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Tegucigalpa. Son primeros en opacidad: el Congreso Nacional y Casa Presidencial figuran entre las diez instituciones públicas de Honduras que más recursos de revisión recibieron por denegar solicitudes de información entre 2007 y 2024.

Esta «lista de antitransparencia» fue elaborada por ICN Digital con base a una solicitud de información hecha al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sobre los recursos interpuestos contra más de 200 dependencias públicas ante esa entidad por rechazo de entrega de documentación en ese periodo, que signifcan 17 años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La Secretaría de Educación encabeza la nómina con 197 recursos de revisión, seguida por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con 181, y el Congreso Nacional con 145. Casa Presidencial, por su parte, ocupa el séptimo lugar con 62 recursos interpuestos.

El resto de las instituciones que completan el top 10 son la Secretaría de Salud, con 126 recursos; la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con 102; la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), con 65; la Secretaría de Finanzas, con 54, y el Instituto de la Propiedad, con 43.

Estas diez entidades concentran un total de 1,037 recursos de revisión, o sea, una tercera parte de los 3,328 incoados en ese periodo.

Una tasa más opaca

A nivel porcentual, comparando solicitudes versus recursos en el lapso 2014-2023, el Legislativo y el Ejecutivo sí están en la cima de opacidad

El Congreso Nacional recibió 1,218 solicitudes, de las cuales 122 derivaron en recursos de revisión, representando el 10.02%, el porcentaje más alto registrado entre todas las instituciones.

En segundo lugar, la Presidencia de la República (Casa Presidencial) tuvo 457 solicitudes, con 43 recursos interpuestos, lo que equivale al 9.41%. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) recibió 1,547 solicitudes y registró 107 recursos, alcanzando un porcentaje del 6.92%.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con 1,327 solicitudes, presentó 87 recursos de revisión, representando el 6.56%. Por su parte, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) tuvo 508 solicitudes, de las cuales 32 fueron recursos, equivalentes al 6.30%.

Otras instituciones con porcentajes elevados incluyen la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+) con un 4.73% (592 solicitudes y 28 recursos) y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) con un 4.09% (1,150 solicitudes y 47 recursos)

Para realizar este análisis, se consideraron únicamente los datos correspondientes al período 2014-2023 debido a limitaciones en la información de otros años.

Durante el período 2007 a 2013, el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), plataforma centralizada para el registro de solicitudes aún no existía.

Los datos recopilados en esos años no eran sistemáticos ni uniformes, lo que impide realizar un análisis porcentual confiable.

A partir de 2014, con la implementación del SIELHO, se consolidaron los registros de todas las solicitudes, ya sean realizadas en línea, electrónicamente o en físico.

Por otro lado, aunque se cuenta con información sobre los recursos de revisión presentados en 2024, el IAIP no brindó los datos completos de las solicitudes de información realizadas ese año. Esto imposibilita calcular las tasas de denegatoria con precisión, ya que la relación entre solicitudes y recursos no puede ser determinada.

Por estas razones, el análisis se centra exclusivamente en el período 2014-2023, donde los datos son completos y confiables.

Suben solicitudes y recursos

Entre 2014 y 2023, las solicitudes de información y los recursos de revisión muestran un aumento constante en ambos indicadores. En 2014, se registraron 1,384 solicitudes y 92 recursos de revisión. En 2015, las solicitudes aumentaron a 2,274, mientras que los recursos se mantuvieron casi iguales con 91.

Para 2016, las solicitudes subieron a 2,810, pero los recursos bajaron a 82. En 2017, las solicitudes crecieron a 3,051 y los recursos a 112. En 2018, se alcanzaron 4,021 solicitudes y 142 recursos. El año 2019 mostró un aumento significativo con 6,151 solicitudes y 421 recursos.

En 2020, las solicitudes subieron a 6,369, mientras que los recursos disminuyeron a 207. En 2021, se registraron 6,304 solicitudes y los recursos aumentaron a 307.

En 2022, hubo un incremento notable a 10,398 solicitudes y 371 recursos. Finalmente, en 2023, las solicitudes alcanzaron 11,245 y los recursos subieron a 411.

El total de solicitudes de información durante el periodo 2014-2023 fue de 56,017, mientras que el total de recursos de revisión fue de 2,435. Esto implica que, en promedio, los recursos de revisión representaron aproximadamente el 4.35% del total de solicitudes realizadas en este periodo.

Ministro dice que hacen mal las solicitudes

El ministro de la Secretaría de la Transparencia, Sergio Coello, aseguró que, en ocasiones, las solicitudes de información son rechazadas por estar “mal planteadas o porque piden datos personales”.

Pese a estos retos, Coello aseguró que se está trabajando en la mejora del reglamento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para garantizar que la información proporcionada por las instituciones públicas sea “veraz, oportuna, completa y adecuada”. A

demás, señaló que hay un proceso en curso enfocado en salvaguardar el archivo de información almacenada, en colaboración con otras entidades.

Por su parte, César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), lamentó el incremento de las denegatorias y recursos de revisión.

“Lamentablemente el dato nos lleva a observar ese crecimiento, pero no es justificable. Lamentamos bastante que los resultados también se estén dando como una derivación de esa falta de voluntad que hay en fortalecer instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública”, afirmó.

Espinal destacó que, en muchos casos, la falta de publicación de información de oficio obliga a la ciudadanía y al propio CNA a recurrir a los mecanismos legales, como peticiones y, de ser necesario, recurso de revisión.

Sin embargo, cuestionó la eficacia del proceso al señalar que “la resolución de los recursos de revisión es bastante tardía. Pasan años entre la solicitud, la interposición del recurso y su resolución, y muchas veces las personas responsables ya ni siquiera están en funciones”.

El coordinador del CNA también criticó que el IAIP carece de recursos y personal para realizar revisiones exhaustivas, lo que evidencia, según él, la falta de voluntad de las administraciones para fortalecer el ente. “Muchas veces también cargan información, pero no cumple con esos estándares de calidad y, al final, es información que realmente no informa”, concluyó.

«Mel» no impulsó Ley de Transparencia

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada en 2006, pero con vigencia desde 2007, fue una de las condiciones establecidas por organismos internacionales como parte de las negociaciones para la condonación de la deuda externa de Honduras durante el gobierno de Manuel «Mel» Zelaya Rosales (2006-2009), quien, según críticos, se atribuye erroneamente haberla propuesto.

En este periodo, Honduras buscaba acogerse a la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), que implicaba la reducción significativa de su deuda externa a cambio de compromisos específicos para mejorar la gobernanza y la transparencia en la gestión pública.

La condonación, que se concretó en 2007, significó un alivio de $ 3,900 millones, un 67% del total, que rondaba los $5,800 millones.

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