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Tegucigalpa. La presidenta Xiomara Castro hizo varios ofrecimientos en materia fiscal, económica y de administración pública durante su toma de posesión el 27 de enero de 2022.

Entre los principales compromisos destacaron la readecuación de la deuda, el subsidio a los combustibles, la energía gratuita, el impulso a la producción agropecuaria y la implementación de un gobierno digital. Casi tres años después, el balance refleja un cumplimiento mixto, con avances en algunas promesas, retrasos en otras y críticas contundentes por parte de economistas y expertos.

Esta es la segunda entrega de un especial de tres reportajes sobre el cumplimiento de las 28 promesas clave de su gobierno. La primera parte, publicada el lunes 15 de diciembre, abordó las promesas sociales y puede consultarse aquí. En esta entrega, analizamos las promesas en materia fiscal, económica y de administración pública a partir de informes oficiales, entrevistas con especialistas y los datos disponibles.

Energía gratuita: Cumplida

La promesa de ofrecer energía eléctrica gratuita a familias con consumos menores de 150 kWh mensuales fue una de las más emblemáticas del gobierno.

En febrero de 2022, el Congreso aprobó la reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica, subsidiando a 1,334,648 hogares. El Estado asume el 60% del costo, mientras el restante 40% es absorbido por el sector industrial y comercial.

Balance: La promesa se cumplió, pero su sostenibilidad a largo plazo está en duda y ha generado tensiones en el sector productivo.

 Subsidio a combustibles: una medida temporal

La rebaja en los precios de los combustibles fue otra de las acciones prioritarias del gobierno para aliviar el impacto de la inflación.

En febrero de 2022, el Congreso aprobó una rebaja de 10 lempiras por galón en las gasolinas regular y súper, y en marzo se agregó un subsidio de 2.69 lempiras al diésel. Sin embargo, el efecto fue limitado debido al aumento de los precios internacionales del petróleo, exacerbado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Balance: Promesa parcialmente cumplida. La medida fue efectiva a corto plazo, pero su impacto estructural fue limitado.

Gobierno Digital: avances importantes, pero con brechas

El gobierno digital ha mostrado avances en la modernización del Estado, aunque persisten retos para cerrar las brechas de conectividad y acceso. Hasta ahora, se ha logrado conectar 811 sitios públicos, incluidos hospitales, centros de salud y escuelas, permitiendo a miles de personas acceder a servicios digitales básicos. Además, se han habilitado 90 trámites en línea, como el pago de impuestos y servicios educativos, facilitando procesos que antes dependían exclusivamente de la atención presencial.

Entre los proyectos más relevantes está la implementación del Sistema de Gerencia Pública por Resultados y Transparencia (Sgpret), que permite monitorear el desempeño de las instituciones y evaluar el cumplimiento de metas.

Asimismo, el gobierno trabaja en la Identidad Digital y la firma electrónica, aunque ambos proyectos se encuentran en etapas de licitación y desarrollo.

Balance: Promesa en proceso. Aunque se registran avances en conectividad y servicios digitales, persisten limitaciones estructurales que frenan la implementación equitativa del gobierno digital.

Reforma presupuestaria: caja única

La reforma presupuestaria impulsada por el gobierno de Xiomara Castro tuvo como eje principal la centralización de recursos públicos a través de la Cuenta Única del Tesoro, administrada por la Tesorería General de la República.

Para lograrlo, en junio de 2022, el Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo 66-2022, que anuló una serie de fideicomisos suscritos por gobiernos anteriores, argumentando que estos debilitaban la administración transparente de los fondos públicos.

Entre los fideicomisos eliminados destacan aquellos relacionados con proyectos de infraestructura, salud y energía, donde los recursos eran manejados a través de mecanismos financieros externos ( sistema financiero), lo que dificultaba su fiscalización.

La derogación significó que los fondos antes dispersos en fideicomisos ahora debían ser administrados directamente por la Tesorería y centralizados en la Cuenta Única del Tesoro, un sistema que busca mejorar el control del gasto público.

