San Salvador, 11 nov (EFE).- Un grupo de salvadoreños pidieron este martes a la Corte Suprema que declare inconstitucional el decreto que permite el régimen de excepción en El Salvador. Esto para acabar con una medida que, aseguran, ha generado “capturas arbitrarias de miles” de personas y “múltiples violaciones a derechos humanos” como parte de la lucha contra las pandillas.

Los salvadoreños, familiares de personas detenidas durante dicho régimen, acompañaron a representantes de la organización no gubernamental Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) en una movilización que concluyó en la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en San Salvador, donde se presentó un escrito con la solicitud.

Durante el régimen de excepción, en vigor desde marzo de 2022, se reporta más de 87.100 detenciones de supuestos pandilleros y supuestas personas ligadas a estas bandas, de las que unas 8.000 correspondería a personas inocentes, según ha admitido el gobierno. Diversos analistas señalaron que también se utilizó para tratar de acallar voces críticas.

Samuel Ramírez, coordinador de Movir, explicó a EFE que este escrito es el segundo que se presenta ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ, el primero fue presentado en agosto pasado sin que hayan tenido una respuesta o resolución, comentó.

“La razón por la que estamos presentado este nuevo recurso es porque ya el régimen ya no es necesario en este país. Ya cumplió con su función, que fue, supuestamente, erradicar a las pandillas”, dijo

Ramírez señaló que también la implementación de la medida de excepción “ha socavado” el Estado de derecho, ya que “aquí (en El Salvador) las leyes se cambian a como quiera el presidente”.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el pasado 30 de octubre la 44 ampliación del régimen de excepción, bajo la justificación “de la aún existencia de grupos terroristas que de no erradicarse por completo su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos”, según el decreto legislativo.

Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas. Además, reportan más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.

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