Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, finalizará su mandato de cuatro años sin rendir cuentas sobre más de 680 millones de lempiras destinados a proyectos de asistencia social, según revela una investigación de IC News basada en datos del Portal de Transparencia del Legislativo.

Entre enero de 2022 y septiembre de 2025, se erogaron 635,5 millones en ayudas sociales y 45,7 millones a personas y asociaciones civiles, pero no existen documentos que detallen qué diputados gestionaron los fondos, quiénes fueron los beneficiarios ni si las obras se ejecutaron.

La falta de transparencia en el CN ha generado preocupación sobre la supervisión de los fondos y la posibilidad de irregularidades, colocando a los órganos de control como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP) como los principales responsables de fiscalizar estos recursos, segun analistas.

“Necesitamos que las instituciones respondan no podemos exigirle de repente al funcionario, pero sí a la institución encargada de que eso se cumpla, porque ellos son aquellos entes llamados a sancionar, es decir, y sin menosprecio de que el Ministerio Público también pueda realizar los actos de investigación, eh, para que puedan traernos transparencia, para que puedan deducirse incluso responsabilidades penales si las hubiera”, dijo el abogado y analista Carlos Polanco a ICN NEWS.

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El entrevistado agregó que el (TSC) es el primer organismo en supervisar la ejecución de los fondos y que los informes sobre la utilización de recursos dependen de la institución: “es decir, los resultados, los datos pueden estar… y pueden ser manipulados, pero realmente el ente encargado constitucionalmente para realizar ese tipo de auditorías… el Tribunal Superior de Cuentas… tiene que dar este informe pormenorizado para detallar en qué se fueron todos estos fondos”.

En caso de irregularidades,el togado insistió: “el primer órgano encargado de supervisar la ejecución de los fondos es el Tribunal Superior de Cuentas y él debe transmitir un pliego de responsabilidades en caso de que se existan y trasladarlo al Ministerio Público para que este guste la acción penal pública. En el caso de malversación o enriquecimiento ilícito, según corresponda.

Analistas advierten que la ausencia de documentación y transparencia en el Congreso Nacional podría facilitar la manipulación de los datos y la falta de rendición de cuentas, dejando a la ciudadanía sin respuesta sobre millones de lempiras destinados a asistencia social.