La presidenta Xiomara Castro ha solicitado al canciller Enrique Reina que inicie el proceso para denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, lo que ha generado preocupación en diversos sectores. Este tratado, firmado en 1909 y aplicado desde 2013 gracias a un auto acordado, establece que cualquier parte puede terminarlo notificando con seis meses de anticipación, según lo estipula el artículo 14. La falta de una ley de extradición en Honduras añade complejidad al proceso, lo que podría traer consecuencias en varios niveles, especialmente en términos de seguridad y política.
La injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable. Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que…
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) August 28, 2024
El abogado Oliver Erazo ha señalado que la denuncia del tratado no afectará las extradiciones ya en curso o las que han sido solicitadas, aunque sí podría tener un impacto significativo en futuras órdenes de extradición. Erazo se pregunta: «¿A quién protegen con esta medida?» insinuando que la acción podría estar dirigida a salvaguardar intereses específicos dentro del país. Además, Erazo considera que la denuncia del tratado es un error político significativo, especialmente para un gobierno que aún no ha logrado avanzar en su lucha contra la corrupción. Según él, esta decisión podría debilitar la ya limitada batalla contra el narcotráfico.
Por otro lado, Erazo sugiere que la acción de denunciar el tratado puede verse como una prueba a la institucionalidad interna, con el fin de que los órganos internos actúen de manera independiente. Sin embargo, califica el movimiento como un «desorden organizado», afirmando que «existe una clara intención de proteger a alguien.» Erazo concluye que, con el inicio de procesos judiciales contra figuras como el exdiputado Midence Oquelí Martínez y Fredy Nájera, se abre una nueva etapa en las extradiciones y denuncias en el país.