Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público exigió este martes al Consejo Nacional Electoral (CNE) la entrega inmediata de informes y respaldos documentales vinculados al Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y al proceso de declaratoria de las elecciones generales de 2025, según consta en un oficio oficial que está en poder de ICN.

El requerimiento fue dirigido de manera directa a los consejeros Ana Paola Hall García, Marlon David Ochoa Martínez y Cossette Alejandra López Osorio Aguilar, y establece plazos perentorios que van desde tres horas hasta tres días para la remisión de información certificada, en el marco de la denuncia de oficio número 1766589972-2025 por el delito de “Otros Delitos Electorales en perjuicio de la Constitución”.

En el documento, el Ministerio Público solicita que, en un término de tres horas, el CNE remita copia certificada de los informes elaborados por la Comisión de Seguimiento del TREP, tanto antes como durante y después de la celebración de las elecciones generales de 2025. La exigencia se extiende también a los informes realizados por la auditoría externa sobre el mismo sistema, igualmente en las fases previa, durante y posterior al proceso electoral.

“El presente requerimiento se formula en base al artículo 3 de la Ley del Ministerio Público”, señala el oficio, al justificar la solicitud como parte de las diligencias de investigación relacionadas con la denuncia de oficio ya mencionada.

El documento, al que ICN tuvo acceso, no se limita al funcionamiento del TREP. En un segundo bloque, el Ministerio Público otorga un plazo de tres días para que el Consejo Nacional Electoral entregue copia certificada de respaldos documentales relacionados con la declaratoria oficial de las elecciones generales, específicamente en lo referente al nivel electivo de diputados propietarios y suplentes al Congreso Nacional, así como a los miembros de las corporaciones municipales.

El requerimiento se fundamenta en los considerandos 33, 34, 35 y 36 de la certificación 3055-2025, correspondiente al acta extraordinaria número 62-2025 del Pleno del CNE, celebrada el 30 de diciembre de 2025, en la que se abordó la declaratoria de las elecciones generales.

En ese contexto, el Ministerio Público exige que el CNE remita “el respaldo documental que cuenta el Consejo Nacional Electoral, que constituyen fuerza mayor (según el CNE), en cuanto se desarrollaba el escrutinio especial”. Asimismo, solicita un “informe del estado actual de las impugnaciones, nulidades y reclamos presentados por los candidatos a cargos de elección popular”.

El oficio es explícito en advertir sobre la obligación legal de las autoridades electorales de atender el requerimiento sin dilaciones. Para ello, cita de forma expresa el artículo 147 del Código Procesal Penal, que establece que “las autoridades y funcionarios públicos colaborarán con los jueces, el Ministerio Público y la Policía Nacional, en el cumplimiento de sus cometidos, para lo cual tramitarán sin dilación, los requerimientos que les formulen”.

Además, el Ministerio Público recuerda el contenido del artículo 148 del mismo código, que regula el incumplimiento, retardo o rechazo de un requerimiento. Según el texto citado, cuando un requerimiento “sea cumplido sólo parcialmente o en forma indebida, o se demore o rechace sin causa justificada”, el requirente puede solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal General de la República o del Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad para que se ordene el cumplimiento inmediato.

El documento también advierte que dichas autoridades “aplicarán al respectivo funcionario las medidas disciplinarias que correspondan” y que, en caso de un rechazo sin causa justificada, se dará cuenta al Ministerio Público “para los efectos de lo establecido en el Código Penal”.

El oficio, fechado y recibido por la Secretaría General del CNE el 6 de enero de 2026 a las 10:58 de la mañana, confirma que la actuación del Ministerio Público se enmarca en una investigación penal en curso y coloca bajo escrutinio directo tanto el manejo del TREP como los fundamentos utilizados por el órgano electoral para justificar situaciones calificadas como fuerza mayor durante el escrutinio especial.