El próximo 12 de diciembre, en una corte federal del distrito sur de Nueva York, el excongresista hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios se enfrentará a una audiencia crucial en la que la fiscalía estadounidense intentará probar su vinculación con cinco asesinatos presuntamente cometidos junto a Los Cachiros, un cártel hondureño conocido por su brutalidad y sus operaciones de narcotráfico a gran escala.

Martínez, quien el pasado agosto aceptó su culpabilidad en cuanto a cargos relacionados con el tráfico de drogas, niega haber participado en estos asesinatos y sostiene que la declaración de la fiscalía se basa en testimonios manipulados y vagos.

El único testigo de esa audiencia será Devis Leonel Rivera Maradiaga, antiguo líder de Los Cachiros, quien, tras años de cooperación con las autoridades, se ha convertido en testigo clave para la fiscalía en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en Honduras.

La audiencia marca un punto decisivo en el caso de Martínez Turcios, pues la defensa sostiene que el excongresista ha sido incriminado injustamente en crímenes violentos para los que no hay pruebas contundentes ni detalles específicos.

La fiscalía, por su parte, asegura que cuenta con evidencia sólida y con el testimonio de Rivera Maradiaga, quien afirma que Martínez estuvo implicado en numerosos actos de violencia y asesinatos mientras colaboraba con la organización criminal.

De acuerdo con los fiscales estadounidenses, la historia de Martínez Turcios y Los Cachiros comienza alrededor de 2004, cuando el excongresista hondureño habría accedido a colaborar con la organización en un momento en el que ésta buscaba expandir su influencia y sus operaciones.

Los Cachiros, fundados por los hermanos Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, se consolidaron como uno de los grupos de narcotráfico más poderosos y violentos de Honduras, responsables de introducir más de 100 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2003 y 2013.

La relación de Martínez con Los Cachiros, aseguran los fiscales, involucraba sobornos por un total de un millón de dólares que habrían servido para financiar sus campañas políticas y para darle al cártel una protección clave desde el Congreso Nacional de Honduras.

Te recomendamos: Opinión: Óscar Estrada – El Destino del Comandante

A cambio, el excongresista habría utilizado su cargo para brindarles a los sicarios de la organización entrenamiento militar y coordinar la seguridad de los envíos de cocaína, utilizando su posición política para facilitar la impunidad.

Uno de los eventos que cimentaron la relación entre Martínez y Los Cachiros, según la fiscalía, fue la muerte de uno de los hermanos de los Rivera en 2003, un asesinato perpetrado por el narcotraficante rival Jorge Aníbal Echeverría Ramos, alias «El Coque».

En busca de venganza, Leonel Rivera contactó a Martínez, quien accedió a ayudarles a obtener armas y entrenar a sus sicarios en técnicas militares. Sin embargo, el intento inicial de asesinar a Echeverría Ramos fracasó, y el excongresista y los sicarios de Los Cachiros regresaron sin cumplir su cometido.

En los meses siguientes, intentaron nuevamente acabar con él, pero sin éxito; aunque, finalmente, Echeverría Ramos fue asesinado en 2004 por miembros de Los Cachiros. O sea, según la acusación de la fiscalía, Midence Oquelí Martínez Turcios quiso matar a Coque en 2004 pero no lo hizo.

A medida que Los Cachiros ampliaban su influencia en Honduras, la relación con Martínez se volvía cada vez más estrecha. La fiscalía argumenta que, desde 2005, el excongresista no solo continuó participando en actos violentos junto a Los Cachiros, sino que además aceptó fondos de la organización para financiar sus propias campañas políticas.

Según los fiscales, estos recursos no solo beneficiaban a Martínez, sino también a otros candidatos en posiciones clave dentro del Congreso y de la administración pública hondureña.

Uno de los eventos que subrayan esta relación ocurrió en 2005, cuando Javier Rivera utilizó dinero proveniente del narcotráfico para financiar la campaña de un candidato al Congreso que también era alcalde de Trujillo, con el objetivo de posicionar a Martínez en un puesto de influencia dentro del gobierno.

La idea era que Martínez fuera nombrado Ministro de Seguridad durante la administración de Manuel Zelaya Rosales, lo que permitiría a Los Cachiros operar con impunidad. Sin embargo, cuando el político encargado de facilitar el nombramiento, Juan Ramón Salgado Cuevas, no cumplió con el acuerdo, Martínez y Los Cachiros habrían conspirado para asesinarlo en represalia.

En 2006, según testimonio de Devis Leonel Rivera, él y Martínez habrían escoltado a sicarios hasta el domicilio de Salgado, quien fue asesinado a tiros, según la acusación.

Entre las acusaciones presentadas por la fiscalía, destaca también el asesinato del periodista hondureño Nahum Palacios, conocido por sus investigaciones sobre narcotráfico y corrupción en Tocoa, Colón.

Según la declaración de hechos, cuando Palacios comenzó a criticar a Martínez y a sus colaboradores, Los Cachiros intentaron silenciarlo primero con un soborno de $50,000. Sin embargo, ante la persistencia de las denuncias del periodista, el cártel y Martínez habrían decidido asesinarlo.

