Una encuesta no es solo una medición de opinión. En contextos de crisis, puede convertirse en un arma política, una pieza de teatro estadístico que no busca reflejar la voluntad ciudadana, sino imponerla. Esta mañana, con la aparición de Rixi Moncada en Frente a Frente, asistimos precisamente a eso: una puesta en escena diseñada para disfrazar debilidad con cifras infladas, para maquillar el miedo con números que no resisten el contraste.

Rixi no llegó al programa con un mensaje de apertura o rendición de cuentas. Llegó con una gráfica. Una línea roja ascendente, que la colocaba —según su encuesta— a la cabeza de la intención de voto, con un 32.99%, por encima de Salvador Nasralla (21.94%) y Nasry Asfura (16.75%). La encuesta, que no venía firmada, resulto ser hecha por Opinómetro, una cuenta de Twitter creada en julio de 2024, con menos de 300 seguidores y sin una ficha técnica verificable. Ni muestra, ni método, ni margen de error. Pero sí color, narrativa, y timing quirúrgico: exactamente el mismo día en que el oficialismo asfixiaba políticamente al Consejo Nacional Electoral.

A estas alturas ya no se trata de si Rixi Moncada cree o no en esa encuesta. Lo que importa es qué función cumple: legitimar, ante los suyos y ante los aún indecisos, la idea de que la elección ya está resuelta. Que ella va ganando. Que lo demás es ruido. Pero lo cierto es que los datos duros, los que se conocen, los que circulan internamente en los partidos, los que sí tienen metodología, esos muestran otro escenario.

La medición privada de Paradigma, que ha sido filtrada en círculos políticos y que sí incluye ficha técnica, revela que Rixi está en tercer lugar, con 13.9%. La superan Nasralla (22.5%) y Asfura (22.6%), en un empate técnico que deja el panorama abierto. Pero lo más revelador es que el 25.8% de los encuestados afirma que no votaría por ninguno, y un 14.3% no sabe o no responde. Eso, sumado a que el 53.9% se declara independiente, configura un país electoralmente volátil, indeciso y frustrado, que aún no ha elegido a su presidente, pero que sí parece tener claro que no quiere seguir con Libre.

Esa percepción se refuerza al observar la calificación de la presidenta Xiomara Castro: más del 54% de la población, según esa encuesta de Paradigma, evalúa negativamente su gestión. Y en ese contexto, no hay campaña de percepción que pueda borrar la realidad: Rixi Moncada no solo es la heredera de ese gobierno, sino su cara más visible en las decisiones más controversiales. Desde el control presupuestario hasta el fracaso del proyecto carcelario en la Mosquitia. Desde la manipulación institucional hasta el blindaje político.

Entonces la pregunta es inevitable: si Rixi y su equipo realmente estuvieran ganando, si esa ventaja del 32.99% fuera genuina, ¿por qué necesitan operar con tanta desesperación en los órganos electorales?

¿Por qué Luis Redondo —presidente del Congreso— se negó a someter al pleno la renuncia formal de Ana Paola Hall, consejera liberal del CNE? ¿Por qué la calificó como una “denuncia”, inventando un procedimiento inexistente, y amenazó públicamente con procesos judiciales a Salvador Nasralla y Roberto Contreras por supuesta injerencia? ¿Por qué el fiscal general, Johel Zelaya, ligado también al oficialismo, sobrino político de Moncada, irrumpió el mismo día en las oficinas del CNE a secuestrar documentación, sin orden judicial visible ni explicación institucional?

Y mientras todo eso ocurría, ¿por qué el oficialismo consideró oportuno mostrar una encuesta maquillada, lanzada desde una cuenta nueva, para asegurar que todo está bajo control?

La respuesta es tan obvia como preocupante: porque no está bajo control. Porque el oficialismo sabe que va perdiendo. Sabe que Libre está en caída libre. Sabe que la candidata no prende, que la fractura interna es real, que la ciudadanía está cansada y que la comunidad internacional, con la OEA a la cabeza, ya ha tomado nota de las irregularidades. El comunicado de la Misión de Observación Electoral es clarísimo: se pide garantizar la autonomía del CNE, se alerta sobre la “excesiva intervención judicial”, se reconoce que consejeros han considerado renunciar por presiones. Es una forma elegante de decir que el proceso está en riesgo.

Pero en lugar de corregir el rumbo, el gobierno opta por blindar la narrativa. Por seguir alimentando la ilusión de victoria. Por distraer a la opinión pública con encuestas sin respaldo mientras bloquea la recomposición del CNE. Por hablar de percepción mientras niega la realidad.

Y en ese juego, no solo se erosiona la credibilidad del proceso. Se degrada también la posibilidad de que haya una elección aceptada por todos. Porque si el árbitro electoral está acorralado, si los relevos son bloqueados, si los consejeros son amenazados, si las cifras se manipulan, entonces lo que se prepara no es una elección, sino una imposición.

Rixi Moncada puede repetir cuantas veces quiera que está ganando. Puede hacerlo en televisión, en redes, en actos públicos. Puede mostrar gráficas ascendentes, con barras rojas que la colocan por encima de todos. Pero lo que dice con los actos su partido es mucho más revelador que cualquier cifra. Y lo que dice es esto: que necesitan controlar al CNE porque no confían en el voto. Que necesitan intimidar con los 30,000 colectivos de Mel Zelaya para compensar su debilidad. Que necesitan proyectar victoria porque saben que no la tienen.

Y eso es lo más peligroso. Porque cuando el poder se sabe débil, pero aún tiene capacidad de fuego institucional, se vuelve impredecible. No busca convencer: busca aplastar. Y en una democracia en tensión como la hondureña, ese aplastamiento puede arrastrar no solo a los adversarios políticos, sino a la legitimidad misma del sistema.

La encuesta de Opinómetro es la cortina. Detrás, está el miedo. Y el miedo, cuando se disfraza de triunfo, siempre anuncia un intento de fraude.