Tegucigalpa. El Poder Judicial ha otorgado, en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, amnistía a 211 personas entre defensores de la tierra, ciudadanos procesados por actos de vandalismo postgolpe de Estado de 2009 y otros que enfrentaban acusaciones por corrupción.

ICN News tuvo acceso al listado de beneficiarios de esta anulación penal, aplicada bajo el decreto 04-2022 —Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan—, mediante una solicitud de información a la Secretaría de Derechos Humanos y una revisión en internet.

Esta normativa concede amnistía a cuatro tipos de personas, procesados por participación directa de manifestaciones para exigir la reinstalación del expresidente Zelaya y otras criminalizadas por protestas sociales, defensa del territorio, del agua, de la soberanía o por conflictos comunitarios y ambientales, así como a miembros de juntas y consejos públicos acusados por decisiones administrativas en un contexto de represión, persecución política o anormalidad democrática no vinculada al golpe.

Categorías de personas con beneficio de amnistía:

  • Funcionarios y autoridades (2006–2009): acusados por oponerse al golpe de Estado o por actos de su función pública considerados políticamente motivados.
  • Personas que protestaron: criminalizadas por acciones de resistencia, desobediencia civil o protesta social reprimida por policías o militares.
  • Defensores del territorio y la soberanía: perseguidos por acciones en defensa de tierras, agua, comunidades o patrimonio ante conflictos políticos y económicos.
  • Miembros de juntas y consejos públicos: procesados por decisiones tomadas en representación institucional durante el periodo de ruptura democrática.

Así, dentro de los 211 amnistiados, un grupo de 207 corresponde a personas que cometieron delitos como saqueos y daños a comercios durante el golpe de Estado, junto con otros que realizaron protestas, tomas de instituciones o acciones violentas en años posteriores para reclamar derechos de tierra, reformas educativas, entre otros, y cuya persecución penal —según el decreto— respondió a motivaciones políticas por su condición de simpatizantes de Manuel Zelaya o del partido Libertad y Refundación.

Durante el golpe de Estado de 2009, y posteriormente, se registraron múltiples protestas del simpatizante del derrocado expresidente Manuel Zelaya, algunos derivaron en saqueos e incendios, lo que generaron acciones penales que luego, sus autores, fueron amnistiados.

La Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan fue creada en 2022, cuando Libre llegó al poder, con la idea de limpiar los procesos que, según el nuevo gobierno, fueron usados durante más de una década para perseguir a funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya, a miembros de la resistencia popular, que fue la precursora de ese instituto político y a comunidades que participaron en protestas o conflictos por tierra.

La norma se presentó como una forma de reparar abusos cometidos después del golpe de Estado de 2009 y de devolver derechos a quienes, según Libre, habían sido criminalizados por razones políticas.

Sin embargo, la amplitud del decreto abrió una puerta que pronto generó críticas. Aunque la ley fue presentada como una reparación para perseguidos políticos, también fue aprovechada por cuatro exfuncionarios de gobierno de Zelaya con expedientes por corrupción que nada tenían que ver con protestas o resistencia.

Entre estos casos destaca Enrique Flores Lanza, exsecretario de la Presidencia, a quien se le aplicó la amnistía pese a enfrentar acusaciones por malversación y abuso de autoridad en el manejo de fondos para la Cuarta Urna.

 También figura Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel, beneficiado, aunque enfrentaba procesos por abuso de autoridad, fraude y enriquecimiento ilícito derivados de su gestión en la empresa estatal.

A la lista se suman Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de San Pedro Sula, quien obtuvo sobreseimientos, aunque tenía causas por malversación, abuso de autoridad y falsificación de documentos

Finalmente, y Rafael Barahona, actual director del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, quien estaba señalado en expedientes por enriquecimiento ilícito.

Enrique Flores Laza, actual asesor presidencial, fue amnistiado pese a que los delitos que le imputaban eran por casos de corrupción.

La amnistía tuvo un efecto directo en el proceso para instalar la CICIH, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.

Este mecanismo, negociado con la ONU, estaba diseñado para investigar redes de corrupción y examinar casos de alto impacto que involucraban a funcionarios públicos.

Sin embargo, el decreto 04-2022 fue interpretado por Naciones Unidas como un mal precedente en la lucha contra la corrupción, porque mezcló expedientes políticos con casos donde había acusaciones sólidas por manejo irregular de fondos públicos.

¿Cómo se aplica la amnistía?

Constancia previa (cuando aplica): Para los beneficiarios, la Secretaría de Derechos Humanos y COFADEH deben emitir una constancia que acredite la condición de persona criminalizada por motivos políticos.

Uso de la constancia: Con ese documento, el operador de justicia está obligado a aplicar la amnistía y cerrar el proceso.

Aplicación judicial inmediata: Jueces y tribunales deben otorgar la amnistía de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes.

Orden de libertad: Si la persona está detenida, el juez debe ordenar su liberación inmediata.

Sobreseimiento definitivo: Los jueces deben decretarlo para los casos amparados por el decreto.

Remisión de expedientes: Los tribunales de alzada deben enviar los casos al juzgado competente en un plazo máximo de 24 horas.

Cierre administrativo: Juzgados, Ministerio Público, policía, Fuerzas Armadas y centros penitenciarios deben cerrar y archivar los antecedentes de las personas beneficiadas.

Extinción total: Las acciones penales y sanciones quedan eliminadas, y la persona no puede ser procesada nuevamente por los mismos hechos.

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