Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) defiende en cadena nacional las acusaciones contra Nasry Asfura y lo desliga de persecución política. El fiscal general, Jhoel Zelaya, y el titular de la UFERCO, Javier Santos, comparecieron para dar detalles de la investigación que pesa sobre el exalcalde, quien hoy recibió medidas sustitutivas tras pagar 15 millones de lempiras como caución.

"El pueblo hondureño no cree en las falsas narrativas de persecución política, cuando existen pruebas contundentes de la comisión de delitos”, señaló el Fiscal General, Johel Zelaya, en cadena nacional. pic.twitter.com/sDLgXe7qKe

— ICN.Digital (@ICNDigital) October 22, 2024

Zelaya afirmó: “retomamos los casos de la MACCIH.” Con esta declaración, el fiscal general responde a los alegatos de la oposición que vinculan el proceso a represalias políticas.

La UFERCO acusa a Asfura y otros funcionarios de delitos como lavado de activos, fraude y malversación de caudales públicos. Aseguran que 28 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente 1,120,000 dólares, fueron desviados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central entre 2017 y 2018. Los acusados depositaron cheques en cuentas personales y realizaron pagos a empresas y personas no vinculadas a la municipalidad. Un total de 78 beneficiarios recibieron fondos a través de 47 cheques.

Nasry Asfura utilizó cuentas bancarias con nombres que ocultaban el origen de los fondos, como «Aportes de Campaña Política» y «Fondos propios». Según documentos, depositó 17,450,023 lempiras, cerca de 698 mil dólares. En octubre de 2020, Asfura, también precandidato presidencial, afirmó haber colaborado con la fiscalía y presentado documentación extensa sobre su trabajo y la liquidación de fondos.

Las cuentas están claras y se sabe dónde pararon los fondos. Parte de los recursos se retiró mediante cheques a nombre de Nilvia Castillo, quien los depositó en cuentas personales. Aunque emitieron cheques a empleados de Cosemsa, los fondos terminaron pagando tarjetas de crédito de Asfura y sus hijas. Cosemsa, encargada de la recolección de basura, también enfrenta investigaciones por irregularidades en contratos y pagos, según Javier Santos.

El proceso judicial ahora enfrenta varios obstáculos. El 13 de noviembre de 2020, la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción admitió la solicitud de antejuicio, otorgando a los acusados un plazo para presentar su defensa. Los resultados de este proceso determinarán si el Ministerio Público puede avanzar con cargos formales contra Asfura y Castillo.