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En una pequeña clínica de La Lima, Honduras, los pacientes hacen fila desde el amanecer. Para muchos, este modesto espacio representa su única esperanza de atención médica. Allí, una mujer sostiene a su hijo, que ha estado combatiendo una fiebre persistente desde hace días. “Si no fuera por esta clínica, no sé qué haríamos,” dijo una madre entrevistada por un equipo del Comando Sur de los Estados Unidos, según un informe oficial divulgado tras la entrega de las clínicas móviles en 2023. Estas clínicas móviles, entregadas tras los huracanes Eta e Iota, han sido un salvavidas para miles de hondureños. Valuadas en un millón de dólares, y equipadas para brindar atención básica, representan mucho más que infraestructura: son un símbolo de la colaboración internacional que salva vidas.

Cuando Donald Trump asumió la presidencia el 20 de enero de 2025 y anunció la suspensión de la ayuda internacional por un periodo de 90 días, el mundo recibió la noticia con una mezcla de sorpresa y aprensión. La medida, presentada como una «revisión estratégica» de los programas de asistencia exterior, tiene raíces en un discurso político que cuestiona el papel de Estados Unidos como principal benefactor global. Sin embargo, detrás de esta pausa temporal se ocultan profundas implicaciones para las regiones y sectores que dependen de esa ayuda, y Honduras se encuentra entre los países más vulnerables a estas decisiones.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha desempeñado un papel central en la arquitectura de la ayuda internacional. Esta posición no es casual; fue diseñada tanto para reconstruir Europa a través del Plan Marshall como para contener la influencia soviética en el mundo en desarrollo. Con el tiempo, la ayuda exterior evolucionó para abarcar una amplia gama de iniciativas, desde la salud global hasta el desarrollo económico y la seguridad alimentaria. Actualmente, Estados Unidos representa aproximadamente el 40% de la ayuda humanitaria mundial, financiando proyectos que salvan millones de vidas y estabilizan regiones enteras.

En este contexto, la decisión de Trump representa un giro abrupto. Los argumentos oficiales destacan la necesidad de garantizar que los fondos estadounidenses se utilicen de manera eficiente y alineada con los intereses nacionales. Sin embargo, detrás de este razonamiento también subyacen tensiones ideológicas y políticas, que buscan limitar el alcance de los compromisos globales de Estados Unidos y priorizar una agenda más aislacionista.

Las implicaciones de esta medida son inmensas. A nivel global, sectores como la salud pública, la seguridad alimentaria y la respuesta a emergencias serán los más afectados. Organismos internacionales, como el Programa Mundial de Alimentos, dependen en gran medida de los fondos estadounidenses para operar en áreas de crisis. Sin esta financiación, millones de personas podrían enfrentar hambre y desnutrición en zonas como el Sahel africano o el Triángulo Norte de Centroamérica. Además, los esfuerzos para combatir enfermedades como el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis podrían verse seriamente comprometidos, especialmente en países con sistemas de salud frágiles.

Honduras, un país cuya relación con Estados Unidos ha estado marcada por la asistencia en seguridad y desarrollo, es un claro ejemplo del impacto potencial de esta medida. En 2024, Honduras recibió aproximadamente 4,600 millones de lempiras en asistencia estadounidense, canalizados a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otros programas. Estos fondos han sido fundamentales para proyectos en educación, desarrollo económico, salud y seguridad. Un ejemplo reciente de esta colaboración es la donación de las clínicas móviles por parte del Comando Sur de los Estados Unidos, con que iniciamos este artículo. Sin este tipo de apoyo, el sistema de salud del país habría enfrentado un colapso en estas regiones vulnerables.

Si la suspensión temporal de la ayuda se convierte en una decisión permanente, el gobierno de Honduras enfrentará el desafío de reemplazar estos fondos. Esto requerirá una estrategia multifacética que incluya la diversificación de fuentes de financiamiento, ya de por sí limitadas en el país, la movilización o reasignación de recursos internos y el fortalecimiento de alianzas con otros países y organismos multilaterales, también sacudidos por esta decisión. Además, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, con quién el gobierno ha mantenido una postura distante desde hace 3 años, tendrán que jugar un papel crucial en llenar los vacíos dejados por la retirada de la asistencia estadounidense. Habrá que ver como se logra esto en el año que resta para esta administración.

La decisión de Trump también plantea preguntas más amplias sobre el papel de Estados Unidos en el mundo. Si bien la revisión de la ayuda exterior busca garantizar eficiencia y resultados, también corre el riesgo de debilitar la influencia global del país y ceder espacio a otros actores como China, que ha ampliado significativamente su presencia en América Latina a través de inversiones y proyectos de infraestructura.

En última instancia, la pausa en la ayuda internacional no es solo una cuestión de dólares y centavos; es un reflejo de cómo Estados Unidos define su papel en un mundo cada vez más interconectado. Para países como Honduras, la incertidumbre creada por esta decisión podría tener consecuencias de largo alcance, desde el deterioro de servicios básicos hasta la intensificación de las crisis migratorias. Y si bien la historia reciente ha demostrado la resiliencia de las comunidades frente a estos desafíos, también subraya la importancia de la cooperación internacional para construir un futuro más justo y sostenible.