Del hábito de las victorias pírricas en el gobierno de Libre

La Corte Suprema de Justicia discutirá hoy «en pleno» sobre el destino de la amnistía política, el Decreto 04-2022, que fue aprobado el 4 de febrero de 2022 por un Congreso Nacional en crisis, sin los votos de ley necesarios y con la prisa de quien sabe que está cometiendo un acto, si no reñido con la ley, al menos cuestionable.

Pero no confundamos las cosas: la amnistía para las personas procesadas y perseguidas durante el golpe de Estado de 2009 y la crisis post-electoral de 2017 era necesaria para dar pie a una verdadera reconciliación. Sin embargo, detrás de los perseguidos políticos se colaron los corruptos habituales, y fue por ellos que el decreto tomó el nombre de «Pacto de Impunidad».

Por la forma en que fue aprobada la ley, además de otorgar facultades a un organismo civil para decidir qué está o no amparado por la amnistía, cuando debía ser un juez ad hoc, y lo cuestionable del catálogo de delitos que se estableció, se presentaron recursos de inconstitucionalidad tanto por ciudadanos como por la misma Sala de lo Penal.

La corte anterior no quiso fallar y la actual procrastinó hasta contar con los números necesarios, lo que lleva a que hoy se esté discutiendo este tema.

El recurso llegó a la Sala de lo Constitucional. De los cinco magistrados, una, Marlina Dubón, tuvo el atino de recusarse por un conflicto de interés, ya que su esposo, Enrique Flores Lanza, es uno de los beneficiados por el decreto.

En su lugar entró a conocer el magistrado Milton Jiménez Puerto, quien dio un fallo de 3 a 2 a favor del decreto. Por ley, la sala debe emitir fallos unánimes; de lo contrario, el caso debe pasar al pleno, y así ocurrió.

Son seis los magistrados que no pueden participar en esa decisión: los cinco de la sala que ya conoció y votó en su momento, y la magistrada Dubón, que sigue al margen.

En su lugar se incorporaron seis magistrados suplentes electos por el Congreso como parte de un acuerdo entre los partidos políticos para dar paso a la elección de la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2023. Sin embargo, el magistrado Roy Pineda continúa de permiso médico y no podrá estar en ese debate, y no hay más suplentes disponibles para nombrar en su lugar.

El reglamento interno de la Corte contempla que, en casos como este, se puede incorporar a otros abogados, que no son magistrados electos por el Congreso, para actuar como suplentes en el pleno. Ese mismo artículo establece que, cuando eso ocurre, debe hacerse con 2/3 de los votos del pleno, es decir, 10 magistrados deben votar a favor de esa incorporación.

En esa votación sí pueden participar los magistrados de la Sala Constitucional y el magistrado Jiménez. Pero no fue así; aparentemente, fue la presidenta de la Corte, Raquel Obando, quien de manera unilateral eligió a la abogada Anabel Suyapa Medina Moncada para participar hoy en el pleno.

Es difícil saber quién es la abogada Medina Moncada. No existe un registro claro de su carrera profesional ni de su inclinación política. Sabemos que fue una de las 45 electas por la Junta Nominadora que llegó al Congreso Nacional, pero su nombre nunca se contempló como opción.

En su currículum se puede apreciar una extensa carrera como profesora en distintas universidades y varios años de trabajo como apoderada legal de diversas instituciones católicas. Podemos decir solamente que es una mujer de 64 años, abogada de profesión, profesora en la Universidad Católica y practicante de esa religión. Más allá de eso, no hay mucha información.

No esperemos sorpresas en este fallo. La magistrada Raquel ha incorporado a la abogada Medina Moncada en el pleno de hoy para que vote según lo que el status quo requiere, no para que vaya a desestabilizar el gobierno de nadie.

La amnistía quedará firme, los recursos en su contra serán denegados, y todos felices. ¿Pero a qué costo? Libre parece haberse acostumbrado a celebrar victorias pírricas, en el sentido más estricto de la Roma clásica. Cada victoria, lejos de darle terreno para crecer, le quita espacio de maniobra. Recurrir a las trampas legales para justificar que algo no es ilegal no lo hace legítimo. Por eso comenzó este problema el 25 de enero de 2022, y parece que no aprenden.