Organizaciones feministas y de mujeres se movilizaron este martes hacia el Ministerio Público en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, exigiendo al sistema judicial del país y a la presidenta Xiomara Castro hacer justicia ante la muerte violenta de más de 360 mujeres en lo que va del año.

La movilización, bajo el lema «No quiero ser una cifra», estuvo integrada por el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Asociación Calidad de Vida, Tribuna de Mujeres Gladys Lanza y otros colectivos organizados de mujeres.

Según registros preliminares del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), al mes de octubre de 2023 han ocurrido 333 muertes violentas de mujeres y femicidios.

A pesar de que el Ministerio Público ha presentado más de 1,300 requerimientos fiscales por violencia doméstica en lo que va del año e impulsado 29 investigaciones sobre muertes violentas de mujeres y femicidios, no hay información pública sobre si estas acciones han llegado a la etapa de judicialización y sentencia, que de acuerdo a las mujeres organizadas, es donde realmente se adjudica la justicia.

Las activistas se declararon hartas de la injusticia y violencia, de promesas fallidas y de la falta de voluntad y compromiso político de quienes toman las decisiones en los tres poderes del Estado, a quienes calificaron de indolentes, ciegos y sordos ante las demandas y propuestas de las organizaciones feministas para poner un alto a la violencia e impunidad.

Dentro de las exigencias de las organizaciones, solicitaron enérgicamente que la Secretaría de la Mujer cumpla con su papel de rector de la política de estado de la mujer y sea vigilante del cumplimiento de políticas públicas que garanticen una respuesta integral a las mujeres víctimas y sobrevivientes del violencia; al Ministerio Público demandaron la creación de una unidad élite especializada en muertes violentas de mujeres y femicidios, con recursos suficientes, formación y equipo cuya prioridad sea la investigación de los casos postergados históricamente.

Al Poder Judicial, las mujeres exigieron reducir la mora judicial en los casos de violencia doméstica, maltrato familiar y femicidios; y al Congreso Nacional, cuyas sesiones legislativas se encuentran actualmente paralizadas, demandó reformas al Código Penal para castigar todo delito que atente contra la integridad física, emocional y mental de las mujeres, jóvenes y niñas, así como la aprobación de la Ley de Casas Refugio como medida de protección para las mujeres que huyen de sus hogares para salvaguardar sus vidas.

En el apartado número 5 del plan de gobierno que Xiomara Castro presentó durante su campaña, se detalla el plan de trabajo en materia de género y calidad de vida de las mujeres y niñas en Honduras, que incluye trabajar políticas públicas desde la perspectiva de género.

Otras propuestas claramente detalladas en este documento son aumentar el presupuesto para salud sexual y reproductiva, despenalizar el aborto por tres causales, implementar la educación sexual integral en todos los niveles educativos y crear refugios para mujeres y niños sobrevivientes de violencia. No obstante, una buena parte de estas propuestas no se han cumplido o se han cumplido parcialmente hasta la fecha.

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