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El jefe de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández hizo el pasado 14 de enero una declaración, en un evento público en San Pedro Sula, que resonó demasiado a un debate que ya tuvimos hace diez años y que tuvo consecuencias desastrosas. “Tenemos un problema, el escudo aéreo… ahora no podemos nosotros derribar los aviones (cargados de droga) y eso nos cuesta la vida de miles de hondureños por cada cargamento que cae aquí en nuestro país,” dijo. Sus palabras, cargadas de frustración, parecen un espejo de los argumentos que Juan Orlando Hernández, entonces presidente de Honduras, presentó en 2014, cuando defendió la aprobación de la Ley de Exclusión Aérea. Pero hoy, con el exmandatario encarcelado en Estados Unidos, acusado de nexos con el narcotráfico, la declaración del general adquiere matices peligrosos.

La Ley de Exclusión Aérea fue aprobada en 2014 en un clima de urgencia y tensión. Honduras, un punto crucial en la ruta del narcotráfico, buscaba controlar su espacio aéreo frente a la avalancha de avionetas que transportaban drogas desde Sudamérica, principalmente Venezuela y Colombia, hacia el norte. Juan Orlando Hernández defendió la legislación como un acto de soberanía: “¿Qué haría Estados Unidos si un avión no autorizado entrara a Washington? Lo derribaría. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros,” comentó en aquel entonces.

La aprobación de aquella la ley generó tensiones inmediatas con Estados Unidos. William Brownfield, zar antidrogas del país norteamericano, viajó a Honduras para expresar su preocupación por los riesgos de derribar aeronaves civiles que pudieran transportar “inocentes.” En su visita a Tegucigalpa, Brownfield instó a Honduras a considerar las consecuencias de un error fatal. “Todos queremos neutralizar a los narcotraficantes, pero también debemos evitar daños colaterales,” señaló.

La aplicación de la ley de Exclusión Aérea no tardó en generar incidentes. En un caso emblemático, una avioneta sospechosa fue derribada cerca de la costa hondureña. Según informes no confirmados, la aeronave transportaba dos agentes encubiertos de la DEA, lo que provocó una crisis diplomática entre Honduras y Estados Unidos. Aunque el gobierno hondureño nunca confirmó oficialmente los detalles (hasta ahora, que lo confirma el general Roosevelt Hernández, si es que habla de aquel incidente y no de otro, más reciente) las repercusiones fueron claras: Estados Unidos suspendió temporalmente la cooperación en materia de radares y aumentó la presión para reformar la ley.

En 2020, bajo una mezcla de presiones internacionales y el reconocimiento de los riesgos legales y humanitarios, el Congreso hondureño aprobó una reforma que eliminaba la autorización para derribar aeronaves. La Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo, como se denominó, priorizaba la interceptación y los disparos de advertencia sobre el uso de la fuerza letal.

Hoy, el general Roosevelt Hernández retoma el discurso de frustración, describiendo la incapacidad de las Fuerzas Armadas para derribar aeronaves como un obstáculo en la lucha contra el narcotráfico. “Tenemos un problema, el escudo aéreo no es efectivo bajo estas condiciones”, afirma. Estas palabras, en el contexto actual, donde se señala a altas personalidades del gobierno hondureño, de estar vinculados a estructuras del cártel de los Soles, evocan una peligrosa nostalgia por un periodo en el que Honduras tomó medidas drásticas y, según algunos, imprudentes.

El general Hernández corre riesgos significativos al tocar este tema. En primer lugar, revive un debate que aún genera tensiones diplomáticas con Estados Unidos, un país clave en la financiación y el entrenamiento de las fuerzas de seguridad hondureñas. Además, al retomar el discurso de Juan Orlando Hernández, el general se alinea inadvertidamente con un expresidente cuya figura está profundamente vinculada a acusaciones de corrupción y narcotráfico.

Desde su celda en Nueva York, Juan Orlando Hernández no duda en señalar que esa ley que defendió con fervor contribuyó a su caída. Sus acusadores han utilizado su enfoque agresivo contra el narcotráfico como evidencia de una doble moral, argumentando que mientras proclamaba la guerra contra las drogas, facilitaba operaciones ilícitas. La ironía de su situación no pasa desapercibida.

Por su parte, el general Roosevelt Hernández se enfrenta a un dilema. Al resucitar este tema, arriesga no solo la estabilidad diplomática, sino también su propia reputación. En un país donde las decisiones políticas están impregnadas de intereses cruzados, cuestionar las restricciones al uso de la fuerza en el espacio aéreo es también cuestionar los acuerdos internacionales que buscan proteger los derechos humanos y evitar errores fatales.

El eco entre las palabras del general Hernández y las de Juan Orlando Hernández subraya una continuidad en el discurso político hondureño: la lucha contra el narcotráfico como bandera de soberanía. Sin embargo, también plantea preguntas urgentes sobre los límites de esa soberanía en un mundo interconectado. ¿Es posible combatir el narcotráfico sin sacrificar la diplomacia, los derechos humanos y la cooperación internacional? La respuesta, como muchas de las preguntas en Honduras, sigue siendo compleja y esquiva.