En la pared descascarada de un puente peatonal al centro de Tegucigalpa alguien escribió, con pintura en aerosol rojo, la frase «RIXI YA GANÓ». No es un grafiti cualquiera, sino el eco visual de una campaña oficial que, desde los portales estatales hasta los noticieros de canal ocho, insiste en la inevitabilidad de la victoria de Libertad y Refundación (Libre). Faltan seis meses para las elecciones generales del 30 de noviembre y esa certeza temprana, repetida como mantra por el oficialismo, huele a pólvora.

La tensión no se limita a las pintas. Dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) –órgano tripartito creado para impedir que un solo partido capture la logística del voto– hoy conviven tres apuestas irreconciliables. Ana Paola Hall, designada por el Partido Liberal (PLH), será la presidenta del organismo durante la fase crítica del proceso a partir de septiembre. La abogada Cossette López, del Partido Nacional (PN), ostenta la presidencia saliente y seguirá en la Secretaría. Completa el pleno Marlon Ochoa, representante de Libre y operativo de la candidata Rixi Moncada, quien ha encabezado las críticas al modelo propuesto del TREP y ha sido la voz más activa en advertir un posible retroceso hacia prácticas de 2017.

Durante las primarias del 9 de marzo pasado —ensayo general que costó 1.737 millones de lempiras— el TREP (sin intervención humana) naufragó en varios departamentos. El enlace de resultados se cayó en Atlántida; en Olancho, 23 % de las actas llegaron con más de doce horas de retraso, y en Cortés circularon boletas sin firma ni sello. El pleno del CNE tardó casi una semana en oficializar cifras, pese a que la ley le concede 24 horas. Esa demora, junto al fiasco del transporte de las urnas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, puso en evidencia las tensiones internas dentro del CNE: el consejero Marlon Ochoa cuestionó públicamente la gestión administrativa encabezada por Cossette López, señalando deficiencias operativas y falta de coordinación; por su parte, López atribuyó los problemas a decisiones tomadas sin consenso pleno, particularmente en la contratación de proveedores externos.

Ese ambiente de guerra fría explica la batalla actual. PN y PL sostienen que dejar la etapa crítica del TREP en modo automático —con la información saliendo en vivo desde cada Junta Receptora de Votos— sería “entregarle el botón rojo” a Libre. Temen un escenario a lo venezolano: durante las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro poco después de la medianoche, sin haber recibido información detallada mesa por mesa, mientras la oposición —Edmundo González y María Corina Machado— indicaba que sus propios conteos internos sugerían una victoria opositora. El contraste entre una declaración oficial rápida y la falta de transparencia propició una crisis política que persiste meses después. En Honduras, ese mismo temor asoma: que Libre, con control operativo del sistema, pueda declarar una victoria temprana sin respaldo público completo y ganar la narrativa aún si el conteo final difiere. Cuando el poder instala primero la versión oficial, ¿qué margen queda para la verificación ciudadana?

Para blindarse, nacionalistas y liberales proponen un «centro de verificación» en Tegucigalpa: cada acta viajaría —física y digitalmente— hasta allí, sería escaneada por técnicos acreditados por los tres partidos y recién entonces se volcaría a los servidores públicos. “No es un retorno al 2017 —insiste Mario Segura, jefe de la bancada liberal en el Congreso—; es el candado que impide proclamas unilaterales”.

Libre responde que el centro de verificación es, justamente, la máquina del fraude de 2017: la madrugada en que el TREP se detuvo y el marcador dio un vuelco a favor de Juan Orlando Hernández. “Cada kilómetro que recorre una maleta de actas es una tentación”, repite Marlon Ochoa en su gira de medios. Para el oficialismo, la solución es transmisión directa, portal espejo en línea y copia automática para las misiones de la OEA y la UE.

Los observadores extranjeros recitan un mantra distinto: el problema no es el filtro humano per se, sino la trazabilidad completa de la cadena. IDEA Internacional señala que, si el punto de verificación queda bajo escrutinio multilateral y cada imagen se publica menos de sesenta segundos después de escaneada, el riesgo de manipulación baja dramáticamente. Pero esa ingeniería de confianza exige fondos y una burocracia que hoy se disparan mutuamente.

La disputa, por ahora, se juega en el terreno simbólico. Libre agita encuestas internas que la sitúan una decena de puntos por delante de sus rivales y anuncia que la “segunda victoria” ya es irreversible; el Partido Liberal contraataca con sondeos propios donde Rixi Moncada ni siquiera roza el segundo lugar, y advierte que cualquier proclamación temprana será “el fraude más descarado de la era democrática”. Desde los altavoces nacionalistas se replica la misma sospecha. Entre tanto, las pintas «RIXI YA GANÓ» proliferan en Tegucigalpa, mientras la Fiscalía de Delitos Electorales, con un presupuesto insuficiente, observa en silencio una guerra de cifras que amenaza con convertirse en guerra de legitimidades.

¿Es posible reeditar el 2017? Los consultores que diseñaron el TREP 2021 aseguran que la red de fibra y los módulos de autenticidad impiden intervenciones masivas sin dejar huella digital. Pero advierten que el fraude moderno rara vez altera bits: altera tempos. Bastan tres horas de vacío informativo para que un candidato se proclame vencedor y obligue a los demás a litigar la realidad a contramano. En Venezuela –recuerda el politólogo Luis Lander– “se perdió la democracia por la ventana entre el cierre de las urnas y la rueda de prensa oficial”.

En Honduras, esa ventana de ambigüedad se llama centro de verificación. Si se aprueba, el Partido Nacional y el Partido Liberal sentirán que al menos han puesto un candado narrativo: que el micrófono no cambiará de manos antes de tiempo. Si se descarta, Libre celebrará haber blindado la transmisión directa, convencido de que cerró de una vez por todas la herida del 2017. Pero en cualquiera de los dos escenarios, el puente peatonal seguirá allí, pintado con un mensaje que pretende adelantarse a la historia. En los años duros de la resistencia, se repetía una consigna: “cuando los medios callan, las paredes hablan”. Pero en tiempos de polarización total, también las paredes pueden mentir. Y quizá, cuando amanezca el 1 de diciembre, despertemos en un país donde todos reclaman haber ganado y nadie sabrá ya a quién creerle.