria de esas medidas.

La Secretaría de Seguridad incluyó a Vásquez Velásquez en la lista de los más buscados del país, y el ministro Gustavo Sánchez anunció una recompensa de un millón de lempiras a quien aporte información que permita su ubicación.

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