El analista y abogado Oliver Erazo advierte que la modificación hecha por el Ministerio Público conlleva una peligrosa concentración de poder. El viernes 2 de agosto, mediante un comunicado, el Ministerio Público anunció que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), encargada de investigar temas de corrupción, se ha reestructurado y fortalecido con equipo humano especializado y recursos adicionales, garantizando una estructura más robusta y eficaz para el combate a la corrupción en nuestro país.

El fortalecimiento incluye la incorporación de profesionales altamente capacitados en diversas áreas como análisis de datos, auditoría y contabilidad forense. Con esta ampliación de capacidades, el objetivo es mejorar la calidad y la profundidad de las investigaciones, asegurando que cada caso concluya con la presentación de requerimientos fiscales en los tribunales de justicia. Este departamento de la ATIC ahora trabajará de manera directa con unidades y fiscalías especializadas en la lucha contra la corrupción, como la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (UFERCO), la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP).

ATIC perdió independencia

En teoría, esto no debería afectar la investigación, pero si se analiza a profundidad, la ATIC pierde su independencia. Actualmente, mediante una denuncia, la ATIC puede proceder, pero con la reestructuración, solo investigará los casos que el fiscal presente. Esto, según el abogado Erazo, se presta para la persecución política.

Erazo afirma que «como no pudieron traer la CICIH, ahora lideran la lucha anticorrupción, que es más una bandera política que un compromiso de Estado y gobierno». Para Erazo, la única forma de darle validez a los requerimientos es incluir a otras organizaciones de lucha contra la corrupción, como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). «Si el CNA se aparta de la investigación, sabemos que esos requerimientos no son confiables», subraya.

Si bien es cierto que los casos fueron presentados por la extinta Misión de Apoyo y Lucha contra la Corrupción, los expedientes ya estaban finalizados. Erazo cuestiona: «¿Por qué no se presentaron antes? ¿Por qué a meses de la declaración de convocatoria para las elecciones?»