La política de esterilización forzada en Perú durante la década de 1990 constituyó violencia y discriminación por razones de género, especialmente contra mujeres indígenas y de bajos recursos, según indicó un comité de la ONU el miércoles.

La esterilización forzada formó parte de un programa de planificación familiar implementado por el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas señaló que cientos de miles de personas, en su mayoría mujeres, se vieron afectadas, y advirtió que «la esterilización forzada de forma generalizada o sistemática podría constituir un crimen de lesa humanidad».

El comité de 23 miembros revisó una demanda conjunta presentada por cinco víctimas que fueron esterilizadas forzadamente entre 1996 y 1997.

Graves consecuencias

Las víctimas afirmaron que las esterilizaciones forzadas tuvieron consecuencias graves y permanentes para su salud física y mental, señaló en un comunicado.

Las mujeres, que llevaron su caso ante el comité en 2020, describieron un patrón consistente de coerción, presión o engaño para someterse a las esterilizaciones en clínicas sin infraestructura adecuada ni personal capacitado, explicó Leticia Bonifaz, miembro del comité, en el comunicado.

Los procedimientos se realizaron sin el consentimiento informado de estas víctimas. Algunas de ellas no sabían leer ni hablar español o no comprendían la naturaleza del procedimiento, detalló.

• Ataque sistemático y generalizado –

El comité describió el caso de una víctima del pueblo de Pichgas, en el departamento de Huánuco (centro norte).

La mujer afirmó ser analfabeta y no haber firmado nada, dijo que la sedaron y que, al despertar, las enfermeras le dijeron: «Ya no tendrás hijos, te hemos curado».

Sentía fuertes dolores en el abdomen pero la dieron de alta de inmediato y tuvo que caminar de regreso a casa sin cuidados postoperatorios, se indicó en el comunicado.

Cuando su esposo se enteró de que había sido esterilizada, la abandonó, detalló el texto.

Violación de Estado

El comité determinó que el programa constituía violencia basada en el género contra las mujeres.

Aunque Perú argumentó que el programa de esterilización era parte de una política de salud reproductiva más amplia, los expertos destacaron que solo 25.000 hombres fueron esterilizados forzosamente, en comparación con más de 300.000 mujeres.

El comité determinó que la esterilización forzada fue una forma de violencia basada en el sexo contra las mujeres, dado que las esterilizaciones masculinas y femeninas difieren sustancialmente en la naturaleza de la intervención y los riesgos quirúrgicos asociados.

También señaló que las víctimas fueron esterilizadas por personal médico no especializado y en condiciones sanitarias inadecuadas.

El comité, que emite opiniones y recomendaciones sin carácter vinculante pero con peso reputacional, concluyó que el programa representó discriminación interseccional.

Las esterilizaciones forzadas se llevaron a cabo como parte de un ataque sistemático y generalizado contra mujeres rurales e indígenas, añadió Bonifaz.

Los expertos denunciaron la falta de investigación adecuada por parte de Perú sobre estas violaciones y la falta de compensación a las víctimas de esterilización forzada, e instaron al país a rectificar esta situación e implementar un programa de reparación integral para las víctimas.