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Cossette López-Osorio, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), lanzó una acusación explosiva: las Fuerzas Armadas han reescrito el informe que explica lo que pasó el 9 de marzo en el desastroso proceso electoral primario. En su denuncia, sostiene que altos mandos militares se reunieron con un expresidente y una candidata para alterar los informes sobre las elecciones primarias del 9 de marzo. Lo que antes era una señal de responsabilidad militar en las irregularidades, hoy ha sido editado para culpar únicamente al CNE. Y la pregunta es ineludible: ¿qué se está ocultando?

El proceso electoral del 9 de marzo fue, en el mejor de los casos, un caos y, en el peor, un fraude institucionalizado. Centros de votación que abrieron tarde, urnas que nunca llegaron, denuncias de manipulación de datos. La ciudadanía, esperanzada en ejercer su derecho al voto, se encontró con filas interminables y una logística electoral desastrosa. Pero lo más grave vino después: informes internos del CNE revelaron que algunos comandantes militares facilitaron el desvio de material electoral. Y ahora, cuando esas denuncias apuntan a una intervención militar, los documentos han sido alterados.

El silencio de los actores políticos es revelador. El Partido Nacional ha expresado su apoyo a la presidenta del CNE, exigiendo transparencia. Pero esto resulta paradójico, considerando que durante décadas han contado con el respaldo de los militares. Por otro lado, el oficialismo ha optado por evadir el tema. La presidenta Xiomara Castro, que en el pasado denunció la participación de los militares en asuntos civiles, guarda silencio. Mientras tanto, Rixi Moncada y su círculo cercano han minimizado las denuncias, tildándolas de «ataques políticos».

Pero la crisis actual no nació el 9 de marzo. Se gestó hace un año, cuando en marzo de 2024 el Congreso Nacional adelantó la elección de los magistrados del CNE. El oficialismo justificó la decisión como una medida de estabilidad electoral, pero la oposición la vio como un intento de controlar el proceso. Marlon Ochoa, exministro de Finanzas y ahora consejero del CNE, se convirtió en la pieza clave. Su nombramiento fue ampliamente criticado por la oposición, que lo señaló como un alfil del partido de gobierno dentro del órgano electoral.

Y lo que siguió confirmó los peores temores. El financiamiento para las elecciones primarias, que debió asignarse con tiempo, se retrasó más de cinco meses, precisamente por responsabilidad de Marlon Ochoa. El resultado: un proceso electoral mal organizado, vulnerable a manipulaciones. El 72% de los votantes que vieron afectado su derecho al voto en ese proceso eran de los partidos nacional y liberal. Según observadores internacionales, en al menos el 3% de las urnas la observación electoral fue impedida. Hubo inconsistencias en la cantidad de votos transmitidos y los registrados en el sistema del CNE. Documentos filtrados mostraron que actas fueron transportadas sin los debidos controles de seguridad. Sobran las denuncias dentro del mismo partido de gobierno que descalifica el proceso. Todo esto se tradujo en un proceso que hoy está en el centro de una crisis nacional.

Pero aquí viene lo más grave. Si la deslegitimación del CNE sigue avanzando, existe la posibilidad de que Cossette López-Osorio y Ana Paola Hall sean removidas. Los suplentes, Karen Patricia Rodríguez Álvarez y Carlos Enrique Cardona Hernández, que según denuncias internas responden a los intereses del jefe del Congreso Luis Redondo, podrían tomar sus puestos. Si esto ocurre, el partido de gobierno tendrá el control absoluto del CNE. Y cuando un solo partido controla al árbitro electoral, la democracia se convierte en una simulación.

El escenario que se perfila es alarmante. Si en noviembre Honduras enfrenta elecciones con un CNE deslegitimado y controlado, las consecuencias serán devastadoras. La participación electoral podría desplomarse, el país podría caer en un conflicto post-electoral, y la comunidad internacional podría sancionar al gobierno. Lo que está en juego no es solo un proceso electoral; es la democracia misma.

Y luego está la pregunta más inquietante: ¿hasta dónde llegarán las Fuerzas Armadas en este juego político? La denuncia de Cossette López-Osorio sugiere una militarización del proceso electoral. Y cuando las instituciones castrenses toman un rol activo en la política, la historia nos dice que las democracias se desmoronan.

El futuro de Honduras está en una encrucijada. Si permitimos que el CNE sea capturado, el país se encaminará hacia un modelo autoritario disfrazado de democracia. La pregunta es: ¿lo vamos a permitir?