Refundar Honduras: ¿Qué promesas ha cumplido Xiomara Castro?

por Redacción Web |

Refundar Honduras: ¿Qué promesas ha cumplido Xiomara Castro?
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Tegucigalpa. Con la promesa de refundar el país, Xiomara Castro, del izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre) asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2022, para un periodo de cuatro años.

Su asunción al poder representó la derrota del bipartidismo del Partido Nacional y del Partido Liberal y la llegada al poder, por primera vez, de una mujer.

Lo hizo tras 12 años de gobiernos liderados por el Partido Nacional, marcados por denuncias de corrupción y una crisis institucional. El último expresidente nacionalista, Juan Orlando Hernández, quien gobernó dos periodos (2014-2018 y 2018-2022) fue extraditado a Estados Unidos y condenado a 45 años de prisión por cargos relacionados con el narcotráfico.

En el discurso de toma de posesión, la esposa del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), presentó un ambicioso plan de 28 promesas que incluían ámbitos como transparencia, refundación del Estado, justicia y participación ciudadana, entre otros, de acuerdo para acabar, entre otros objetivos, con lo que ha denominado la narcodictadura nacionalista.

INC Digital analizó en tres reportajes el nivel de cumplimiento de esos ofrecimientos. En esta primera edición se verifica la ejecutoria de 10 de esas promesas relacionadas con ámbitos político-institucionales, lucha contra la corrupción y transparencia. De estras, cinco fueron realizadas y las otras cinco incumplidas.

El balance de estos ofrecimientos evidencia, a casi tres años de ejercicio en el Ejecutivo, importantes rezagos en ámbitos clave como transparencia y participación ciudadana, pero algunas ejecutorias en tema de justicia para defensores del medio ambiente.

La CICIH

La instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH) fue una de las promesas centrales de su gobierno. Sin embargo, esta meta no se ha cumplido.

La no derogación de la Ley de Amnistía en Honduras ha sido identificada como uno de los principales obstáculos para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que es negociada con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta legislación, aprobada en febrero de 2022 y formalmente conocida como Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan (Decreto Legislativo 04-2022) ha permitido que allegados al oficialismo hayan sido beneficiados con sobreseimientos en casos de corrupción y no en casos formulados como represalias políticas.

En concreto, la ONU, a través de su Misión de Expertos, ha solicitado la derogación de los artículos 4 y 8 de dicha norma.

El artículo 4 de esta ley otorga amnistía general a personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con la administración pública, como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

Según la ONU, esta disposición permite que personas acusadas de corrupción sean eximidas de responsabilidad penal, lo que resulta incompatible con los principios de lucha contra la impunidad. La misión ha enfatizado que la amnistía debería limitarse exclusivamente a delitos de naturaleza política o conexos, excluyendo cualquier acto que pueda considerarse corrupción.

La Misión de Expertos ha recomendado derogar el artículo 8, argumentando que su contenido podría comprometer las características de independencia, autonomía e imparcialidad necesarias para el funcionamiento del mecanismo.

Y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz es otra demanda de la ONU para estampar su firma en el convenio.

El memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Honduras y la ONU para la instalación de CICIH ha sido extendido en cuatro ocasiones desde su firma inicial el 15 de diciembre de 2022 debido a la falta de acuerdos. La última versión vence el 15 de junio de 2025.

La presidenta Castro a enviado dos borradores del convenio al secretario de la ONU, Antonio Guterres.

«El retraso en la instalación de la CICIH representa uno de los mayores fracasos del gobierno. Esto no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que deja sin cumplir una de las promesas más relevantes en la lucha contra la corrupción y la impunidad, cuestionando el compromiso real del Estado en este tema», dijo Gustavo Irías, director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).

Por su parte, el ministro de la Transparencia, Sergio Coello, aseguró que, mientras se resuelve el impasse en la negociación, el Gobierno trabaja en otras medidas para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción.

Consulta popular

La garantía de consultas populares transparentes sobre reformas constitucionales también fue una promesa central que no se ha cumplido.

Ningún proyecto para la realización de un plebiscito o referéndum ha sido presentado ante el Congreso Nacional, pese a que la presidenta Castro, en su discurso en la 79 Asamblea de la ONU, en septiembre pasado, reafirmó que estos mecanismos eran necesarios.

Para que el Legislativo apruebe una consulta, se requiere mayoría calificada, es decir 86 votos, pero Libre apenas cuenta con 43 escaños.

«Una verdadera refundación del país requiere tiempo y esfuerzos concretos más allá de ejercicios simbólicos. La consulta popular debe ser un mecanismo estructurado que permita avanzar en reformas profundas, pero hasta ahora no se han dado los pasos necesarios para que esto ocurra», indicó el jefe de Políticas Públicas de la Secretaría de Planificación (Seplan), Diego Aguilar.

Medidas urgentes para refundar el país

Otro ofrecimiento hecho por la mandataria fue el de aprobar en los primeros 100 días de gobierno medidas urgentes encaminadas a allanar el camino para refundar el país.

Pero ninguna de esas acciones logró cimentar las bases de uno de los objetivos principales: instalar una asamblea nacional constituyente para crear el Estado socialista democrático que prometió.

“Refundar un país como Honduras no es una tarea que pueda completarse en un periodo de cuatro años. Se requiere un proceso sostenido a lo largo de al menos dos décadas, con reformas profundas en áreas críticas como justicia, educación y salud. Este es un proyecto de largo aliento que trasciende gobiernos y exige un consenso nacional», indicó Aguilar.

En materia institucional, la administración creó siete nuevas Secretarías de Estado, entre ellas la Secretaría de Transparencia y la Secretaría de la Mujer. Al mismo tiempo, eliminó 17 entes considerados innecesarios para optimizar el funcionamiento del gobierno.

