Los que damos seguimiento a las noticias relacionadas con la justicia en Honduras sabemos que las transformaciones no siempre ocurren a través de grandes pronunciamientos ni de reformas constitucionales. A veces, el verdadero cambio surge por dentro, expediente a expediente, nombramiento a nombramiento. Así lo revela el reportaje de este 12 de mayo de la Unidad Investigativa de El Heraldo, que documenta con pruebas internas cómo una red de jueces afines al partido Libre —con apoyo del más alto nivel de la Corte Suprema de Justicia— ha impuesto un control paralelo sobre el circuito anticorrupción del Poder Judicial.

No es poca cosa. Este circuito es el pilar de una de las promesas más trascendentales de la actual administración: combatir la corrupción allí donde se encuentra. La historia que publicó El Heraldo gira en torno al juez Marco Antonio Vallecillo Banegas, nombrado el 19 de abril de 2024 como coordinador del Circuito de Criminalidad Organizada y Corrupción. Su papel, dice el reportaje, era clave: no sólo tenía en sus manos casos de narcotráfico, lavado de activos y corrupción pública, sino que, según consta en documentos oficiales, recibió la orden de ignorar el Sistema de Expediente Judicial Electrónico (SEJE), la única herramienta que garantiza el reparto aleatorio e imparcial de expedientes. En su lugar, Vallecillo distribuyó los casos a discreción, favoreciendo a jueces vinculados ideológicamente al partido gobernante.

Esto no fue un acto aislado. Fue, según las evidencias documentadas, una estrategia sistemática. A través del oficio 523-SCSI-2024, se designó a Yesenia Lissel Aguilar Santos como presidenta del Circuito de Criminalidad Organizada y Corrupción. Sin embargo, su permanencia en el cargo fue breve. Poco tiempo después, Aguilar Santos fue removida, en lo que algunos analistas consideran una represalia por haber votado anteriormente contra la postulación de Tirza Flores Lanza y Guillermo López Lone a la Corte Suprema. Tras la salida de Aguilar Santos, se activó un reacomodo estratégico dentro del circuito. En lugar de abrirse concursos públicos, los espacios fueron ocupados directamente por personas cercanas a la red de influencia judicial ligada a Libre. Según el reportaje, Guillermo López Lone, exjuez destituido tras el golpe de Estado de 2009 y figura histórica del movimiento judicial progresista, fue nombrado en lugar de Aguilar Santos, como magistrado de la Corte de Apelaciones del Circuito de Criminalidad Organizada y Corrupción, sin haber participado en el proceso regular de selección establecido por la Ley de la Carrera Judicial. Luego, Lisseth Rosario Vallecillo, hermana del entonces coordinador Marco Antonio Vallecillo, fue incorporada como jueza en el mismo circuito, también sin concurso, según denuncia el informe. Actualmente Vallecillo ocuparía el lugar de Aguilar Santos. Este patrón —remoción de una figura independiente seguida de designaciones directas de perfiles afines— permitió consolidar una estructura de control político y personal sobre el circuito judicial más delicado del país: aquel que conoce los casos de corrupción y crimen organizado de alto perfil.

Lo que El Heraldo narra en este artículo no es una reestructuración judicial basada en méritos. Es una ocupación institucional, cuidadosamente calibrada. Se utiliza la narrativa de reparación histórica y justicia progresista, pero se instala un modelo de control férreo sobre expedientes clave. La investigación también menciona que este modelo de control discrecional de expedientes fue aplicado en el caso de la madre del narcotraficante Ida Godoy Cruz, miembro del clan Amador Godoy Cruz, capturada por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y considerada una figura relevante dentro de la estructura criminal del occidente del país. En marzo de 2024, fue liberada por decisión de jueces vinculados a la red cercana a Marco Antonio Vallecillo, sin que su caso pasara por el procedimiento ordinario de revisión de causas ni por los controles del SEJE. El reportaje señala que no existe en los documentos oficiales ningún acta o resolución que justifique su liberación, y que la decisión fue tomada sin notificar al resto de magistrados de la Corte de Apelaciones del circuito correspondiente. Las fuentes consultadas por El Heraldo para esta investigación sostienen que se trató de una operación deliberada para evitar que la causa fuera revisada por jueces independientes, lo que refuerza la tesis de que esta estructura paralela no solo sirve para perseguir a opositores, sino también para garantizar impunidad a miembros del crimen organizado cuando estos tienen vínculos con el poder político o judicial actual.

Marco Antonio Vallecillo, hermano de la magistrada Lisseth Rosario Vallecillo, hoy enfrenta un proceso por extorsión tras haber solicitado tres millones de lempiras a un imputado a cambio de manipular decisiones judiciales, es el eslabón que conecta esta estructura paralela con el escándalo criminal. Su caso es emblemático no sólo por la gravedad de los delitos imputados, sino porque evidencia que este modelo no sólo es ilegal, sino también altamente lucrativo. Durante su captura, trascendió que el dinero que recibió habría sido para “el esposo de una alta funcionaria”, versión que aún está bajo investigación, pero que sugiere que las redes de poder judicial y político se entrelazan en niveles más altos.

La presencia de López Lone y Tirza Flores Lanza en esta arquitectura apunta a un entorno de actores históricos con alta influencia en la administración. Es desde adentro, administrando el flujo de casos, blindando aliados y decidiendo quién cae y quién no, donde Libre ha consolidado su poder. En palabras del analista Lester Ramírez, citadas en el reportaje: “Estamos ante una dinámica extremadamente peligrosa: se están usando jueces para castigar opositores y blindar amigos. Esto es peor que una dictadura visible. Es una dictadura jurídica soterrada.”

La denuncia de El Heraldo es clara: hay una justicia para unos y una justicia para otros. Y el Poder Judicial, lejos de ser garante del orden democrático, se ha convertido en el escenario de una guerra silenciosa donde el que controla el reparto de expedientes, controla el futuro de los enemigos.

El país necesita mirar con seriedad esta alerta. Porque si no hay SEJE, no hay azar. Si no hay azar, no hay justicia. Y si no hay justicia, todo lo que queda es poder. Crudo, opaco y absoluto.