El expresidente Porfirio Lobo Sosa se defendió de un requerimiento en su contra que presuntamente dejó antes de su salida la MACCIH (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) por su supuesta participación en el caso de narcopolítica. En declaraciones a ICN Digital, Lobo afirmó: “Yo me apersoné a la MACCIH para emplazar a Luiz Antonio Guimarães Marrey, exvocero de la MACCIH”.

El exmandatario negó haber instado a la creación de empresas, argumentando que los Cachiros, liderados por Devis Rivera, ya operaban desde la década de los 90 y fueron contratados durante la presidencia de Manuel “Mel” Zelaya Rosales. «Un presidente no otorga contratos; son las secretarías las que se encargan de eso», afirmó Lobo, refiriéndose a la controversia sobre el contrato de la empresa INRIMAR, que obtuvo 21 contratos del Estado para proyectos en Olancho que nunca se llevaron a cabo. Según la Fiscalía de Estados Unidos y las investigaciones de la MACCIH, estos contratos formaron parte de un esquema para lavar activos de narcotraficantes utilizando entidades del Estado.

El expresidente también se pronunció sobre la condena de su hijo, Fabio Lobo, quien recibió 24 años de prisión por sus vínculos en el caso de narcopolítica. Lobo Sosa aseguró que no se puede responsabilizar a un adulto por sus acciones, a pesar de que la relación de Fabio con el narcotráfico lo llevó a cumplir nueve años en prisión y, en septiembre de 2024, a obtener libertad supervisada tras un acuerdo de cooperación en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández.

Finalmente, Lobo Sosa solicitó una investigación sobre las acciones de la MACCIH durante su breve misión en el país (2016-2020), donde presentó 12 casos. «No hay evidencia en mi contra; más bien, deberían indagar sobre la MACCIH y su legado», concluyó. Además, resaltó que INRIMAR también había contratado con el gobierno de Zelaya, lo que pone en duda la legalidad de las acusaciones en su contra.