La Secretaría de Finanzas, por su parte, ha defendido la reforma como un paso necesario para ordenar las finanzas y evitar el desvío de recursos públicos. Sin embargo, analistas coinciden en que la transparencia prometida no ha sido integral, lo que limita la capacidad de la ciudadanía y los organismos de control para fiscalizar el uso del presupuesto.

Balance: La centralización de fondos a través de la Cuenta Única del Tesoro y la eliminación de fideicomisos representan un avance en la administración de los recursos públicos, pero la falta de documentos clave y detalles sobre la ejecución presupuestaria deja en entredicho la verdadera transparencia de la reforma.

Readecuación de la deuda: sin avances

La readecuación de la deuda fue uno de los compromisos más importantes del discurso inaugural de Xiomara Castro. La presidenta prometió renegociar los plazos y condiciones de la deuda pública, tanto interna como externa, para liberar recursos destinados a la inversión social. Sin embargo, casi tres años después, no hay avances en esta área y la deuda sigue siendo una carga considerable para las finanzas del país.

De acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Finanzas, en 2022, el saldo de la deuda total era de $ 16,817.6 millones. Para 2024, esta cifra se redujo ligeramente a $ 16,486.3 millones, lo que representa una disminución marginal, aunque todavía equivale a un 44.1% del PIB, según estimaciones del Banco Central de Honduras (BCH).

La deuda se divide en dos componentes principales:

  • Deuda interna: Creció levemente de USD 8,147.4 millones en 2022 a USD 8,161.5 millones en 2024.
  • Deuda externa: Mostró una reducción, pasando de USD 8,670.2 millones en 2022 a USD 8,324.8 millones en 2024, gracias a pagos parciales y a un menor ritmo de contratación de créditos externos.

A pesar de esta ligera reducción en la deuda externa, expertos señalan que el gobierno no ha concretado una verdadera readecuación y se ha contrado nueva

“Este año nuevamente se adquirio deuda a traves de los bonos tematicos por la suma de 700 millones de dolares por lo que esa razón debera subir y mantenerse alrededor del 50% del PIB lo cual es un valor aceptable si nos comparamos con los paises de la region donde por ejemplo El Salvador registra su nivel de deuda en un 84.68% de su PIB”, dijo Juan Carlos Hernández, presidente del Colgio de Economistas de Honduras.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internaciona establece que se tienen que buscar nuevas fuentes de financiamiento, “el problema de la deuda interna es uno es que no necesariamente son los términos mejores en el sentido de la concesionalidad”, indicó Mario Palma, jefe de la Unidad de Investigación del El Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).

Política fiscal y monetaria: medidas estrictas y su impacto en la inflación

La administración de Xiomara Castro tambien implementó una política fiscal y monetaria estricta con el objetivo de controlar la inflación y estabilizar la economía. Entre las principales acciones destacan la emisión de bonos soberanos y el ajuste de la Tasa de Política Monetaria (TPM), medidas respaldadas por el Banco Central de Honduras (BCH) como herramientas clave para reducir el circulante y contener el alza de precios.

De acuerdo con los informes del BCH, la TPM aumentó gradualmente durante 2023, pasando de 3.0% a 5.5%, una decisión orientada a disminuir la liquidez en el mercado y frenar la presión inflacionaria. Este ajuste respondió al contexto de inflación global y a los efectos locales del conflicto entre Rusia y Ucrania, que afectaron los precios de combustibles y alimentos.

En paralelo, el gobierno realizó la emisión de bonos soberanos por un monto de $ 600 millones, dirigidos a cubrir necesidades presupuestarias y refinanciar deuda interna de corto plazo.

Según Juan Carlos Hernández ambas medidas ayuda se reduzca circulante y, en consecuencia, la inflación.

