- Los expedientes fueron “sepultados” por el anterior pleno de comisionados de esa unidad, pues ni siquiera fueron entregados al Ministerio Público, pero las autoridades aseguran que están a disposición de los entes contralores
- Expertos difieren sobre la conveniencia de una nueva ley que le dé las facultas a la UPL para investigar el origen de los fondos usados en campaña
Los débiles controles que impone la Unidad de Política Limpia (UPL) para evitar que dinero de dudosa procedencia sea destinado a financiar campañas son de tal magnitud que ciudadanos inscritos como fallecidos en el Registro Nacional de las Personas (RNP) han figurado como financistas de candidatos.
Las aportaciones del “más allá” ocurrieron en 2021, cuando se realizaron las elecciones internas y generales, según un informe elaborado por el pasado pleno del UPL, que terminó sus funciones en 2023, dijo el actual comisionado de esa entidad, Emiliano Hernández.
“Increíblemente, en las elecciones anteriores (2021) personas que están fallecidas aparecieron como aportantes y eso es inaceptable”, expresó.
Hernández evitó referirse a qué candidatos o partidos recibieron los recursos de este tipo de fuentes ni las cantidades que se transfirieron.
“Enterraron” los archivos
Aseguró que “la gran mayoría” de los informes sobre anomalías en el financiamiento de campañas, que incluye lo referente a los aportantes muertos, “se remitieron a archivos” por el pleno pasado.
Pero dijo que los documentos están a disposición de los entes de investigación, pues, “que yo sepa”, no se hizo ninguna denuncia del caso.
En las elecciones generales de 2021, en las que resultó electa como presidenta la izquierdista Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre), participaron 14 partidos políticos.
En ese proceso se erogaron unos mil millones de lempiras en campaña, de acuerdo con la UPL.
ICN digital llamó al excomisionado de la UPL, Javier Franco, para conocer porqué no envió la documentación de las irregularidades a la Fiscalía, pero no respondió su teléfono celular.
Que los muertos se queden muertos
Para evitar que este tipo de anomalías se repitan en las elecciones primarias y generales de 2025, Hernández indicó que se acordarán alianzas con el Registro Nacional de las Personas y el Servicio de Administración de Rentas (SAR), para constatar que los aportantes son personas o empresas reales y que tienen capacidad para financiar campañas.
“Una de las claves para evitar que personas con fondos inciertos aporten a campañas es validar las empresas (aportantes) con el SAR, verificar que no sean de maletín, que pagan impuestos y que generen ganancias”, explicó.
Ante ese escenario, el abogado Dennis Gallegos, experto en derecho penal y administración pública, sugiere que la Ley de Política Limpia debe ser armonizada con la Ley contra el Lavado de Activos.
“Los donantes deben justificar la legalidad de sus fondos, por eso debería de haber un ente especializado de aprobación de fondos”, indicó el profesional del derecho.
De igual manera, sugirió que el techo de financiamiento para cada candidato sea inferior al salario que se percibe en el cargo para el que aspire.
De tal suerte que, por ejemplo, “un diputado no erogue en campaña más del 30% de lo que percibiría de salario en durante los cuatro años que dura su función”. El salario de un diputado ronda los 90 mil lempiras.
Las cifras máximas para gastos de campaña son establecidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Origen de la Unidad de Política Limpia
La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, conocida como Unidad de Política Limpia, fue creada en 2016 como una medida para enfrentar los problemas de corrupción y falta de transparencia en la política hondureña.
Su establecimiento se produjo en un contexto crítico, después de que trascendiera el uso de dinero proveniente del desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para financiar la campaña del Partido Nacional en 2013.
De acuerdo con la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, que también data de 2016, la UPL es un órgano desconcentrado del CNE que tiene el objetivo de supervisar las finanzas de los candidatos y partidos políticos.
Ley sin cerrojos
De acuerdo con la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, que también data de 2016, la UPL es un órgano desconcentrado del CNE que tiene el objetivo de supervisar las finanzas de los candidatos y partidos políticos.
Aportaciones que supervisa la UPL (en dinero o especie):
- Aportaciones privadas
- Aportaciones públicas
- Dinero de colectas
Las personas naturales sólo pueden realizar aportaciones monetarias que equivalgan hasta (200 salarios mínimos y, las personas jurídicas sólo pueden aportar hasta el equivalente a 1000 salarios mínimos.
En concreto, está encargada de revisar el origen, monto y destino de los recursos públicos y privados que manejen los sujetos obligados, como se les denomina a los candidatos, precandidatos, partidos políticos, alianzas.
Pero su normativa no establece los mecanismos precisos para verificar si esos fondos fueron generados mediante actos irregulares.
Más de dos mil millones en campañas
Este organismo ha auditado los gastos propagandísticos de las elecciones primarias y generales de 2017 y las generales de 2021.
En estos tres procesos electorales se erogaron unos 2,250 millones de lempiras, de los cuales 900 millones fueron gastados en las generales de 2017, mientras que en las primarias de 2021 hubo un gasto de 350 millones, y para las generales de ese año el flujo ascendió a cerca de 1,000 millones, de acuerdo con una auditoría de la Unidad de Política Limpia.
