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Tegucigalpa, Honduras. Hay errores uniformados de verde olivo.

Imaginemos esta escena: un ciudadano cualquiera, en plena fila de migración, grita “¡bomba!” en un aeropuerto. Nadie se ríe. Nadie pregunta si era broma. Se activa el protocolo de seguridad, se detiene el vuelo y se evacúa a las personas, porque no se juega con esas palabras en ese contexto.

Ahora traslademos esa imagen al ámbito nacional: cuando las Fuerzas Armadas de un país afirman públicamente que están librando una guerra cognitiva y una ciberguerra no están haciendo un meme. Están gritando “¡bomba!” en el aeropuerto de la democracia.

Las redes sociales no son un campo de batalla: son una plaza pública. Ahí se manifiestan opiniones, se hacen denuncias y se construyen narrativas. Lo sabe muy bien el general Roosevelth Hernández al leer el ensayo “Las Fuerzas Armadas frente a la guerra cognitiva”, que atribuyó al oficial José Luis Herrera González.

El jefe del Estado Mayor Conjunto habló de una estrategia sistemática para desprestigiar a las Fuerzas Armadas, desmoralizar a sus integrantes y fracturar el vínculo de confianza con la ciudadanía.

Además, mencionó que circulaban acusaciones sin fundamento, teorías conspirativas y mensajes diseñados para sembrar desconfianza, como una forma moderna de complot donde el objetivo no es el territorio, sino la percepción.

Si el brazo armado del Estado empieza a declarar guerra en ese espacio, el mensaje es claro: quien disienta puede ser tratado como enemigo. No adversario. Enemigo.

Y, hablando de enemigos, el uso de las Fuerzas Armadas constituye el último recurso de la soberanía estatal, destinado a la defensa de la patria y al combate contra enemigos externos. Sin embargo, la baja intensidad de los conflictos interestatales en la región hace que el uso recurrente de las Fuerzas Armadas sea doméstico, lo que acarrea serios problemas vinculados a la fabricación de enemigos internos, analizan Pedro H. Villas y Carina Barbosa, autores de “La calidad de la democracia y la violencia en América Latina”.

Y ese matiz lo cambia todo.

Porque si a la lógica política le sumamos lenguaje militar, entonces la disidencia se convierte en blanco, la crítica se interpreta como amenaza y la opinión se trata como sabotaje.

Inmiscuirse en temas de política nacional y opinar sobre libertad de expresión siempre será contraproducente si viene del alto mando militar.

La historia no les es favorable cuando coquetean con la política.

¿No deliberantes?

Y los medios tampoco se salvan. “Siguen las amenazas a la prensa”, titula el Colegio de Periodistas de Honduras e invoca a la comunidad nacional e internacional al conocerse que las Fuerzas Armadas pretenden amedrentar a los medios de comunicación.

“Gracias a las denuncias ciudadanas y al trabajo de los medios de comunicación, el país conoció los graves acontecimientos que pusieron en riesgo la democracia. Intentar silenciar a la prensa no solo vulnera los derechos fundamentales, sino que también profundiza la crisis institucional”, dice el comunicado.

Los “no deliberantes” respondieron así: “La verdad debe prevalecer sobre la manipulación”, apelando a la diferencia entre los conceptos de denuncia y amenaza.

“En este caso, el general Roosevelt Hernández mencionó que se analiza presentar una denuncia ante el Ministerio Público por los efectos negativos de la desinformación, lo cual es un acto dentro del marco legal. Sin embargo, algunos medios han tergiversado sus palabras, presentándolo como una amenaza contra la libertad de prensa, cuando en realidad se trata de un posible proceso legal para esclarecer lo ocurrido”, defendieron las FF. AA.

Y es que «cuando los militares asumen el protagonismo político en democracias, se verifica la primacía del sentido bélico de la ideología militarista. Con la inversión, la política queda subordinada a la lógica de la guerra, transformando cualquier forma de oposición en facción, a los adversarios en criminales y a los partidos de oposición (al Gobierno) en enemigos”, explican Villas y Barbosa.

Desviación de sus funciones

La expansión de las funciones de las Fuerzas Armadas es una tendencia global, impulsada por nuevos desafíos como las demandas ambientales y la profesionalización de las fuerzas castrenses. “No obstante, se desvían cada vez más de sus funciones defensivas, actuando en mayor o menor medida conforme a una ideología militarista. Esta ideología se basa en la creencia de la superioridad militar sobre los civiles y en valores verticales como la jerarquía, la disciplina y el sentido de la misión, que chocan con formas horizontales de contestación, negociación, diálogo y persuasión que son inherentes a las prácticas democráticas”, argumentan Villas y Barbosa.

Sumado a ello, la utilización de las Fuerzas Armadas refleja una política pública irracional y errática, que termina creando confusión entre el rol de las Fuerzas Armada y el de la Policía, que -por cierto- también generaron controversial al emitir un comunicado que atenta contra el derecho a la protesta, la libertad de asociación y de expresión.

Esta estrategia, además de ser ineficaz, conlleva altos costos económicos, políticos y sociales. El uso de militares en acciones de seguridad pública tiende a estar marcado por la violación de derechos humanos, debido a la naturaleza del entrenamiento, pues se trata de una fuerza combativa, no comedida, como deberían ser las fuerzas policiales. En la práctica, hay un mimetismo cada vez mayor en el que las fuerzas policiales especiales se asemejan a las Fuerzas Armadas, lo que resulta en una lógica de conducta belicista (Kraska, 2007).

Poder civil y poder armado

Una institución que debe ser neutral, subordinada al poder civil, no puede usar la jerga del combate para referirse a lo que ocurre en redes.

