Tras el asesinato de cinco jóvenes en la colonia Mirador de Oriente en la capital, la policía abrió una línea telefónica para reportar desplazamientos forzados por maras o pandillas. Las familias obligadas a abandonar sus hogares pueden comunicarse al 8891-8114.
DENUNCIA, LA VIOLENCIA NO DEBE DAR MARCHA 🤚🏻☎️ pic.twitter.com/x1muYGwIEe
— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) July 10, 2024
En Honduras, el desplazamiento forzado afecta gravemente a la población. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, 247,000 personas han sido desplazadas, con un 55% de mujeres y un 43% de niños y adolescentes. La Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia en Honduras (CIPPDV) señala que el 68% de los propietarios desplazados sufrieron la apropiación, destrucción, abandono o venta de sus propiedades. Solo el 32% logró conservarlas tras el desplazamiento.
En 2022, el Congreso Nacional aprobó la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas, y en marzo de 2023, la presidenta Xiomara Castro sancionó esta normativa, poniendo en vigencia una herramienta jurídica para combatir este flagelo. La ley incluye sanciones para quienes promuevan este delito y planes de reinserción para las víctimas, muchos de los cuales son menores de edad que han tenido que abandonar sus estudios debido al desplazamiento.