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Miami, Estados Unidos.- La designación de Mauricio Claver-Carone como enviado especial para América Latina por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, marca un giro decisivo en la estrategia de política exterior estadounidense hacia la región.

Este nombramiento, acompañado por la elección del senador Marco Rubio como Secretario de Estado, envía un mensaje claro: la nueva administración implementará un enfoque más duro, utilizando sanciones económicas y el aislamiento diplomático como herramientas para debilitar a los regímenes autoritarios de América Latina, con un énfasis particular en Venezuela y Nicaragua.

Claver-Carone es conocido por su postura inflexible hacia los gobiernos autoritarios en la región. Antes de este nombramiento, se desempeñó como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde buscó redirigir los recursos hacia iniciativas alineadas con los intereses estratégicos de EE.UU.

También fue director principal para Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, cargo desde el cual promovió sanciones agresivas contra Venezuela y Cuba. Su historial incluye la defensa de políticas destinadas a fortalecer alianzas con gobiernos conservadores, lo que refuerza la percepción de que su objetivo principal es reconfigurar el equilibrio ideológico en el hemisferio.

Durante su tiempo en el Consejo de Seguridad Nacional, Claver-Carone encabezó iniciativas para sancionar a líderes corruptos y bloquear el acceso a financiamiento internacional de gobiernos considerados adversarios.

Por ejemplo, impulsó medidas para limitar la venta de petróleo venezolano a otros mercados, una estrategia que debilitó las finanzas de Nicolás Maduro. Ahora, su regreso al escenario político podría significar la reactivación de estas tácticas, acompañadas por un renovado apoyo a programas como América Crece, diseñado para contrarrestar la influencia de China en la región mediante inversiones estratégicas en infraestructura y energía.

El régimen de Nicolás Maduro, que ya vive una profunda crisis económica y humanitaria, deberá enfrentarse a las medidas de la administración de Trump, con Claver-Carone y Rubio a la cabeza, que buscarán endurecer aún más las sanciones que pesan sobre Caracas, enfocándose en el sector petrolero, que sigue siendo la columna vertebral de la economía venezolana.

El objetivo será forzar un colapso económico que acelere la caída de Maduro. Esta estrategia tiene implicaciones devastadoras: la población venezolana, ya empobrecida, enfrenta una escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos.

Maduro, que utiliza las sanciones como un recurso retórico para consolidar su narrativa antiimperialista, culpa a Estados Unidos de las penurias del país, buscará fortalecer su apoyo entre sectores leales de izquierda y utilizará la represión para contener el descontento social.

En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega sigue un camino similar, utiliza la represión sistemática y el control del aparato estatal para mantenerse en el poder.

Las sanciones dirigidas a altos funcionarios y empresas vinculadas al orteguismo buscan desestabilizar el régimen, pero hasta ahora no han logrado cambios significativos. Ortega ha respondido endureciendo la represión, criminalizando la protesta social y forzando al exilio a opositores políticos. Además, ha comenzado a preparar el terreno para una sucesión del trono a su esposa, Rosario Murillo, consolidando aún más su control familiar sobre el país.

El aislamiento impulsado por Washington ha llevado a Venezuela y Nicaragua a estrechar lazos con Irán, China y Rusia, lo que representa un desafío geopolítico significativo.

La designación de Mauricio Claver-Carone y Marco Rubio en roles clave refleja un enfoque coordinado para fortalecer alianzas con gobiernos de derecha en América Latina, como los de El Salvador y Argentina; combina aislamiento y alineación ideológica. Estas medidas dificultarán la cooperación en temas fundamentales como el comercio, la migración y la seguridad, áreas esenciales para la estabilidad hemisférica.

Para los gobiernos de izquierda, el nombramiento de Mauricio Claver-Carone representa un desafío significativo, particularmente porque su regreso no solo pretende debilitar a los regímenes autoritarios de la región, sino también reconfigurar el orden ideológico en el hemisferio bajo términos más alineados con los intereses de Estados Unidos.

En este contexto, Honduras desempeñará un papel crucial como punto de tensión. La administración de Trump intensificará la presión sobre el gobierno hondureño para alinear su política exterior con la agenda de Washington, especialmente en temas de seguridad, migración y cooperación regional.

Los gobiernos de la región, incluida Honduras, deberán encontrar un equilibrio delicado entre las tensiones geopolíticas que plantea esta nueva dinámica y la necesidad de priorizar los derechos humanos, la estabilidad democrática y el bienestar de sus pueblos, evitando caer en la polarización ideológica que amenaza con profundizar las divisiones internas y regionales.