Hernández Pineda, quien fuera un alto funcionario de la policía hondureña hasta su destitución en 2018, fue condenado a 15 años de prisión por su participación en actividades relacionadas con el crimen organizado. La condena se fundamenta en acusaciones del gobierno de Estados Unidos, que lo señaló por conspirar para traficar drogas, utilizar armas de fuego de manera ilícita y facilitar la importación de cocaína.
En el año 2020, Pineda se entregó a las autoridades estadounidenses en el aeropuerto de Guatemala, tras llegar a un acuerdo judicial. Durante este proceso, admitió haber formado parte de una red de conspiración que incluía al exdiputado Antonio «Tony» Hernández y al expresidente Juan Orlando Hernández. Según la fiscalía, Pineda también desempeñó el rol de informante para prominentes narcotraficantes como Alexander Ardón y Víctor Hugo Díaz, proporcionando información sensible sobre operativos policiales.
Durante la lectura de la sentencia, Hernández Pineda invocó su supuesto arrepentimiento y las condiciones de su reclusión para solicitar al juez Castel la pena mínima o la libertad condicional. La defensa argumentó en favor de una pena reducida, lo cual influyó en la decisión del juez de imponer una condena de 15 años, cinco menos de lo que la fiscalía había solicitado inicialmente.
Expertos legales destacan que el acuerdo de cooperación entre Hernández y la fiscalía fue crucial para alcanzar una pena mínima, a pesar de la seriedad de las acusaciones y del alto cargo que ocupaba Pineda como exmiembro de la policía nacional.