La Red por la Defensa de la Democracia exigió a la presidenta respeto a la libre expresión durante su mandato, en respuesta a lo que consideran un ataque sistemático desde el gobierno contra la sociedad civil organizada. Las organizaciones aseguran que el gobierno, bajo el pretexto de un «débil» argumento de desestabilización, es en realidad quien desestabiliza y elimina el espacio cívico.
La situación se agravó luego de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, utilizara las cuentas oficiales y medios privados para culpar a la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, del fracaso en su gestión, argumentando la necesidad de negociar la CICIH. Sin embargo, el Comité para la Libre Expresión denunció que los funcionarios públicos figuran entre los mayores agresores de derechos humanos y periodistas.
En una conferencia de prensa, la Red por la Defensa de la Democracia subrayó que la sociedad avanza más rápido que los políticos, quienes reproducen valores antidemocráticos y no toleran a los periodistas que investigan. «Cuando nos ataca un ministro, nos ataca el Ejecutivo; cuando nos ataca un diputado, nos ataca el Estado», afirmaron, entendiendo esto como una vulneración del Estado de derecho.
Diecisiete organizaciones de la sociedad civil, iglesias, medios de comunicación privados y defensores de derechos humanos se unieron para condenar el uso indebido del poder como un acto de represión en una sociedad que se precia de ser democrática. La Red llamó a mantenerse alerta y vigilante en el marco del próximo proceso electoral, instando a defender la democracia y evitar prácticas antidemocráticas.
Héctor Corrales, representante del COHEP, pidió un ambiente donde los ataques sistemáticos desaparezcan y donde el Estado valore el papel de la sociedad civil. Carlos Hernández, otro líder de la Red, advirtió que el deterioro del sistema es una práctica sistemática desde el poder, y subrayó la necesidad de defender la democracia frente a estos ataques.