En 2010, Palacios fue asesinado a tiros junto con su pareja, Yorleni Yadira Sánchez Rivas, en las afueras de su casa. Para la fiscalía, este caso refleja la influencia y la capacidad de Martínez para intervenir en la violencia y el control del cártel dentro de Honduras.

Además de los asesinatos de Echeverría Ramos, Salgado Cuevas, Nahum Palacios y Yorleni Yadira Sánchez Rivas, la acusación menciona dos asesinatos adicionales vinculados a Martínez, aunque las víctimas solo se identifican como “Víctima-5” y “Víctima-6”.

Según el documento de la fiscalía, en 2010 los hermanos de Martínez habrían secuestrado y torturado a “Víctima-5,” un empleado que presuntamente había matado a un miembro de Los Cachiros, para luego asesinarlo y deshacerse del cuerpo arrojándolo a un río en el Cayo Sierra.

La fiscalía no ha presentado más detalles sobre la identidad o el contexto de este asesinato, lo que, según la defensa, es una de las principales limitaciones para que Martínez pueda defenderse adecuadamente.

“Víctima-6” aparece en la acusación como otra víctima de Los Cachiros, supuestamente asesinada por Martínez y otros miembros del cártel en un club nocturno en San Pedro Sula en 2011.

Esta falta de detalles específicos —nombres, circunstancias precisas, o más testigos—, argumenta la defensa, convierte las acusaciones en una “sombra de sospechas” y no en un caso judicial sólido.

La defensa sostiene que no es posible que Martínez pueda recordar eventos de hace más de una década sin pruebas contundentes ni nombres específicos.

A partir de 2009, según los documentos de la fiscalía, Martínez Turcios asumió un rol más directo en los envíos de droga para Los Cachiros, siendo responsable de coordinar el transporte terrestre de grandes cantidades de cocaína desde Colón hasta San Pedro Sula, una ruta crucial para el traslado de drogas hacia Estados Unidos.

El excongresista organizaba equipos armados de seguridad que incluían a sus propios hermanos para proteger estos cargamentos, recibiendo pagos de hasta $30,000 por cada envío.

En 2014, el vínculo entre Martínez y Los Cachiros comenzó a deteriorarse cuando Leonel Rivera decidió cooperar con las autoridades estadounidenses. Durante este tiempo, Rivera grabó una serie de reuniones en las que Martínez y otros políticos discutían estrategias para obtener apoyo en el Congreso Nacional para elegir como presidente de ese poder del estado al diputado Óscar Nájera.

Estas grabaciones, de acuerdo con la fiscalía, reflejan cómo los líderes de Los Cachiros buscaban influir en la política hondureña para asegurar su protección y expandir su red de tráfico de drogas.

La defensa de Martínez Turcios ha planteado una estrategia que busca demostrar que la fiscalía se ha basado en testimonios inconsistentes y vagos. Argumentan que, si bien Martínez aceptó sobornos para facilitar las operaciones de narcotráfico de Los Cachiros, esto no lo convierte en responsable de los asesinatos mencionados.

Para los abogados del excongresista, la falta de detalles específicos, especialmente en los casos de “Víctima-5” y “Víctima-6,” limita profundamente la capacidad de Martínez para defenderse.

Además, los abogados cuestionan la credibilidad de Devis Leonel Rivera, el único testigo de la audiencia de diciembre. La defensa sostiene que los hermanos Rivera, en su afán por cooperar con las autoridades y reducir sus condenas, han ajustado sus declaraciones a lo largo de los años.

De hecho, señalan que los relatos iniciales de Rivera eran vagos, señalándolo, en el juicio de Tony Hernández, solamente de una muerte y es hasta ahora, tras una década de cooperación, cuando los líderes de Los Cachiros acusan a Martínez de haber sido un jugador central en varios asesinatos, un giro en la narrativa que, según la defensa, ha sido incentivado por el propio gobierno estadounidense.

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la dependencia de la fiscalía en los testimonios de los hermanos Rivera. Los abogados de Martínez critican la decisión de basar un caso tan serio casi exclusivamente en testigos cooperantes, quienes han admitido una larga lista de delitos y buscan beneficios en sus sentencias a cambio de su cooperación.

Para la defensa, esto no solo pone en duda la credibilidad de las acusaciones, sino que también muestra un sesgo de la fiscalía que compromete la integridad del proceso judicial.

El próximo 12 de diciembre, Martínez enfrentará una de las audiencias más decisivas de su vida, con la posibilidad de pasar el resto de sus días en una prisión estadounidense si la fiscalía logra probar su vinculación con los cinco asesinatos.

Desde su celda, a miles de kilómetros de Honduras, el excongresista espera que el sistema judicial le brinde la oportunidad de refutar las sombras de una vida entre el poder, el narcotráfico y la violencia.

Te puede interesar: Nueva York confirma libertad de Fabio Lobo con condiciones