Y, como si eso fuera poco, ese lenguaje belicista es música para los oídos del autoritarismo. Porque cuando los militares se sienten con derecho a intervenir el discurso público -aunque sea desde X-, los límites entre poder civil y poder armado empiezan a difuminarse.

Y ya lo sabemos: en la historia de América Latina, cuando ese límite se difumina, lo que viene después nunca es democrático. ¡Nunca!

“La militarización de la política acabó por fortalecerse y crecer, porque en diversos países de la región miembros del oficialismo asumieron posiciones de autoridad en estructuras de poder no militares”, profundizan los expertos.

Militarización de la política e instrumentalización de los militares

Los autores de “La calidad de la democracia y la violencia en América Latina” consideran que en la región está surgiendo una nueva especie de militarización de la política, en la que autócratas elegidos convocan a los militares para que participen en Gobiernos populistas que carecen de suficiente apoyo políticopartidista. No se trata exactamente de un retorno o de una remilitarización, ya que el contexto en la región ha cambiado y difícilmente contempla dictaduras, tampoco golpes militares que resultan en rupturas institucionales.

Añaden que los problemas surgen cuando un determinado Gobierno instrumentaliza las Fuerzas Armadas y las utiliza políticamente.

Comportamiento en la región latinoamericana

Villas y Barbosa hacen un rápido repaso del uso e instrumentalización de las fuerzas militares en la región. Para el caso, entre 2013 y 2017, Venezuela estableció al menos una docena de empresas lideradas por militares en varios sectores económicos, como agricultura, bancos, construcción, seguros, medios de comunicación, minería, petróleo y turismo.

En 2019, nueve de los 32 ministerios del Gobierno estaban controlados por los militares, incluyendo los ministerios de Agricultura y Energía. En 2020, oficiales militares supuestamente comandaban al menos 60 empresas estatales.

“En Brasil vemos también el alto oficialato castrense avocarse a la condición de árbitro del proceso electoral en flagrante atentado contra la democracia”, analizan.

Las elecciones de 2022 en Brasil estuvieron marcadas por la “fuerte presencia militar del Gobierno populista autoritario de (Jair) Bolsonaro. El papel de los militares en las elecciones está claramente definido por el marco constitucional y en la legislación electoral, limitándose a brindar soporte logístico de seguridad y facilitar la distribución de las urnas en todo el país” (Vasconcelos da Silva, 2022).

Desmilitarización de las elecciones

De esta forma, para Vasconcelos da Silva, la desmilitarización de las elecciones es una característica para la calidad de la democracia brasileña.

Igual función tienen en Honduras, al menos en cuanto al mandato legal. Sin embargo, en el reciente proceso electoral primario de marzo de 2025 la vinculación (o desvinculación) puso a las fuerzas militares en el foco mediático.

¿La reacción? Una medición de poder e influencia entre civiles y militares que tiene a la sociedad contrariada de cara a las elecciones de noviembre de 2025.

Volviendo a Suramérica, “con la victoria de Lula da Silva, los generales apostaron por el ataque camuflado para preservar sus principales posiciones de poder en la transición. Desde la histórica derrota de la placa militar, de amplia preferencia en el cuartel, el Generalato buscó demostrar insubordinación a la integral autoridad del presidente electo, aunque sabiendo que era inviable un golpe de Estado que apelara al art. 142 de la Constitución de Brasil”.

Por otro lado, la ampliación de las competencias de las Fuerzas Armadas en diversas democracias exige una clara determinación de los límites impuestos por el control civil y democrático sobre la actuación militar, a fin de evitar la autonomización de las fuerzas castrenses.

Los ojos ven y la mente lo cree

Como contraataque ante las críticas sociales derivadas de lo ocurrido en las primarias de marzo, la cúpula militar hondureña replanteó su estrategia con los civiles. Se reunieron con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para “explicarles” su papel en el proceso electoral.

En un amplio salón con paredes tapizadas con fotos de militares y mientras se balanceaba en su silla, el general Hernández filosofó con el dicho: “los ojos ven y la mente lo cree”, y prosiguió: “el tiempo es importante. Si hubiésemos ido con 24 horas antes de que estuvieran las Juntas Receptoras de Votos y los votantes en los centros de votación, nosotros iríamos con mayor cantidad de personal de seguridad». El hubiera no existe.

La foto de UN uniformado declamando ante la titular de la empresa privada, Anabel Gallardo, invita a pensar en si se trata de una táctica de guerra o, simplemente, es una triste intención de rescatar el desteñido verde olivo por el que el pueblo no da ni un centavo.

Así que no, no es un simple posteo. Las declaraciones de Roosevelth Hernández no son un lapsus de comunicación, es una advertencia que grita más de lo que parece. Y como el grito de “¡bomba!” en el aeropuerto, merece una reacción proporcional: vigilancia, crítica y límites claros, pues -como su nombre lo indica- ellos pueden proceder con “fuerza” y con “armas”.

Placebo

Las redes pueden tolerar muchas equivocaciones. Pero cuando los errores vienen uniformados, hay que endender todas las alarmas.

Proceder contra periodistas por revelar y “manipular” las urnas abandonadas, además de hacer una gira por organizaciones de sociedad civil -y a todo el que quiera escuchar- para exponer las “lecciones aprendidas”, son los más recientes recursos empleados por el ente táctico que debe pensar que con un ceremonial saludo militar habrá borrón y elecciones nuevas.

Aunque, pensándolo bien, la táctica podría funcionar, pues la democracia tiene mente corta.

Que no se nos olvide que quien tiene las armas no puede andar diciendo que le quieren dar pelea con hashtags. No solo es irresponsable, es peligroso. Equivale a poner el dedo sobre el gatillo de la opinión pública.

Entretanto, ellos llevan más de #200AñosAlServicioDeLaPatria