Durante la madrugada, en las cercanías de la Comunidad Económica Europea, varios transeúntes se sorprendieron al ver colgados monigotes con los rostros de presidentes y expresidentes de América del Sur. Esta acción coincidió con el día en que el partido Libre realiza el Foro de Sao Paulo y en el marco del aniversario del golpe de estado en Honduras.

El mensaje no es contra Libre ni contra el Foro, es contra todos; no te van a dejar pensar. Según el periodista y miembro de Libre, Cesario Padilla, la exhibición de estos monigotes es una clara advertencia al libre pensamiento más que a la ideología de partido. Padilla afirmó: «Toda la base social está amenazada, todos aquellos que quieran pensar diferente.»

Los monigotes tenían los rostros de presidentes y expresidentes como Evo Morales, Ricardo Maduro y Rafael Correa. Esta acción ha generado preocupación y debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la libre opinión.

Contexto y Derechos Fundamentales

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, investigar y recibir informaciones y opiniones, y difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Esta declaración resalta la importancia de proteger la libertad de pensamiento y expresión frente a amenazas y represalias.

Antecedentes de Violaciones de Derechos Humanos en Honduras

Honduras ha enfrentado numerosos desafíos en materia de derechos humanos, especialmente durante y después del golpe de estado de 2009. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA realizó una visita in loco para evaluar la situación. Según su informe, el golpe de estado desestabilizó la nación y resultó en numerosas violaciones de derechos humanos. La CIDH documentó detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, y restricciones severas a la libertad de expresión y de prensa.

El informe de la CIDH señaló que el gobierno de facto utilizó la fuerza de manera indiscriminada para reprimir a los manifestantes y opositores políticos. También destacaron que periodistas y medios de comunicación independientes sufrieron censura y ataques, limitando gravemente el derecho a la información. Estas violaciones no solo afectaron a los activistas y opositores, sino a toda la sociedad hondureña, creando un clima de miedo e intimidación.