Tegucigalpa, Honduras.- Con una reforma al Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalía, Johel Zelaya restó poder al director de fiscales, Juan Carlos Sánchez, desde 2024.

Sin embargo, en 2025, gracias a su maniobra política, determinó que todas las investigaciones concluidas, previo a la presentación de un requerimiento fiscal, deberán ser centralizadas a través del subdirector de fiscales, Víctor Migdonio Carrasco.

Antes de la llegada de Zelaya al MP, el artículo 103 del Reglamento de la Dirección General establecía que el director general de la Fiscalía podía delegar funciones a los subdirectores de Fiscalía, según su criterio de dirección.

Pero con la reforma aprobada bajo el acuerdo No. FGR-JAZ-008-2024, ahora la Fiscalía General puede dar instrucciones directas a los subdirectores de fiscales.

Así lo establece el artículo 103 reformado.

“Sin perjuicio de las facultades del Fiscal General de la República para impartir directrices e instrucciones, el Director General de Fiscalía podrá delegar en los Subdirectores Generales de Fiscalía, en las jurisdicciones y competencias que les sean delegadas, las siguientes funciones (…) las demás que le asigne el Fiscal General de la República y el Director General de Fiscalía, la Ley del Ministerio Público, su Estatuto y Reglamentos Generales, e igualmente el ordenamiento jurídico vigente”, se lee en el estamento.

Esta reforma estratégica fue impulsada por Johel Zelaya, pero según el argot político, existen tres conjeturas para justificar esta medida: la primera, tener el control pleno sobre los expedientes de los requerimientos; la segunda, aumentar su poder sobre los fiscales; y la tercera, restarle poder al director, dado que es de raíz nacionalista.

Fines políticos

ICN consultó con la sociedad civil sobre las razones de esta reforma y de esta orden, pero todo apunta a que se deben a fines políticos.

“Esto busca tener un control total sobre los expedientes de los requerimientos y las actuaciones de los fiscales”, analizó Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

“Esto va más allá de lo operativo y lo administrativo; ya toca temas de intereses políticos porque el director de fiscales es propuesto por el Partido Nacional”, añadió.

El director de fiscales, Juan Carlos Sánchez, ya no tendría vínculos tan estrechos con las unidades fiscalizadoras en temas de alto impacto, pues el subdirector de fiscales, Víctor Migdonio Carrasco, tomaría ese papel.

“Esto es para mantener control sobre las actuaciones de cada uno de los fiscales”, insistió Castañeda.

“Esta reforma es una jugada estratégica que surge debido a la división política que hay en el Ministerio Público. Como el director de fiscales no es del oficialismo (Partido Libre), lo que hizo el fiscal general fue quitarle poder, darle más poder a los subdirectores, para no tener que pasar o hacer consultas directas al director, que es afín al Partido Nacional”, analizó por su parte, es especialista en derecho penal, Marco Soto.

Con la modificación publicada en 2024 en La Gaceta, el también artículo 104 ahora otorga al fiscal general la autoridad para dar órdenes directas a los subdirectores de fiscales. Esto marca una diferencia con la situación anterior, cuando era el director quien impartía las directrices sin necesidad de consultar a las autoridades superiores del Ministerio Público.

Antes de la reforma, el reglamento indicaba que los subdirectores dependían directamente del director.

Sin embargo, tras el cambio, se establece que tanto el director como los subdirectores deben acatar las instrucciones directas del fiscal general, quienes además deberán presentar los informes correspondientes.