El Congreso Nacional aprobó la Ley de Amnistía para Presos Políticos, beneficiando a personas perseguidas tras el Golpe de Estado de 2009 y la crisis política de 2017. Además, se reactivó el programa Red Solidaria, enfocado en reducir la pobreza extrema y construir viviendas para disminuir el déficit habitacional que afecta a más de 1.4 millones de hogares.

Congreso transparente y democrático

A la lista de incumplimientos se suman otros dos: democratizar y hacer más transparente el Congreso Nacional.

Según el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023 (ILTL 2023), el Congreso Nacional de Honduras ocupa el penúltimo lugar en términos de transparencia en América Latina, solo por encima del Congreso de Venezuela.

Una muestra de la opacidad ha sido la negativa del Legislativo de rendir cuentas de las subvenciones que reciben los diputados para dar ayudas sociales. De enero de 2022 a agosto de 2024, los parlamentarios recibieron 414 millones de lempiras en este tipo de asistencias sin explicar si han hecho liquidaciones.

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional de Honduras, ha sido señalado de autoritarismo por limitar la participación de diputados opositores, impulsar la aprobación acelerada de leyes y manejar de forma discrecional el reglamento interno.

La Ley Orgónica del Congreso Nacional le concede el titular del Legislativo un control absoluto sobre el manejo de la agenda: decide, por ejemplo, qué proyecto de ley se discute y qué se engaveta.

Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), señaló que el Congreso Nacional sigue operando con altos niveles de opacidad y ha sido percibido como autoritario, con decisiones que centralizan el poder en el Ejecutivo.

Mientras tanto, Gustavo Irías subrayó que democratizar el Congreso requiere cambios estructurales que permitan una participación más equitativa de las fuerzas políticas y una distribución del poder que garantice la deliberación y la inclusión de diversas voces.

Anulación de las ZEDE

Uno de los ofrecimientos que sí fueron cumplidos fue la eliminación de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE).

Estas zonas, creadas por gobiernos anteriores, otorgaban amplios privilegios fiscales y legales a inversionistas extranjeros, lo que generó una fuerte oposición de sectores sociales y políticos que consideraban estas estructuras una amenaza a la soberanía nacional.

A iniciativa del Ejecutivo, la ley constitutiva de las ZEDE fue derogada por el Congreso Nacional y luego la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales su ley orgánica.

Gerardo Torres, vicencanciller, calificó la derogación como un paso fundamental para recuperar el control soberano sobre los recursos y el territorio hondureño. Según Torres, “la eliminación de las ZEDE representa una victoria para la población que luchó contra un modelo que favorecía a una élite económica y violaba la constitución”.

Sin embargo, la medida no estuvo exenta de críticas y consecuencias. Graco Pérez, experto en diplomacia, advirtió sobre el impacto económico y legal que podría generar la derogación. “La decisión podría ahuyentar inversiones extranjeras y abrir una serie de litigios internacionales que afectarán la economía del país”.

Promesas cumplidas: Justicia parcial para Berta Cáceres y liberación de defensores de Guapinol

La presidenta Xiomara Castro prometió justicia en dos casos emblemáticos de derechos humanos: el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres y la liberación de los defensores del agua de Guapinol. Aunque estas promesas se cumplieron, las acciones clave para lograrlas provinieron del Poder Judicial y no directamente del Ejecutivo.

Berta Cáceres, reconocida por su defensa del medio ambiente y los derechos indígenas, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su vivienda en La Esperanza, Intibucá. Su lucha contra la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en territorio lenca la convirtió en blanco de amenazas constantes.

En 2024, la Corte Suprema de Justicia ratificó las condenas de varios responsables, entre ellos Roberto David Castillo, exgerente de la empresa DESA, señalado como uno de los autores intelectuales del crimen. Este fallo representó un paso importante en un caso que ha sido símbolo de la impunidad en Honduras, aunque persisten críticas por la falta de investigación y enjuiciamiento de otros posibles implicados.

Liberación de los defensores de Guapinol

Los defensores del agua de Guapinol, activistas que se opusieron al proyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras, fueron encarcelados y acusados de asociación ilícita, privación injusta de libertad, incendio agravado y daños materiales. Las acusaciones surgieron de su participación en protestas contra la empresa minera Inversiones Los Pinares, cuyas actividades, según denunciaron, amenazaban las fuentes de agua de la región.

En febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló el juicio contra ellos, declarando que las acusaciones carecían de fundamento y que los defensores nunca debieron ser encarcelados.

Condena al golpe y aplica la amnistía

Otras dos promesas clave de la presidenta Xiomara Castro, la condena al golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya y amnistía a acusados por protestar por ese derrocamiento fueron realizadas mediante la aprobación, en febrero de 2022, de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan.

La normativa declara ilegal el decreto que justificó la separación de Zelaya calificándolo como una violación del orden constitucional.

Por otro lado, la amnistía política beneficia a quienes fueron perseguidos durante y después del golpe, aunque ha existido casos en los que exfuncionarios de Zelaya fueron sobreseidos en casos de corrupción.

Tabla de cumplimiento de 10/30 promesas de Xiomara Castro

PromesaCumplimiento
Instalación de la CICIHNo cumplida
Consultas popularesNo cumplida
Medidas urgentes para refundar el paísNo cumplida
Democratización del Congreso NacionalNo cumplida
Transparencia en el Congreso NacionalNo cumplida
Eliminación de las ZEDECumplida
Justicia para Berta CáceresCumplida
Liberación de defensores de GuapinolCumplida
Condena al golpe de Estado de 2009Cumplida
Amnistía políticaCumplida

LEA: El Convenio 169 de la OIT: Derechos de los pueblos originarios y la cárcel en la Mosquitia

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