En el área en la que esta entidad asegura que ha mejorado efectivad ha sido en elevar el cumplimiento que tienen los denominados sujetos obligados de presentar sus informes de estados financieros.
Para las elecciones generales 2017, entregaron sus reportes 1,461 sujetos obligados, cifra que se elevó a 3,260 para los comicios de 2021, indica el informe “Rendición de cuentas de ciclo de 6 años de la Unidad de Política Limpia 2017-2023”.
“Así, de un cumplimiento de rendición de cuentas de menos del 40% en la elección general de 2017, se pasó casi al 70% de cumplimiento en la elección general de 2021”, indica el documento.
Estos informes deben contener todas las operaciones contables, como ser los ingresos por financiamiento público y privado, así como colectas, así como los ingresos.
De igual manera, se analiza que los partidos no excedan el límite de los gastos de campaña que establece en Consejo Nacional Electoral para cada proceso.
Por no presentar los registros, esta unidad sancionó a 1,753 sujetos obligados, aunque no se especifica la multa global que se aplicó. Las sanciones van desde 50 a 100 salarios mínimos.
Fallida limpia
En un escrito hecho en febrero pasado por Gustavo Irías, director del Centrode Estudio para la Democracia, titulado “El fallido sistema de control del financiamiento ilícito electoral en Honduras, núcleo central de la macrocorrupción política”, este analiza que la Unidad de Política Limpia no presentó nunca evidenció un avance para enfrentar este fenómeno.
“Sus procesos de fiscalización y los informes generados no han significado un punto de inflexión en el tema de la corrupción político electoral; prácticamente el financiamiento de las campañas políticas en el país, a pesar de la existencia de una ley, carecen de control”, expresó.
No obstante, el comisionado Hernández consideró que la propuesta de la nueva ley de fiscalización de campañas, cuyo anteproyecto fue enviado al Congreso, contiene elementos que sí permitirán hurgar para determinar si no los recursos no fueron generados con actividades reñidas con la ley, aunque no amplió en qué consiste.
Raúl Pineda cree que se debe de evitar de caer en el “fetiche de nuevas leyes” o la “idolatría de nuevos organismos”, cuando lo que se necesita es mejorar los controles para que las instituciones estén conformadas por personas probas.
“Hay un famoso abogado de apellido Rocco que dice que, si hay una mala ley y buenos operadores, me quedo con la mala ley; de nada sirve una buena ley con malos operadores”, expuso.
Consideró que las campañas políticas solo se deberían de desarrollar durante un mes antes de los comicios, ya que así se reducirían costos y los candidatos asumirían menos compromisos con activistas y financistas.
Poco dinero
Otro lastre que ha tenido la UPL es su limitado presupuesto. En su primer año de funcionamiento se le aprobó una partida de 5 millones, la que para 2024 se elevó a 51 millones.
Presupuestos Anuales de la Unidad de Política Limpia (2017-2023)
A continuación, se presenta un resumen de los presupuestos asignados a la Unidad de Política Limpia durante el período de 2017 a 2023. Es importante señalar que las cifras no incluyen las partidas extraordinarias aprobadas para elecciones generales e internas.
Resumen de Presupuestos por Año
- 2017: L 5 millones
- 2018: L 5 millones
- 2019: L 12 millones
- 2020: L 18 millones
- 2021: L 36 millones
- 2022: L 51 millones
- 2023: L 51 millones
Sus casi 380 empleados consumen un 70% de esa partida, lo que limita contarle las costillas a los partidos políticos y candidatos. Aunque cuando se realizan elecciones, se le aprueba un presupuesto adicional, que rinda los 100 millones de lempiras.
Feudo político
Los comisionados de la UPL son escogidos por seis años en el Congreso Nacional mediante elección de segundo grado. Desde su creación, sus rectores han sido personas que obedecen al interés de los tres partidos mayoritarios, Liberal, Nacional y Libertad y Refundación.
Para el primer sexenio 2017-2023 fueron electos como comisionados Javier Franco (Partido Liberal), German Espinal (Libre) y Alva Rivera (Partido Nacional).
Y el nuevo pleno, que asumió en marzo de 2023, está integrado por Ivonne Ardón) Liberal), Emilio Hernández Hércules (Nacional) y Julio Vladimir Mendoza (Libre).
Sobre estos politizados nombramientos y las limitadas capacidades de la UPL, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, dice que los partidos necesitan que se mantenga así, para que la lupa del organismo tenga una mala graduación y el dinero sucio de las campañas esté fuera de foco.
“No hay interés de fortalecer la unidad, eso sería darles herramientas para la veeduría, para los controles”, remarcó.
Si a la clase política le interesara que exista una fiscalización fuerte del financiamiento de la promoción electoral, entonces comenzaría por auditar el dinero de las campañas que se gasta en zonas fronterizas, en donde se ha detectado que los narcotraficantes hacen poderosos aportes a aspirantes, indicó Castellanos.
Las reflexiones de estos analistas surgen en medio de una nueva crisis política generada tras la revelación la semana pasada de un video que data de 2013 en el que se muestra al todavía secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, negociando con narcotraficantes el pago de 650 mil dólares para gastos de campaña de Libre.
Cuando sucedió este hecho, la candidata de Libre era la hoy presidenta Castro.
Tania