Cuando un ciudadano compra bonos, el dinero que utiliza para esta inversión deja de estar disponible para otros gastos, reduciendo así el consumo. Un efecto similar ocurre con la Tasa de Política Monetaria (TPM). Esta tasa representa el interés que el Banco Central de Honduras (BCH) cobra a los bancos comerciales cuando les presta dinero.

Si el Banco Central aumenta la TPM, el costo de los préstamos para el sistema financiero sube. Los bancos trasladan este costo a los créditos que ofrecen a sus clientes, encareciendo las tasas de interés de los préstamos. Como resultado, pedir un crédito se vuelve más costoso.

En 2024, la tasa de inflación en Honduras se ubicó en 4.6%, lo que representa una reducción de más de 2 puntos porcentuales respecto al año anterior.

En el ámbito fiscal, la recaudación tributaria ha mostrado un crecimiento constante. El Servicio de Administración de Rentas (SAR) reportó una captación de 89,807.07 millones de lempiras en 2023, un aumento del 7.68% respecto a 2022, cuando se alcanzaron 83,399.9 millones. Para 2024, la Secretaría de Finanzas proyecta ingresos tributarios de 160,205.8 millones de lempiras, reflejando un incremento del 11.1% respecto al presupuesto aprobado en 2023.

Balance: La política monetaria y fiscal del gobierno ha logrado reducir la inflación y mejorar la recaudación tributaria, pero su impacto en el crecimiento económico sigue siendo limitado. La emisión de bonos y el aumento de la TPM han contenido el exceso de liquidez, aunque con efectos colaterales en el acceso al crédito y la inversión privada.

Renegociación del Cafta: un proceso lento

La revisión del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (Cafta-DR) fue una de las promesas económicas de la presidenta Castro, con el objetivo de proteger los sectores productivos nacionales que, según el gobierno, se han visto afectados desde la implementación del acuerdo en 2006.

El 31 de enero de 2023, el gobierno de Honduras solicitó a Estados Unidos renegociar el tratado con el objetivo de proteger a los agricultores hondureños. La eliminación de los aranceles al maíz y al arroz, que entró en vigor a partir de ese mes, generó preocupación en el gobierno.

El 19 de julio de 2024, funcionarios del gobierno de Honduras y representantes de Estados Unidos confirmaron avances en las conversaciones sobre la revisión del tratado. El enfoque principal de estas discusiones ha sido la parte agrícola y laboral del acuerdo, con la finalidad de frenar la migración irregular de hondureños.

Autoridades de las Secretarías de Desarrollo Económico, Presidencia, Trabajo y Seguridad Social, así como de Agricultura y Ganadería, se reunieron con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, donde acordaron establecer una mesa técnica para abordar temas específicos relacionados con el funcionamiento del tratado.

Balance: Aunque se han logrado avances con la creación de una mesa técnica para revisar aspectos agrícolas y laborales, el proceso aún no ha superado las etapas iniciales de discusión.

Seguridad alimentaria y reducción de intereses: avances parciales

Castro prometió enfocar los esfuerzos del gobierno en el desarrollo agropecuario y la soberanía alimentaria, además de reducir las tasas de interés en todo el sistema financiero para facilitar créditos a los productores. Pero los resultados muestran avances parciales en el ámbito público, pero incumplimientos en el sistema financiero privado y una crisis alimentaria que persiste en el país.

Ordenó al Banco Central de Honduras (BCH) y a la Secretaría de Finanzas crear mecanismos legales para disminuir las tasas de interés en todo el sistema financiero. No obstante, esta orden solo se cumplió parcialmente, al implementarse únicamente en el banco estatal Banco Nacional de Desarrollo Agrícola ( Banadesa)

En 2022, el Ejecutivo declaró estado de emergencia alimentaria , lo que implicó que Banadesa reactivara los créditos que había suspendido el gobierno anterior. Desde ese año se ha otorgado 4,300 millones de lempiras en préstamos a pequeños productores.

