El martes 25 de junio, en una corte federal de Nueva York, el general retirado del ejército bolivariano de Venezuela, Hugo “El Pollo” Carvajal se declaró culpable de narcotráfico y colaboración con grupos armados ilegales. La noticia pasó relativamente desapercibida, pero representa una bomba de tiempo en varios círculos políticos de América Latina. No solo por la magnitud de sus delitos, sino por el potencial explosivo de sus confesiones.

Carvajal no es un nombre menor. Fue jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela,  uno de los hombres más poderosos y temidos del chavismo, con acceso directo a Hugo Chávez y, por años, arquitecto de la estrategia de penetración del régimen venezolano en América Latina. Su apodo —“El Pollo”— lo hacía parecer inofensivo. Pero fue uno de los brazos más eficaces del poder paralelo que operó al margen de la ley en Latino América, facilitando el transporte de cocaína, colaborando con las FARC, y, todo esto según el Departamento de Justicia de EE.UU., convirtiéndose en pieza clave del llamado “Cártel de los Soles”.

El giro dramático ocurrió este martes, cuando Carvajal —extraditado desde España en 2023— se presentó ante el juez Alvin Hellerstein y aceptó su culpabilidad por cuatro cargos relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas. Admitió haber coordinado envíos de toneladas de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos, y reveló que el Estado venezolano participaba directamente en esas operaciones de narcotráfico, muchas de ellas en colaboración con las FARC.

Lo que hace especialmente relevante esta confesión es que no se trata de un criminal marginal o un capo de bajo perfil. Carvajal fue general de división, diplomático, y jefe de la inteligencia de un Estado. Su declaración, por tanto, no solo implica delitos individuales, sino que denuncia la existencia de un narcoestado funcional, donde el poder político, militar y criminal convergían.

Pero el capítulo más delicado para Centroamérica se encuentra en las declaraciones previas que Carvajal entregó a la justicia española en 2021, cuando aún luchaba por evitar su extradición. En ese momento, como parte de una estrategia para ganar indulgencia ante la Audiencia Nacional, Carvajal compartió documentos y testimonios en los que afirmaba que el chavismo había financiado campañas políticas de líderes afines en toda América Latina. Entre los nombres que mencionó estaba el del expresidente hondureño Manuel Zelaya Rosales.

Según los documentos filtrados en ese momento, el régimen venezolano habría enviado “maletas con dinero” a varios países, incluyendo Honduras, para apoyar la llegada al poder de aliados ideológicos. El objetivo no era otro que ampliar la esfera de influencia del proyecto bolivariano y tejer una red de gobiernos leales. Zelaya, quien se integró al ALBA y a Petrocaribe durante su mandato, habría sido —según Carvajal— uno de los beneficiarios de esa estrategia.

Zelaya respondió en su momento con vehemencia. Negó categóricamente haber recibido financiamiento del chavismo. “No recibimos ni un solo centavo del comandante Hugo Chávez Frías”, escribió en redes sociales, calificando la acusación como una maniobra política sin fundamentos. Desde entonces, el tema había quedado latente, enterrado entre otros escándalos y olvidado por la justicia local.

Pero ahora que Carvajal ha aceptado su culpabilidad ante una corte de Nueva York, y que la Fiscalía del Distrito Sur lo reconoce como parte clave de un sistema estatal criminal, todas sus declaraciones anteriores adquieren otro peso. Ya no se trata de la palabra de un militar fugitivo tratando de ganar tiempo en Europa. Se trata de la confesión de un alto funcionario venezolano que está colaborando con la justicia estadounidense y que, según los fiscales, podría aportar información sobre una red más amplia de complicidad internacional.

El caso no implica directamente al expresidente Zelaya en cargos criminales —al menos por ahora—, pero reaviva una sospecha que nunca fue completamente despejada. Y en un contexto político como el actual, donde el Partido Libre gobierna Honduras con Zelaya como figura central del poder informal, las consecuencias podrían ser profundas. Porque no es solo el pasado lo que vuelve, sino el presente el que se ve ensombrecido por la duda.

¿Recibió Zelaya apoyo financiero del chavismo en 2008? ¿Existieron esas maletas diplomáticas que, supuestamente, ingresaron a Tegucigalpa? ¿Fueron fondos oficiales del gobierno venezolano canalizados a partidos hondureños? Ninguna de esas preguntas ha sido respondida judicialmente. Y mientras el sistema de justicia hondureño ha permanecido pasivo ante estas acusaciones, es en Estados Unidos donde podrían comenzar a aparecer respuestas más incómodas.

Carvajal, como otros antes que él, ha descubierto que la única salida ante una cadena perpetua es cooperar. Y si empieza a dar nombres y entregar pruebas, es muy probable que lo haga en busca de reducir su condena. Ya lo intentó en España, sin éxito. Ahora, con los fiscales de Nueva York, podría hacerlo en serio.