Tegucigalpa. El nombre del expresidente hondureño Manuel “Mel” Zelaya podría figurar en el juicio por narcoterrorismo que se sigue en Estados Unidos contra el exdictador venezolano Nicolás Maduro, por supuestamente haber recibido financiamiento ilícito del gobierno del extinto gobernante Hugo Chávez.

El señalamiento no proviene de una investigación en Honduras ni de una acusación directa contra Zelaya, sino de uno de los principales delatores del caso venezolano: Hugo Armando “El Pollo” Carvajal, exjefe de Inteligencia y Contrainteligencia Militar durante el chavismo, hoy acusado confeso y potencial testigo clave del gobierno estadounidense.

Carvajal fue durante años uno de los hombres más poderosos del aparato de seguridad de Hugo Chávez. Desde su cargo de inteligencia tuvo acceso a reportes internos sobre operaciones militares, alianzas políticas y, según la acusación estadounidense, la coordinación entre el Estado venezolano y redes de narcotráfico vinculadas a las FARC.

En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyó como coacusado en la misma causa penal en la que imputó a Nicolás Maduro por liderar una conspiración de destinada a introducir cocaína en territorio estadounidense.

Carvajal sí terminó bajo custodia estadounidense. Fue extraditado en 2023 y, el 25 de junio de 2025, se declaró culpable ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico, narcoterrorismo y armas.

Con esa decisión, pasó de coacusado a acusado cooperante, una figura clave en el sistema penal de Estados Unidos que permite a la fiscalía utilizar su testimonio contra otros implicados que no han aceptado cargos.

Aunque hasta ahora no ha sido anunciado oficialmente como testigo en el juicio contra Nicolás Maduro, la condición procesal de Hugo “El Pollo” Carvajal lo coloca en una posición clave para convertirse en uno.

Al aceptar cargos dentro de la misma acusación federal en la que también fue imputado Maduro, Carvajal dejó de ser un acusado que enfrentaría juicio y pasó a ser un acusado cooperante, una figura habitual en el sistema penal estadounidense.

En términos jurídicos, esto implica que reconoció su responsabilidad penal en los hechos descritos por la fiscalía y, a cambio, puede aportar información sustancial sobre la estructura de la conspiración, los roles de otros implicados y los mecanismos utilizados para cometer los delitos.

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De acuerdo con lo publicado por el medio español The Objective, en el octubre de 2025, en el marco de esa declaración de culpabilidad y de su cooperación con la justicia estadounidense, Carvajal habría expuesto ante autoridades judiciales y fiscales de Estados Unidos que el chavismo utilizó durante años fondos del Estado venezolano, principalmente de la petrolera PDVSA, para financiar proyectos políticos y movimientos de izquierda en distintos países de América Latina y Europa.

Según ese medio, el exjefe de inteligencia sostuvo que, mientras estuvo al frente de los servicios de inteligencia militar, recibió reportes internos que señalaban a varios líderes regionales como receptores de ese financiamiento ilícito, entre ellos el expresidente hondureño Manuel “Mel” Zelaya, a quien menciona como parte de ese esquema de apoyo político internacional impulsado desde Caracas durante el gobierno de Hugo Chávez.

Carvajal ejerció como director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela entre 2004 y 2011, durante los años de mayor consolidación del poder de Hugo Chávez, quien gobernó el país entre 1999 y 2013. Ese período coincide temporalmente con el mandato de Manuel “Mel” Zelaya como presidente de Honduras, entre 2006 y 2009, etapa en la que Zelaya estrechó su relación política con Chávez e incorporó a Honduras a iniciativas regionales impulsadas desde Caracas, como Petrocaribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Antes, en 2021, Zelaya había rechazado haber recibido fondos ilícitos de Caracas, pues esta es una versión que anteriormente había circulado, pero sin atribuirse a una fuente ligada directamente del chavismo.

 “No recibimos nunca ni un solo centavo del comandante Hugo Chávez Frías”, dijo Zelaya en su cuenta de X.

A ese escenario se sumaron las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, realizadas en agosto de 2025, cuando afirmó públicamente que su despacho investigaba la existencia de un “puente aéreo” del narcotráfico que saldría de Venezuela y utilizaría rutas en Centroamérica, incluyendo Honduras, para el traslado de cocaína hacia Norteamérica.

Bondi sostuvo que esas operaciones habrían sido facilitadas mediante pagos y sobornos a funcionarios locales, con el objetivo de garantizar el tránsito de aeronaves sin interferencia de las autoridades.

Aunque la fiscal no mencionó nombres concretos de políticos hondureños, sus declaraciones situaron al país dentro del mapa de las investigaciones estadounidenses contra el entorno de Nicolás Maduro.

Tras esas afirmaciones, Manuel “Mel” Zelaya rechazó de forma categórica cualquier implicación, negando que Maduro haya pagado sobornos a funcionarios hondureños o que su gobierno estuviera vinculado a redes de narcotráfico, y calificó los señalamientos como infundados y parte de una estrategia de presión política y militar de Estados Unidos contra Venezuela.

. Nicolás Maduro comparece este lunes ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se le dará lectura formal a los cargos que enfrenta por cuatro delitos relacionados con narcotráfico y armas.

La audiencia se produce tras su arresto en la madrugada del 3 de enero en Caracas, durante una operación militar ejecutada por fuerzas de Estados Unidos, que culminó con su traslado inmediato a territorio estadounidense. Junto a Maduro, su esposa también figura imputada en la misma causa, como parte de la estructura que, según la fiscalía, habría participado en la conspiración criminal investigada por el Departamento de Justicia.

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