De acuerdo con el director de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agrícola (Dicta), Arturo Galo, Banadesa ha otorgado créditos con tasas históricamente bajas, alcanzando hasta 2.5% para producción agropecuaria y un promedio del 6% dependiendo del rubro financiado. Galor explicó que estos recursos han sido un alivio para algunos pequeños productores.

En contraste, el sistema financiero privado aplica una tasa que va del 10 al 15%.

El Bono Tecnológico: alivio parcial a los productores

Para enfrentar la crisis en el campo y fortalecer la seguridad alimentaria, el gobierno reactivó el Bono Tecnológico, dirigido a productores de subsistencia con menos de 5 manzanas de tierra que no tengan acceso al crédito. El programa ha entregado insumos agrícolas, semillas mejoradas y fertilizantes para garantizar el cultivo de granos básicos, como maíz y frijol.

Según Galo, este programa ha logrado beneficiar a más de 700,000 productores desde 2022.

“El programa ha demostrado en estos tres años su eficacia en proveer a la población alimentos, sobre todo granos básicos en abundancia y nutritivos. Hemos entregado más de 1.4 millones de bonos a 700,000 productores de este tipo”​, indicó.

El Bono Tecnológico también ha diversificado su alcance, incorporando insumos para la producción de hortalizas y frutales, así como la promoción de huertos familiares, una medida que busca mejorar la nutrición de las familias rurales. Además, se implementaron programas específicos dirigidos a mujeres y jóvenes rurales, fomentando su inclusión en el desarrollo agropecuario.

La mandataria refirió en promesa que todas las instituciones del Ejecutivo estaría integradas a la política de seguridad alimentaria, pero basicamente siguen siendo las mismas vinculadas directamente al agro las que han desarrollado esta misión y que estón aglutinadas en el Consejo de Desarrollo Agrícola (Coda): Secretaría de Agricultura, de Desarrollo Económico, Banadesa y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, entre otros.

Seguridad alimentaria: resultados y desafíos

El gobierno de Honduras destaca una reducción del 28 % al 18 % en la inseguridad alimentaria entre 2022 y agosto de 2024, según el informe de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), y lo atribuye a políticas implementadas como el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), basándose en el mismo informe CIF, advierte que ese 18 % representa a 1.8 millones de personas en fase 3 (crisis) y fase 4 (emergencia), quienes enfrentan la reducción de comidas diarias y un alto riesgo de desnutrición aguda si no se actúa de inmediato.

Balance: El gobierno avanzó con créditos de Banadesa a tasas bajas y la entrega del Bono Tecnológico, beneficiando a pequeños productores. Sin embargo, la promesa de reducir las tasas en la banca privada no se cumplió, y la inseguridad alimentaria persiste, afectando a 1.8 millones de personas, lo que evidencia resultados parciales frente a desafíos estructurales.

Matriz de cumplimiento de promesas

PromesaNivel de CumplimientoObservaciones
Energía gratuitaCumplidaSubsidio otorgado a más de 1.3 millones de hogares, aunque su sostenibilidad está en duda.
Subsidio a combustiblesParcialmente cumplidaLa rebaja temporal fue efectiva, pero su impacto estructural fue limitado por factores externos.
Gobierno digitalEn procesoAvances en conectividad y servicios digitales, pero persisten brechas en implementación y acceso.
Reforma presupuestaria (Caja única)Avance parcialEliminación de fideicomisos y centralización de fondos, pero con dudas sobre transparencia.
Readecuación de la deudaNo cumplidaNo se logró renegociar plazos y condiciones de la deuda; apenas se redujo marginalmente.
Política fiscal y monetariaCumplida parcialmenteAjuste de TPM y emisión de bonos lograron contener la inflación, pero afectaron el crédito.
Renegociación del CAFTAEn procesoCreación de una mesa técnica para revisión del tratado, pero el proceso avanza lentamente.
Seguridad alimentaria y reducción de interesesParcialmente cumplidaEntrega de bonos y créditos de Banadesa con tasas bajas, pero no se redujeron en la banca privada.

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