Expertas y expertos independientes de la ONU condenaron el asesinato del defensor de derechos humanos Juan López en Honduras y exigieron una investigación independiente sobre su muerte. Demandaron aclarar el rol que podrían haber tenido empresas y políticos en el caso. “Su asesinato representa una trágica pérdida no solo para su familia y su comunidad, sino también para la lucha por la justicia y la rendición de cuentas corporativa en el mundo”, afirmaron los especialistas.

López, miembro del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) en Tocoa, luchó incansablemente por proteger la tierra y el medioambiente en el parque nacional “Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía”. Se opuso a las consecuencias negativas de las actividades extractivas que afectan los ríos Guapinol y San Pedro. “Su asesinato se inscribe en un marco de ataques y criminalización de personas defensoras de derechos humanos”, señalaron. Las agresiones se concentran especialmente en quienes denuncian los efectos de la empresa minera Inversiones los Pinares y la siderúrgica Inversiones ECOTEK, ambas vinculadas al grupo EMCO Holdings.

Los expertos instaron a las autoridades hondureñas a iniciar una investigación inmediata e independiente para determinar las causas de la muerte de López y el papel de las empresas y políticos locales. Solicitaron que se lleve a los responsables ante la justicia.

Además, lamentaron que la campaña de hostigamiento contra miembros del CMDBCP continúe tras el asesinato. Recordaron que la Corte de Apelaciones de Tocoa aprobó un recurso para revocar el sobreseimiento de defensores que sufrieron detenciones ilegales en 2021.

“Los ataques contra personas defensoras violan su derecho a la vida y afectan gravemente el disfrute de los derechos y un futuro sostenible para todos”, subrayaron los especialistas. Exigieron que se garantice la protección de la familia de López, del CMDBCP y de las comunidades locales. Además, recordaron a las empresas su responsabilidad de respetar los derechos humanos y asegurar que sus acciones no deriven en violencia o intimidación.