Raquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, se ha puesto a disposición del Ministerio Público para ser investigada en relación con su presunta participación en un caso de extorsión. En una declaración pública, Obando solicitó al fiscal general, Jhoel Zelaya, iniciar una investigación exhaustiva no solo sobre ella, sino también sobre su esposo y su familia, sin embargo aseguró no esta dispuesta a dejar su cargo.
Obando se refirió al caso del juez Marco Antonio Vallecillo, quien fue arrestado el pasado fin de semana por su presunta implicación en la extorsión de un testigo protegido. Vallecillo permanece detenido mientras espera la audiencia inicial. La presidenta enfatizó que su esposo lleva tres meses fuera del país y que está dispuesta a que se investigue a su familia si es necesario. Afirmó que lo que se busca es «encontrar algo» pero que está convencida de su inocencia.
Obando también defendió su gestión al frente del poder judicial, destacando que no tiene razones para renunciar y que su labor en la Corte Suprema ha sido transparente y apegada a la ley. Subrayó que los más afectados por estas acusaciones son ella y su familia, quienes nunca han dado ninguna orden que no esté dentro de los límites legales. «Esto es un fuerte golpe, algo que no esperábamos», declaró con visible molestia.
En respuesta a las declaraciones del candidato presidencial liberal Jorge Cálix, quien insinuó que Vallecillo actuó a petición de un abogado vinculado a una alta funcionaria judicial, Obando rechazó rotundamente cualquier implicación. Señaló que durante su administración se han remitido expedientes de once jueces para su investigación, además de haber recibido 256 denuncias contra operadores de justicia que presuntamente actuaron fuera de la ley.
Obando fue clara al manifestar que si alguna persona involucrada en el caso de extorsión afirmó que un millón de lempiras era para el fiscal general, tal acusación es una calumnia y que esto se trata de una excusa para desviar la atención.
Las cuatro fases del proceso de intervención:
- Inspección General: La presidenta Obando ordenó una inspección general en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Esta inspección se realizará por fases, comenzando con la verificación de todas las causas bajo la jurisdicción de los jueces de letras.
- Derivación de denuncias: Los resultados de la inspección se derivarán a la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial para que se inicien los procesos investigativos individualizados, observando el proceso disciplinario establecido por la ley.
- Proceso Disciplinario: Si durante la investigación se encuentran indicios de responsabilidad penal, los expedientes serán remitidos al Ministerio Público para que siga el procedimiento legal correspondiente.
- Implementación de recomendaciones: Finalmente, se implementarán las recomendaciones y acciones de mejora necesarias para garantizar la correcta administración de la justicia en el Juzgado de Letras Penal.
#LOMÁSRECIENTE🚨| "A cuenta de qué tengo que dejar mi cargo, si no me siento dentro de ninguna causal. ¿Solo por hacer las cosas bien? Es que aquí a la gente que trabaja bien la quieren apartar, y a los que no están trabajando bien, quieren que estén ahí para que les hagan los… pic.twitter.com/DveGNnMcZo
— ICN.Digital (@ICNDigital) August 19, 2024