Tegucigalpa, Honduras.- Rebeca Ráquel Obando, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), elevó su sueldo a 216,134.94 lempiras mensuales, mientras que los otros 14 magistrados también incrementaron su salario al cumplir año y medio de haber asumido sus cargos.

Se trata de un ajuste de 9 % para los togados, que se aplicó en agosto de 2024, según constató ICN Investiga en el Portal de Transparencia de ese poder del Estado.

En febrero de 2023, cuando asumió como presidente del Poder Judicial, Ráquel Obando percibía 198,288.94 lempiras, el mismo ingreso que su antecesor, Rolando Argueta. Sin embargo, en agosto del mismo año, recibió un aumento de aproximadamente 17,846 lempiras.

De acuerdo a las planillas del Portal de Transparencia, en diciembre de 2024, además de su sueldo bruto, cobró 108,067.47 lempiras en concepto de vacaciones y L87,000 en gastos de representación, esta última cantidad la ha percibido mensualmente desde que asumió.

Al multiplicar esta cantidad por el tiempo en el cargo, el total asciende a más de 1.5 millones de lempiras.

Actualmente, la presidente de la CSJ percibe, entre salario bruto y gastos de representación, un total de 223,852.81 lempiras mensuales.

Se verificó también que, en diciembre de 2024, entre sueldo, vacaciones, aguinaldo y gastos de representación, la magistrada presidenta cobró 597,389.08 lempiras.

ICN Investiga, además, confirmó a través de documentos públicos que, entre los presidentes de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), Obando es la que más gana y la única que ha recibido un aumento salarial.

Actualmente, el sueldo de la presidente de la República, Xiomara Castro, es el mismo que percibía su antecesor, Juan Orlando Hernández, quien ahora cumple una condena en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

Lo anterior contrasta con el hecho de que tanto Redondo como Castro llevan más de tres años en sus cargos sin incrementos salariales.

Expertos detectaron que Obando podría estar expuesta a sanciones de entre 3 y 30 salarios mínimos debido a lo establecido en el artículo 46 del Decreto Legislativo 62-2023, que prohíbe que cualquier servidor público gane más que la presidente de la República.

“El salario de los servidores públicos incorporados bajo nuevo nombramiento en la presente gestión no podrá, en ningún caso, superar el salario nominal de las máximas autoridades institucionales, quienes, a su vez, no podrán superar el salario que devenga la presidenta de la República, de conformidad con la jerarquía, naturaleza y responsabilidad de la institución”, dicta el artículo 46 del Decreto Legislativo 62-2023.

Asimismo, el artículo 4 del mismo decreto establece que: “el incumplimiento de la presente normativa presupuestaria será sancionado con multas de tres (3) a treinta (30) salarios mínimos. La Procuraduría General de la República (PGR) es el ente responsable de la aplicación de las multas una vez concluido el procedimiento por responsabilidad civil o administrativa en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y sin perjuicio de la responsabilidad penal. La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) está facultada para remitir al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) los casos de incumplimiento y/o violaciones a la presente ley”.

Magistrados también recibieron aumento

Los otros 14 magistrados en propiedad que conforman el pleno del Poder Judicial también percibieron un aumento de salario; actualmente devengan L186,627.81 y también ganan mejor que la presidente Xiomara Castro y Luis Redondo.

Este aumento se hizo efectivo en agosto de 2024. En julio de ese mismo año el salario de los magistrados era de 171,218.17 lempiras, lo que indica que incrementó el 9%, equivalente a unos L15,409.64.

Sin embargo, desde la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) manifestaron que Obando es una servidora pública como los otros magistrados, así que deberían de ser sancionados por la disposición del Decreto Legislativo 62-2023.

“Sabemos que hay una disposición presupuestaria y fue incluida por este gobierno que ningún funcionario pueda ganar más de lo que gana la presidente de la República; sin embargo, vemos que en algunos poderes del Estado tienen sueldos superiores a esto, y la misma disposición dice que corresponde al Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría velar por el cumplimiento de la misma”, argumentó Liliam Rivera, experta en finanzas y disposiciones financieras de la ASJ.

Rivera aclaró que la disposición presupuestaria enmarcada en el Decreto Legislativo 62-2023 establece que abarca a todo servidor público.

“La disposición presupuestaria es de carácter general, no tiene ninguna excepción”, dijo Rivera. Pero lo que preocupó a la experta es que la situación económica del país está deteriorada y no es apta para aumentar sueldos a altos servidores públicos.

“Todos sabemos que la situación está crítica. Hay altos precios en la canasta básica, los niveles de pobreza están con 6 de cada 10 hondureños en condiciones de pobreza”, dejó en relieve la experta.

“Esto nos da una señal de que el país no está bien para estar haciendo uso discrecional de los recursos públicos”, lamentó.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dijo a ICN Investiga que tras la publicación de este artículo periodístico se podría comenzar con una investigación de oficio a funcionarios que no respetaron la disposición legislativa y en particular a la presidenta y magistrados de la CSJ.

“El Tribunal Superior de Cuentas tiene como rol velar por el cumplimiento de la legalidad, que normas que se emitan sean cumplidas”, dijo Rodolfo Isaula, del departamento de prensa del TSC.

También manifestó que este ente puede dar un resultado, pero tras una auditoría.

Pero para realizar una investigación, el TSC puede actuar bajo tres escenarios: que sea denunciado, también se puede “con una investigación de oficio a raíz de una publicación y en tercer lugar producto de una auditoría que ya esté planificada”.

Este medio de comunicación también, a través del departamento de prensa del Poder Judicial, intentó obtener declaraciones de la magistrada Rebeca Ráquel Obando o de algún funcionario designado para abordar este tema. Sin embargo, no fue posible obtener una respuesta.

Desde la institución se argumentó que “debo plantear su solicitud y esperar respuesta. Hasta este momento, no he tenido la oportunidad de presentarla”.

El aumento a sueldos en el actual gobierno quedó evidenciado, pues en los últimos 10 años, la ejecución de recursos para sueldos y salarios ha tenido un comportamiento ascendente, con una tasa promedio de crecimiento anual de 6 %; sin embargo, para 2023 se observó un aumento de 13 % respecto a 2022, lo que representa el 10.8 % del Producto Interno Bruto (PIB), superando el promedio de 9.5 % de América Latina, según datos de la ASJ.